Entrevista a Catalina Botero Marino. Abogada colombiana. Ex relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ,La ex relatora para la libertad de expresión sostiene que los proyectos que el fujimorismo ha presentado en el Congreso podrían significar un grave riesgo para la libertad de expresión en nuestro país. Explica que por muy buena intención que parezcan tener, pueden ser herramientas para suprimir libertades. Ud. ha identificado y estudiado nueve proyectos de ley relacionados con medios de comunicación. ¿Cuál es su evaluación? He mirado nueve proyectos presentados desde octubre del año pasado. La primera preocupación es que sea una cantidad tan importante. De esos, uno ha sido retirado. Entonces, de entrada hay una preocupación. Al analizar cada uno, parece que algunos tienen finalidades legítimas pero generarían una mayor concentración, como el de los canillitas, que es muy legítimo proteger a quienes venden los diarios, pero es el Estado el que debería tener una política de protección social para ellos. Que lo asuman los medios es castigar a los diarios más pequeños o intermedios porque solo los grandes podrán asumir ese costo. Entonces, todos esos proyectos de ley tienen efectos secundarios que pueden ser preocupantes para la libertad de expresión. PUEDES VER: Nivelación de pensiones de FFAA y PNP prevé aumento de entre 730 y 250 soles ¿Qué esconden proyectos como el que busca prohibir que personas sentenciadas por corrupción no puedan dirigir medios de comunicación? Yo no sé qué esconden, lo que puedo decirle es que una ley similar en Colombia fue declarada primero constitucional el año 1996 pero después inconstitucional por la Corte Constitucional. La congresista Úrsula Letona, autora de ese proyecto de ley, argumentó que Colombia y Chile tienen legislación similar. El caso de Chile es distinto, son normas distintas, son leyes que establecen de manera más concreta la prohibición pero, adicionalmente, esa ley de Chile no ha sido revisada por el Poder Judicial. La de Colombia sí fue revisada y se declaró contraria a la Constitución, y eso que la única limitación que establecía la ley era que puedan ser concesionarios de radio y televisión. ¿Por qué cree que en nuestro país la mayoría de la oposición, el fujimorismo, es la que ha presentado proyectos que afectan a los medios y no el gobierno, como sucede en otros países? Eso no lo puedo explicar. ¿Es un caso sui generis? Sí, es un caso particular que la mayoría de la oposición busque restringir la libertad de expresión, cuando esta es la más importante para que la oposición pueda actuar. Ud. ha señalado cómo gobiernos de otros países, como Venezuela y Ecuador, han usado estas leyes con otros fines aunque, sobre el papel, persiguen buenos propósitos para proteger a los ciudadanos. Las finalidades suelen ser defender a las mujeres, a los niños, la democracia, el pluralismo, pero en el fondo esos proyectos terminan siendo utilizados para lo que Marianela Balbi contó acá, que es la supresión de la libertad de expresión en Venezuela o en Ecuador. Tienen ideas buenas pero terminan como herramientas para los gobiernos. ¿Cómo evalúa el caso de Venezuela y Ecuador? Es una violación radical de la libertad de expresión que ha conducido al peor desastre democrático que ha ocurrido en América Latina. ¿Cuál es el rol que le compete al gobierno en todo caso? Primero, dar el ejemplo, proteger la libertad de expresión, fomentarla e intentar, dentro de sus competencias, presentar los argumentos que corresponden y luego el presidente tendrá que ver si sanciona o no ese proyecto de ley. ¿Qué debe cumplir un proyecto de ley sobre medios? Tres condiciones básicas: ser clara, buscar una finalidad legítima y ser proporcionada. No puede haber un costo desproporcionado para la libertad de expresión ni siquiera para conseguir finalidades legítimas. Esos tres principios están en la Convención Americana y son claros en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
