El convenio de Odebrecht con el IPYS para los Premios Nacionales de Periodismo. ¿Por qué fue aceptado? Un contexto en enero del 2014. ¿Qué es un auspicio? El dinero y los gastos. Condiciones para un donante.,Vistas las cosas en retrospectiva, parece inaudito que el Consejo Directivo del IPYS, integrado por periodistas perspicaces y con trayectoria prestigiosa, aceptara una donación de Odebrecht para organizar Premios Nacionales de Periodismo junto con la PUCP. Los premios se entregaron en 2014. En 2015 el convenio fue rescindido, ante evidencias de corrupción del auspiciador en Brasil. A partir de entonces existen otros patrocinadores privados. La crítica pertinente a la primera decisión puede resumirse en esta pregunta: ¿acaso en enero del 2014, cuando se suscribió un convenio de dos años –con términos pactados el año anterior–, no existían evidencias de que Odebrecht era corrupta? PUEDES VER: El secuestro de los montoneros Cuando se firmó el convenio existían indicios, pero la empresa no tenía una causa abierta en Perú. En Brasil, la Operación Lava Jato comenzó en 2014, después del acuerdo. Se produjeron delaciones importantes en el segundo semestre, pero hacia diciembre, aunque ya se sabía que había un cartel de constructoras robándole dinero a Petrobras, la compañía no estaba directamente implicada. Por eso, cuando el día 9 de ese mes hubo las premiaciones, en un Teatro Municipal repleto de representantes de la prensa nacional, esta certeza no flotaba en el ambiente. De lo contrario el clima habría sido muy distinto y el evento condenado al fracaso. Las condiciones Pero volvamos al momento de la decisión. Por supuesto que el Consejo Directivo era consciente de los peligros. Pero no llegó a sospechar la forma y proporciones de la megacorrupción descubierta. Por otro lado, era posible establecer condiciones en las que la independencia y la probidad del concurso fueran incuestionables. Estas condiciones pasaban porque la retribución al auspiciador, a cambio del financiamiento, fuera únicamente el reconocimiento público de su condición de tal. Además, que las bases no proscribieran trabajos críticos al financista. Tercero, que los jurados fueran profesionales e independientes. De común acuerdo con la PUCP, fue nombrado un Comité de Premios, integrado por una mayoría de editores ajenos al IPYS y a la universidad. Este comité aprobó las bases y eligió a los jurados, que jamás tuvieron relación con los auspiciadores. De modo que cuando la directiva del IPYS aceptó firmar el convenio, cuando la PUCP aceptó coorganizar, cuando siete personalidades del Comité de Premios se involucraron, cuando la Asociación de Prensa Extranjera aceptó aliarse –lo mismo que UNESCO y la Cooperación Suiza–, cuando veinte jurados de categorías especializadas y 25 del Gran Premio aceptaron comprometerse, lo hicieron no solo porque los detalles de la corrupción de Odebrecht se desconocían, sino porque las condiciones en las que se realizaban los premios garantizaban su independencia. Además, eran conscientes de lo que significa un auspicio: la exposición de un logotipo no convierte al patrocinado en aliado de una empresa. En qué se va Ahora bien, ¿para qué era el dinero? No para el IPYS o sus directivos. El IPYS se comprometió a usar el íntegro de los fondos en la organización de los premios, cuyo presupuesto anual era de US$ 160,000 para 2014 y 2015. Hasta junio del 2015, cuando el convenio fue rescindido a instancias del IPYS y por mutuo acuerdo, habían ingresado US$ 220,000. Este tipo de concursos gastan más en organización y sostenimiento que en premios a los ganadores. Son más costosos los primeros años de lanzamiento, que conllevan una infinidad de gastos. Actualmente los premios tienen un presupuesto anual de US$ 130,000, de los cuales US$ 50,000 aporta la PUCP, US$ 60,000 auspiciadores privados y US$ 20,000 otros donantes. El presupuesto anual está distribuido de la siguiente manera: US$ 60,000 para las premiaciones, US$ 50,000 para los gastos del premio –ceremonia, pasajes nacionales e internacionales, hoteles, proveedores y servicios, honorarios, talleres, gastos generales, etc.–, US$ 20,000 para materiales y comunicaciones. Por supuesto todo esto es demostrable. El IPYS abre sus cuentas para que cualquiera de sus contrapartes pueda hacer una auditoría del gasto de su donación. La información es transparente. Las cifras que han servido para publicar todo tipo de inmundicias en las redes sociales fueron obtenidas de convenios que están en la página web del IPYS. Los ganadores Leyendo la historia desde adelante hacia atrás –es decir, no como realmente se produce– sería muy fácil decir que la decisión fue un error. Desde luego que si se hubieran conocido los hechos la decisión no se habría adoptado. Sin embargo, está fuera de duda que los criterios de la decisión son un punto medular en toda discusión seria sobre el asunto. También es un hecho que los Premios Nacionales son uno de los concursos mejor organizados y confiables de su tipo. Sobre todo, existen pruebas de que nadie vio mellada su independencia. Ninguno de los directivos, del IPYS, periodistas en actividad, se ha sentido limitado a escribir sobre Odebrecht en la forma que mejor le parezca. Por otra parte, recordemos a algunos vencedores de aquel concurso del 2014. ¿Acaso Milagros Salazar, que ganó la categoría de Proyecto de Investigación, no es ahora la mejor informadora peruana sobre el Caso Lava Jato? ¿No es Óscar Libón, ganador de Reportaje Escrito por sus revelaciones sobre el Caso Ecoteva, autor de conocidas denuncias contra Odebrecht después de haber recibido la distinción? ¿Se han limitado los periodistas de La República ganadores del Gran Premio Nacional de Periodismo en 2014, para informar críticamente sobre Odebrecht? No condicionados Lo cierto es que ni los concursantes ni los auspiciadores de este premio consideran que la actuación editorial de los primeros pudiera estar condicionada por el hecho de participar. Esto, por las características ya señaladas. Sin embargo, existe la idea de que todo auspicio de una gran empresa acarrea una contaminación y, al fin y al cabo, un conflicto de interés que limitaría el periodismo. Este es un segundo aspecto del debate. Merece toda consideración el camino de solo financiarse con fundaciones de interés social. Pero no es el único camino. La vía de aceptar fondos de empresas es legítima, dependiendo de las condiciones. Cuando, en 2015, buscábamos nuevos auspiciadores para los premios, una prestigiosa organización empresarial pidió tener acceso al nombramiento de jurados, lo que impidió finalmente un acuerdo. También es importante que la institución que recibe los fondos tenga una diversidad de fuentes de financiamiento. Ninguno de los donantes del IPYS, por norma interna, aporta más de la tercera parte del presupuesto institucional de actividades. (*) Director Ejecutivo del Ipys
