Entrevista a Roberto Pereira. Abogado experto en libertades informativas. Se refirió a la Autoridad Nacional de Transparencia. ,El abogado Roberto Pereira considera que la recientemente creada Autoridad Nacional de Transparencia no tiene competencias para cumplir su función de manera adecuada, tal como lo propuso un equipo técnico conformado para ese fin. Indicó que el gobierno no tiene voluntad para luchar contra la corrupción. PUEDES VER: Obras de Odebrecht ocasionaron pérdidas al Estado por US$ 283 mlls ¿Es más burocracia la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Se ha creado esta autoridad que era necesaria en términos conceptuales porque la Ley de Transparencia no tiene un órgano especializado y las negativas para acceder a la información tienen que ser demandadas ante el Poder Judicial, lo que demora hasta 5 años. La idea era una autoridad a nivel administrativo con autonomía, pero lo que lamentablemente han aprobado es una cosa absolutamente simbólica, que desoye lo que un equipo de expertos propusimos al Ministerio de Justicia. Se mantienen las cosas como están: crean una dirección en el Ministerio de Justicia que no tiene ninguna capacidad para promover la transparencia. ¿No se han considerado las sugerencias de especialistas? No. Los expertos que hicimos la propuesta trabajamos una cosa distinta de lo aprobado. Me llama la atención cuando el premier Zavala dice que los decretos legislativos han sido revisados por especialistas, porque en este caso no es verdad. Lo que aprobó la comisión de expertos fue absolutamente desnaturalizado y se ha aprobado una autoridad de transparencia simbólica, condenada al fracaso, sin capacidad para promover la transparencia en el Estado. ¿Quién ha modificado la propuesta inicial? Esta modificación se ha producido a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la responsabilidad es de la PCM. ¿Con qué objeto? Hay una mezcla de tres cosas: primero, ignorancia en la materia; segundo, temores infundados de que se use en contra del gobierno; y tercero, no hay voluntad política para luchar contra la corrupción y ser un Estado transparente. ¿Al momento de buscar información se va a seguir encontrando puertas con candados? Así es, no hay una real voluntad política del Ejecutivo para promover transparencia. La idea era que esta entidad tenga autoridad para revisar la clasificación de información y no ha querido darse esa competencia. Si alguien clasifica la información como reservada, secreta o confidencial, la excluye de la órbita de esa autoridad y el interesado tendrá que ir al Poder Judicial a reclamar. ¿En qué casos una entidad pública puede clasificar una información como secreta? Hoy lo hacen por cualquier cosa. Es de manera discrecional, sobre todo el sector castrense. Ahí tenemos el caso del Vraem, denunciado por Panorama, que ha clasificado como secreta información vinculada a la ejecución de fondos. Existe una tendencia en el Estado a clasificar información de manera indebida. ¿Cuál debe ser el nivel de autonomía de esta institución? Similar a la de los reguladores o Indecopi. El grupo de trabajo lo propuso así. ¿Qué otra observación tiene a la ley? Han modificado el plazo para acceder al hábeas data a 12 días, cuando el código procesal constitucional dice que es 10 días. Esto es inconstitucional y refleja una ignorancia jurídica impresionante de los supuestos expertos de la PCM. Pero la Ley señala sanciones que llegan a la destitución. Eso es simbólico porque la aplicación va a depender de si las entidades a las que pertenecen los funcionarios aplicarán la sanción, y todos sabemos que el funcionario público niega información. El tribunal solo va a conocer el caso en la apelación. Es una norma engañosa. ¿Se han cometido los mismos errores en la protección de datos? Nosotros habíamos excluido del rubro 'información sensible' los ingresos de los funcionarios, pero eso tampoco se ha tomado en cuenta.
