Entrevista a Walter Gutiérrez. Defensor del Pueblo señala que se debe evitar cualquier politización en la entrega de donaciones. ,El Defensor del Pueblo señala que se debe evitar cualquier politización en la entrega de donaciones a los damnificados y recomendó que se haga a través del Ejecutivo. Además, dijo que la nueva iniciativa sobre los medios presentada por el fujimorismo es debatible, pues propone una sanción sin fin. La Defensoría cuestionó el anterior proyecto de ley del fujimorismo, entre otras cosas, por prohibir que un investigado por corrupción sea propietario o asuma un cargo en un medio de comunicación ¿también sería inconstitucional que se limite también a los condenados, como mantiene la nueva iniciativa? Sobre el nuevo proyecto aún no nos vamos a pronunciar, sin embargo, de manera general puedo decir que es un tema mucho más debatible pues en el ordenamiento jurídico existen figuras análogas. Un condenado por delito doloso no puede ser juez ni fiscal, ni notario y nunca nadie ha tachado esa norma de inconstitucional. Digo que es debatible porque en el proyecto la norma está recogida de manera muy abierta. Hasta sobre la cadena perpetua, el Tribunal Constitucional ha señalado que podía ser revisada cada 35 años, por lo tanto, tener una sanción por “saecula saeculorum” (por los siglos de los siglos, en latín) es muy discutible. PUEDES VER: Comisión de Defensa considera que Humala no aclaró los cuestionamientos Usted cuestionó el archivo de la Fiscalía por las denuncias de violación sexual cometidas por miembros del Sodalicio... Desde fines de enero estábamos viendo el caso del Sodalicio y apenas se conoció la resolución, enviamos una comunicación a la Fiscalía señalando que la decisión de la fiscal violentaba el derecho a la debida motivación y señalaba la proscripción de todos los delitos a fardo cerrado. Esto significa que no hacía una ponderación delito por delito. Si había seis personas afectadas, el fiscal tenía que hacer el cómputo en la fecha y con la norma que estaba vigente, pero decir que todo estaba prescrito como si todo se hubiera hecho concomitantemente en el mismo tiempo era antitécnico. Nosotros lo señalamos en un oficio al fiscal Almanza y le pedimos que revoque esa resolución. Pero, además, porque considerábamos que más allá de eso era necesario que se garantice el derecho a la verdad. Y lo revocó. ¿Qué espera ahora de la investigación? Me parece sumamente positivo que se haya revocado la resolución. Sigue el compromiso de la Defensoría de continuar batallando para que se investigue de manera efectiva y, más allá de si ha prescrito o no, se conozca la verdad. ¿La Defensoría seguirá investigando el caso? No es que vamos a abrir una comisión, eso fue una información equivocada. Nosotros dijimos que si hay nuevos casos podemos incorporarlos al sistema de denuncia por violencia sexual contra menores que abrirá la Defensoría. Es un tema que nos preocupa mucho. Hay 25 mil víctimas denunciadas, por fuente del Ministerio de la Mujer. Nosotros consideramos que hay por lo menos el doble. Consideramos que como sociedad, como padres de familia, como Estado, le hemos fallado a los niños. Eso le dijimos a los congresistas y me parece que ellos han tomado esas acotaciones. ¿No sería mejor que el Congreso se circunscriba a las denuncias contra el Sodalicio? Ese caso es muy importante, pero también los argumentos que he señalado respecto a las 25 mil denuncias, de alguna manera demanda que el Congreso se ocupe de esto también, lo que no excluye lo otro. ¿No es duplicar esfuerzos? Nosotros no vamos a sustituir a la Fiscalía, ni al Ministerio de Educación, ni al de la Mujer, ni al Congreso. Tienen sus competencias y responsabilidades. No hay duplicidad. Nosotros somos la institución que hace que determinados derechos sean efectivos. ¿Cuándo se podrá presentar estas denuncias en la Defensoría? Estimamos que a fines de abril o principios de mayo el sistema estará completamente implementado. Necesitamos que este tema esté permanentemente en la agenda del país. La idea de esta línea de trabajo es que se genere información para elaborar políticas públicas para poner un límite a esta situación. Haremos reportes pero también informes de fondo para saber cómo encarar esta grave afectación. ¿Qué reportes han recibido sobre la entrega de ayuda a los damnificados por las lluvias e inundaciones? Hemos privilegiado la labor humanitaria. Las personas afectadas tienen derecho a ser atendidos, a la salud, a ser retirados de las zonas donde su vida corre peligro. No son medidas asistencialistas, sino derechos. Por eso nuestra labor consiste en identificar situaciones en las que el Ejecutivo pueda actuar. Y el Ejecutivo se ha puesto las pilas rápidamente. En un primer momento hubo un cierto desconcierto, pero luego tuvo bastante reacción. Concurrentemente los comisionados están levantando información, pero ahora no es el momento de la crítica sino de hacer un solo esfuerzo para salir adelante. Cuando esto amaine vamos a sacar un reporte de lo que no se hizo o se hizo mal. Esto ha sucedido porque tenemos un Estado débil, ausente, ineficiente, corrupto. Hay que reconstruir la institucionalidad. Ustedes recomendaron a las autoridades empadronar a los afectados para hacer la entrega más ordenada... La recomendación que hemos hecho es hacer un empadronamiento para los albergues, porque había gente en la Panamericana y se tenía que saber si se estaba coberturando la ayuda para ellos. La idea era hacer un empadronamiento para saber cuántas son las víctimas, dónde están, porque se puede generar cierto caos o desesperación. Eso lo recomendamos al gobernador de Piura ¿Cómo debe centralizarse la ayuda para que no se politice, pues ha habido denuncias frente a entregas del Congreso? El riesgo en todos los poderes del Estado es que se politice o que se quiera ganar protagonismo con la entrega de bienes. Todos los organismos del Estado pueden hacer recolección de víveres, pero que se entregue a través del sistema que ya implementó el poder Ejecutivo. Usted anunció la creación de una adjuntía en el tema de corrupción. ¿Cuándo empezará a funcionar? La adjuntía es de anticorrupción, transparencia y eficiencia del Estado, porque las tres cosas tienen que ver. Nuestro primer reporte probablemente lo lanzaremos la segunda o tercera semana de abril. Hemos creído que esto se puede solucionar por mera indignación. La corrupción en el sistema de justicia es distinta a la corrupción en los gobiernos regionales o locales, o en ministerios. El valor de esta adjuntía será que vamos a generar data para proponer políticas públicas. La corrupción de las empresas brasileñas es una de las más grandes en la historia del Perú porque estamos hablando de corrupción en gobiernos democráticos, en tres períodos por lo menos, de corrupción nacional y que viene de afuera. Y para poder combatirla hay que conocerla.
