Las empresas que hicieron consorcio con Odebrecht también son responsables

Asociados salpicados. La constructora brasileña ganó nueve contrataciones de obras públicas con el Estado, consorciada con otras compañías como Graña y Montero, y hasta el momento en tres de estos proyectos, la Contraloría halló deficiencias que perjudicaron al erario nacional por 250.9 millones de dólares. El ente contralor envió las auditorías a la Fiscalía para que tome las acciones legales.,Las empresas que hicieron consorcio con Odebrecht también son responsables,Unidad de Investigación La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en tres obras públicas en las que la compañía brasileña Odebrecht ganó las licitaciones en consorcio con otras empresas. PUEDES VER: Camargo Correa provoca terremoto político en Brasil que llegará al Perú De comprobarse que se cometieron ilícitos con la finalidad de obtener los contratos con el Estado, o durante la ejecución de las edificaciones, todos los componentes del consorcio serían los responsables y pagarían solidariamente las eventuales reparaciones económicas que fijen las autoridades judiciales, dijeron las fuentes del ente fiscalizador. Las firmas peruanas que se consorciaron con Odebrecht son Grupo Graña y Montero, Compañía San Martín, y la de capitales españoles, Enagás Perú. Estas empresas se encuentran involucradas en las auditorías practicadas por la Contraloría, informaron las fuentes. Odebrecht y sus asociados causaron un perjuicio económico en agravio del Estado que supera los 250 millones 975 mil dólares, como resultado de las irregularidades que se identificaron en las tres obras públicas en las que intervinieron, precisaron las fuentes. Las auditorías de la Contraloría se aplicaron antes de que los directivos de la constructora Odebrecht aceptaran haber pagado sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos, y se sometieran a acuerdos judiciales para entregar información. En consecuencia, la Contraloría ha iniciado una nueva investigación en otros 6 proyectos en los que Odebrecht participó en consorcio con otras firmas (ver infografía). Al difundirse que Odebrecht reconoció el pago de coimas, su socia Graña y Montero en comunicado público afirmó que no conocía de dichos pagos. Aospechosos comunes El Grupo Graña y Montero, Compañía San Martín y Enagás estuvieron consorciadas con Odebrecht en los proyectos Gasoducto Sur Peruano, Tramo 1 del Metro de Lima e Interceptor Norte. La Contraloría detectó deficiencias en dichas obras y elaboró informes incriminatorios que fueron enviados al Ministerio Público y al Poder Judicial. Con Grupo Graña y Montero, Odebrecht formó el consorcio Tren Eléctrico Lima, y obtuvo la buena pro del proyecto Metro de Lima, Tramo 1, Línea 1, 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Esta obra requirió una inversión de 410 millones de dólares, y el presunto perjuicio económico detectado fue de 111 millones 296 mil dólares (ver infografía), según los auditores de la Contraloría. El órgano de control público enumeró seis irregularidades en la obra que ejecutaron en consorcio Odebrecht y Grupo Graña y Montero. Alertó que el Estado les reconoció sin sustento técnico mayores costos en el techado de andenes, el cambio de luminarias y el reemplazo de cerco perimétrico por un monto que bordea los 6 millones de dólares, y mayores costos en la construcción de un viaducto por 47 millones de dólares. Además, el Estado favoreció a Odebrecht y Grupo Graña y Montero con la exoneración indebida del pago de penalidades por incumplir acuerdos en dos ocasiones, la primera por 915,325 dólares y la segunda por 50 millones 921 mil dólares, según reportes de la Contraloría a los que tuvo acceso La República. El órgano de control elaboró siete informes sobre las anomalías detectadas en ese proyecto. Los documentos se encuentran en el 10°, 29°, 31°, 34° y 36° Juzgados Civiles de Lima. Daños y perjuicios Por su parte, Compañía San Martín obtuvo junto a Odebrecht la buena pro del proyecto Interceptor Norte en el 2004, mediante el consorcio Colectores del Callao. La obra demandó una inversión de 160 millones 256 mil soles. La Contraloría determinó que el consorcio Colectores del Callao generó un presunto perjuicio económico al Estado de 3 millones 678 mil dólares. En la auditoría, la Contraloría encontró al menos cuatro deficiencias en la obra. La primera, originada por la postergación en la suscripción del contrato, generó gastos adicionales por 6 millones 840 mil soles. La auditoría también permitió detectar que el contrato entre Sedapal y el consorcio Colectores del Callao se realizó sin contar con autorización sanitaria de vertimientos de aguas residuales, lo que provocó el pago de mayores gastos por 1 millón 785 mil soles. Además, en las bases del concurso se modificó sin sustento el inicio del plazo de ejecución de obras en perjuicio del Estado por 630,294 soles. Y, por último, otra irregularidad se identificó en la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, lo que ocasionó un gasto innecesario al Estado de más de tres millones de soles. Los cuatro informes sobre las irregularidades detectadas en este caso fueron enviados al 2° Juzgado Civil de Lima, la Sexta Sala Civil de Lima y la Sala Civil de la Corte Suprema. Inversión mayor El Gasoducto Sur Peruano generó el perjuicio más grande detectado hasta hoy por la Contraloría en proyectos vinculados con Odebrecht. El monto involucrado en la obra es de 7 mil 328 millones de dólares, y el presunto perjuicio económico asciende a 136 millones de dólares, revelaron en este caso fuentes del Ministerio Público. Odebrecht Latinvest obtuvo la buena pro del Gasoducto Sur Peruano en consorcio con Enagás en el 2014. Un año después, Grupo Graña y Montero tomó una participación del 20% en el capital social del consorcio, con una inversión aproximada de 215 millones de dólares. El consorcio tiene bajo su responsabilidad el diseño, la construcción y la operación del sistema de ductos para el transporte de gas natural a la región sur del país, y se encuentra en etapa de pre operación. La Contraloría señaló que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) cometió irregularidades en el proceso de promoción del gasoducto. La primera de estas fue la descalificación en la licitación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, integrado por las empresas GDF Suez, Sempra, Techint y TGI, así como la aprobación de bases que no permitieron determinar propuestas técnicas superiores. Además, detectó que una modificación de cláusulas del contrato permite el cambio de operador calificado en beneficio del consorcio que formaron inicialmente Odebrecht y Enagás, al que luego se sumó Grupo Graña y Montero. El informe de la Contraloría sobre este caso fue remitido a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Al respecto, el contralor de la República, Édgar Alarcón Tejada, presentará y sustentará el informe ante la comisión Lava Jato del Congreso, presidida por el legislador fujimorista Víctor Albrecht Rodríguez. La Contraloría estará atenta a las delaciones de los directivos de las constructoras brasileñas, porque pueden gatillar nuevas investigaciones. Contralor irá a Comisión Lava Jato para sustentar auditorías El vicepresidente de la comisión Lava Jato del Congreso, el legislador Jorge Castro Bravo (Frente Amplio), informó que el contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada, sería citado al Parlamento el jueves de la próxima semana. “El miércoles debe presentarse el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que viene de un viaje a Brasil. Estimo que la reunión con él será bastante larga, así que la cita con el contralor Alarcón sería para el jueves. Esperamos mucha información de ambos lados, para delinear tendencias y darnos cuenta del modus operandi de las empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato”, explicó a La República. El legislador Castro aseguró que todo apunta a que en el Perú se creó un andamiaje jurídico para favorecer a Odebrecht y otras empresas vinculadas al caso Lava Jato para protegerlas de la acción de la justicia.