Polémica. Ex ministro Manuel Pulgar-Vidal y ex adjunto defensorial Iván Lanegra advierten retroceso. Minam defiende modificaciones y destaca participación de gobiernos regionales.,Mientras que el jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, lanzó el mensaje de “tarea cumplida”, tras aprobar los últimos decretos legislativos, otras voces autorizadas advierten, para el caso de la formalización de la minería, un serio debilitamiento del proceso y el eventual favorecimiento de la impunidad para quienes incurrieron en el delito de minería ilegal. PUEDES VER: Entra en debate modificación de normas sobre minería informal El ex ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal y el ex viceministro de Gestión Ambiental Mariano Castro elaboraron un informe de análisis en el que advierten una serie de retrocesos, contradicciones y omisiones en los nuevos decretos legislativos 1244, 1293, 1320, 1336 y 1351 (ver el documento completo al final de esta nota) Uso de maquinarias Una de las principales normas emitidas por el actual Gobierno es el DL 1336, que establece disposiciones para el llamado "proceso de formalización minera integral". Si bien esta norma hace modificaciones al DL 1105 emitido durante el gobierno de Ollanta Humala, al final incluye una disposición complementaria que vuelve a permitir el uso de cargadores frontales, retroexcavadoras y otras maquinarias que ya habían sido prohibidas. En opinión de Pulgar-Vidal y Castro Sánchez-Moreno, el Gobierno ahora permitirá el uso de gran equipamiento, generando riesgo del cambio de cauces de los cuerpos de agua y la afectación del suelo amazónico, como ya ocurrió antes en Madre de Dios. Puerta de impunidad Por otro lado, el pasado 29 de octubre de 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kucyznksi promulgó el DL 1244, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta norma incluyó a la minería ilegal como delito de crimen organizado. Sin embargo, en diciembre hubo una reunión entre los dirigentes mineros y representantes de los ministerios de Justicia y Energía y Minas, y fue entonces que el Ejecutivo se comprometió a redefinir el delito de minería ilegal. Los resultados se vieron con el DL 1351, sobre seguridad ciudadana, que contiene una disposición que exime de responsabilidad penal a quienes no logran su autorización por responsabilidad del funcionario responsable o a quienes se insertan en el nuevo registro integral de formalización. “Esta exoneración es una puerta falsa para regularizar el delito”, señalan Pulgar-Vidal y Castro Sánchez-Moreno, al tiempo de advertir que se podría favorecer a procesados y sentenciados, con el principio de retroactividad benigna. En opinión de Iván Lanegra, ex Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, esto representa un retroceso. “Como el Estado ha sido impotente para avanzar con el cumplimiento de las normas, retrocede en sus mismas normas, pero no resuelve el problema de fondo”, señala. Indica que con las nuevas normas, el Gobierno no logró definir políticas para el mediano y largo plazo, pues esto se debería reflejar en suficientes recursos y capacidades, además de una estrategia política muy bien diseñada. Lanegra también cuestiona la transferencia de competencias a los gobiernos regionales pues, según subraya, no tienen la suficiente capacidad. Por su parte, en comunicado remitido a nuestra redacción, el Ministerio del Ambiente rechazó un eventual debilitamiento del proceso de formalización y más bien destaca la mayor participación de los gobiernos regionales con la asistencia del OEFA. Decretos Legislativos minería ilegal versión para publicación by Jose Martin Duran Caruajulca on Scribd
