Extensa propiedad habría sido transferida por el entorno de Rodolfo Orellana a testaferros y empresas de fachada, mediante procedimientos fraudulentos.,El Ministerio Público incautó un terreno de 136 mil metros cuadrados ubicado en Santa Clara (Ate), valorizado en 34 millones dólares, que la red Orellana arrebató a los ex trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos mediante testaferros y empresas de fachada. La diligencia fue dirigida por Marita Barreto Rivera, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Lavado de Activos, quien obtuvo la autorización de la Sala Penal Nacional. PUEDES VER: Cuatro inmuebles de la red de Rodolfo Orellana fueron incautados en Lima El terreno, donde funcionaba un centro recreacional conocido como Cervatel, será administrado en adelante por la Comisión Nacional de Bienes Incautados y también será inscrito ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). La diligencia se cumplió con un equipo de fiscales y miembros de la Policía Nacional, en el marco de una investigación fiscal preparatoria contra la red Orellana. Según las pesquisas del Ministerio Público, el terreno habría sido transferido a terceros de manera irregular, a través de presuntos testaferros, identificados como Pedro Landa Niada, Susana Calderón Vascones, Jorge Pérez Chávez y el ciudadano chino Xinjian Qu. Asimismo, la red se habría valido de las empresas de fachada Consorcio Gerencial SAC y Shamrock del Perú SAC. RELEVANCIA En conversación con La República, Augusto Pacheco Callirgos, abogado de los ex trabajadores de telecomunicaciones afectados, explicó que esta diligencia cobra especial importancia debido a que se está poniendo a buen recaudo la propiedad y se evitará que a futuro sea transferido a otras personas, como parte del tráfico patrimonial. Asimismo, destacó que la diligencia misma confirma que existen evidencias claras que demuestran la comisión de hechos delictivos, desde el año 2010, cuando la red Orellana habría simulado una cuantiosa deuda para propiciar la liquidación del terreno. Lamentó que Indecopi haya decidido continuar con el proceso de liquidación, a pesar de que existe una resolución judicial "que declara la inexigibilidad del laudo arbitral". En tal sentido, Pacheco Callirgos apuntó que este proceso en la actualidad tiene una connotación ilegal.
