Alerta. José Cevasco, oficial mayor, afirmó que resolución de contratos no genera perjuicio al Estado. Sin embargo, días antes se enviaron cartas notariales advirtiendo acciones legales.,"No es una crisis legal", afirmó el jueves pasado el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, sobre los cuestionamientos por la frustrada adquisición de 980 computadoras por más de 5 millones de soles, anulada tras las denuncias alertando una sobrevaloración. PUEDES VER: Mindef publica informe de la Comisión Bernales sobre los pases al retiro del gobierno de Humala Sin embargo, siete días antes, el Parlamento recibió cartas notariales de las empresas COMPURED SAC y GRUPO CORESOL SAC advirtiendo que si no dejan sin efecto la resolución de sus contratos entablarían acciones arbitrales, administrativas y judiciales. Es más, el 22 de diciembre, el aún jefe de Logística, Sergio Romero Loyola, envió un informe a la directora general de Administración, Lucía Bravo Roncal, señalando que no era posible suspender el proceso. Indicó que "ninguna de las causas invocadas" por el Congreso para dejar sin efecto los contratos se establece en la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su reglamento. Romero estaba tan seguro de que se venía una demanda de COMPURED SAC y del GRUPO CORESOL SAC que, incluso, se exceptuó de "cualquier responsabilidad administrativa y legal que dicha decisión pueda generar". Al día siguiente, le comunicaron que había sido separado del cargo. En una entrevista, Romero reveló que Cevasco lo llamó para indicarle que debía hacerse la compra de computadoras, un día antes de que entrara en vigencia la norma que establece un tope máximo de 400 mil soles para hacer compras sin licitación. Verdad a medias El jueves, tras conocer que la Procuraduría Anticorrupción lo había denunciado ante el Ministerio Público, Cevasco convocó a una conferencia de prensa en la que explicó que el Congreso decidió suspender la adquisición de computadoras por la alerta de la Contraloría sobre la existencia de "algunos riesgos administrativos". "Los órganos fiscales van a encontrar la evidencia legal de que la compra nunca se realizó y por tal motivo no existe ningún daño ni perjuicio del Estado", aseguró ese día. Pero esa era una verdad a medias, pues para entonces, la Dirección de Administración del Congreso ya había recibido las cartas notariales de COMPURED SAC y el GRUPO CORESOL SAC, en las que argumentan –en términos legales– por qué consideran que sus contratos siguen vigentes y exigen que así se reconozca. Es más, califican la decisión del Congreso de resolver sus contratos como un acto "arbitrario, contrario y vejatorio de las contrataciones estatales". Pedirán resarcimiento Ambas empresas aseguran que el día que recibieron la orden de compra (25 de noviembre) invirtieron en el pedido. El GRUPO CORESOL SAC afirma que ha "destinado la totalidad de sus recursos para el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas, habiendo asumido compromisos tanto con proveedores como con el propio fabricante del producto requerido, encontrándonos en la etapa final del proceso de importación y listos para efectuar la entrega". Algo similar afirma COMPURED SAC. Las dos empresas amenazan con recurrir a las instancias administrativas y judiciales para obtener un "resarcimiento económico de los cuantiosos daños generados". Fuentes del Congreso afirmaron a La República que en una reunión con funcionarios administrativos Cevasco habría admitido que no se podía rescindir los contratos, aunque igual se haría para evitar el escándalo. Según esta versión, el oficial mayor habría dicho que los juicios son tan largos que si las empresas ganan la próxima gestión se hará responsable. Compured: Lo ven mis abogados La República se comunicó telefónicamente con el gerente de COMPURED S.A.C., Jorge Rodríguez Pando, quien evitó hablar sobre las cartas notariales enviadas al Congreso exigiendo que se respete el contrato de venta de las computadoras. “Eso lo están viendo los abogados. Conversen con ellos. Yo no tengo nada que informarles a ustedes”, acotó y cortó la llamada. Este diario también buscó al gerente del Grupo Coresol, Edgard Fiestas Aguilar, pero su teléfono celular se encuentra suspendido.
