Caso Odebrecht. Pagos realizados por compañías vinculadas a Odebrecht en el Perú fueron dirigidas a red de empresas manejadas por Gonzalo Monteverde Bussalleu. La mayor parte del dinero fue transferido a empresas off shore en Panamá o Barbados, en el Caribe. Suiza confirma existencia de una estructura secreta para pagar sobornos.,En junio último, el informe en minoría emitido por el hoy ex congresista Juan Pari determinó que las empresas constructoras brasileñas constituyeron en el Perú un esquema financiero de empresas y contratos falsos para desviar fondos destinados a pagos de coimas a funcionarios encargados de la adjudicación de obras públicas. PUEDES VER: Congreso despide a funcionario, pero no explica compras millonarias El Congreso se negó a debatir el informe. Los miembros de la Comisión Investigadora, a excepción de Pari, eran representantes de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, vinculados al escándalo de corrupción. Suiza: esquema criminal La investigación de Pari había identificado el modelo financiero secreto y cómo se movía el dinero para pagar los sobornos, un tema ahora reconocido por la empresa constructora Odebrecht. Ayer, la justicia suiza confirmó la existencia de esta estructura "altamente profesional" para cometer crímenes. En un comunicado, el Ministerio Público de Suiza afirmó que el sistema creado por Odebrecht para pagar sobornos envolvía una amplia red de empresas y contratos falsos que pasaban por más de diez países, incluyendo Estados Unidos, Portugal, Holanda, Antigua y Barbuda, Belice, Islas Vírgenes, Panamá, Chipre, Austria e Irlanda del Norte. Las investigaciones han identificado cuatro etapas para los pagos, con el fin de camuflar el origen de los recursos y a quienes recibirían los pagos. En el sistema trabajaban siete personas permanentemente destinadas a crear empresas y los contratos ficticios para justificar el movimiento del dinero. "Una estructura criminal altamente profesional", afirma Suiza, que le daba grandes ganancias a Odebrecht. Por cada millón que pagaba en sobornos, ganaba cuatro. Los sobornos eran direccionados en gran parte a los funcionarios que tomaban las decisiones en los gobiernos, incluyendo contribuciones a los partidos políticos, a políticos y financiamiento de campañas. Parte de esta estructura, como indicamos en nuestra edición del martes, funcionaba en Suiza, por lo que la fiscalía de ese país logró incautar hasta dos millones de documentos, entre e-mails, órdenes de pagos, contratos para justificar pagos, listas de pagos con valores y los que recibían el dinero. Lo que descubrió Pari La confesión de Odebrecht y lo encontrado por la justicia suiza, ya había sido identificado por la comisión Pari en junio. Esto habría llevado a los políticos peruanos a no aprobar el Informe Pari. "Se han establecido indicios de que ha operado en el Perú un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final; destino este que estaría asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasileñas con contratos y adendas lesivos al Estado peruano", señaló Pari. Agregó que "los procedimientos identificados tienen las características de un modus operandi, por la forma en cómo diversas empresas brasileñas, manteniendo una cercanía con los funcionarios de mayor jerarquía, negociaban con funcionarios públicos para obtener obras y concesiones y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano, ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto público y prolongadas concesiones para las empresas brasileñas". En los casos analizados por la comisión –la Interoceánica, Metro de Lima, Línea Amarilla, Proyecto Olmos y otros– Pari estableció que se otorgó un contrato por un monto determinado que progresivamente fue creciendo a través de adendas o arbitrajes, hasta llegar a costos mucho más altos a lo inicialmente previsto. Marco legal especial Para lograr ese cometido, se creó un marco legal especial en cada caso, con el que se evadió el procedimiento y la normatividad vigente. "Paralelamente a ello, los dueños y/o ejecutivos de las empresas brasileñas mantuvieron una relación directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripción de los contratos de concesión o construcción, lo que se deduce de los diversos cables, correos electrónicos, visitas a Palacio de Gobierno, movimiento migratorios, en fechas que coinciden con actividades de selección y contratación de los megaproyectos de inversión en el Perú". Pagos sospechosos El entonces congresista Pari logró, con la colaboración de la fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, identificar y detallar una red de empresas y contratos supuestamente ficticios, a través de los cuales Odebrecht movió hasta 24 millones de dólares. Ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mayor empresa constructora brasileña ha reconocido que pagó sobornos en el Perú por 29 millones de dólares, del 2005 hasta el 2014. Los movimientos sospechosos identificados por Pari van desde el 2007 hasta el 2013. Además, la mayor parte de los 24 millones que salieron del país, siguieron una ruta de movimientos similar a la descubierta por la fiscalía Suiza y admitida por Odebrecht. Es decir, transferencias consecutivas hasta perderse en cuentas de empresas off shore difíciles de rastrear. Además, contratos ficticios a través de los cuales la constructora desviaba el dinero a empresas sin mayor actividad empresarial y que permitían a estas evadir los controles de lavado de activos, al justificar documentalmente la procedencia del dinero. En una segunda fase, el dinero era retirado o transferido a cuentas en Brasil y otros países como Panamá, Barbados, con el objetivo de borrar el origen de los fondos antes de llegar a las manos de los funcionarios corruptos. Representante clave Un personaje clave en esta estructura financiera en el Perú pareciera ser, por los descubrimientos de la comisión Pari, el ciudadano Eduardo Gonzalo Monteverde Bussalleu. Este personaje aparece como representante, socio o apoderado de hasta diez empresas, entre estas Constructora Área SAC y Casa de Cambios la Moneda, Allamanda Ventures y Dominatrix Limited, que reciben contratos y transferencias millonarias de compañías vinculadas a Odebrecht. Así, durante el año 2007, las empresas de Monteverde Bussalleu recibieron hasta US$ 11’617,809 de las empresas del grupo Odebrecht: Consorcio Constructor IIRSA Norte, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y Constructora Internacional del Sur. Millones transferidos De ese dinero, US$ 6’383,513 fueron transferidos a una cuenta del Trend Bank LTD en Brasil, de donde fueron traslados a otra cuenta en Barbados, cuyo titular era la off shore Balmer Holding Assets LTD. Trend Bank está relacionado con el "doleiro" Alberto Yousseff, por medio de la empresa Rockstar Marketing, y es investigado por diversos depósitos irregulares recibidos de Petrobras. Este banco brasileño también ha recibido 100 millones de fondos de Andrade Gutiérrez y otras empresas constructoras implicadas en el caso Lava Jato. De diciembre del 2008 hasta diciembre del 2015, las empresas de Monteverde volvieron a recibir 13’173,266 dólares de empresas vinculadas a Odebrecht. Nuevamente el dinero en su mayoría fue transferido a cuentas en el exterior. Monteverde, quien no pudo ser localizado para esta nota, se ha defendido en otras ocasiones diciendo que todo esto obedece a una denuncia por lavado de activos que le interpuso Pedro Morote Cornejo. Pero esta denuncia nunca fue investigada por el Ministerio Público. Claves Cables. Latina TV dio a conocer dos cables enviados por embajadores brasileños –desde Lima– al Brasil. El primero, enviado por André Mattoso durante la gestión de Toledo, informaba que el Perú ofrecía pagar por la carretera interoceánica 700 millones de dólares y que las constructoras –entre ellas Odebrecht– solicitaban 840 millones. El segundo fue enviado por Luis Augusto de Araujo Castro, y decía que el gobierno de García estaba interesado en que sean empresas brasileñas quienes concluyan la obra. Colaboración. El gobierno de Panamá anunció que no adjudicará más obras a Odebrecht hasta que colabore efectivamente con las investigaciones y exigirá a la constructora que restituya al Estado el dinero que obtuvo ilícitamente con los contratos. Además, la empresa será excluida de dos proyectos que tiene en trámite. Fernando Olivera demanda investigación sobre posibles aportes de campaña por parte de Odebrecht Con escoba en mano y con la intención de exigir que se investiguen los actos de corrupción de la brasileña Odebrecht en el Perú, el ex candidato presidencial Fernando Olivera lideró ayer una protesta en las afueras de la sede de dicha empresa. En declaraciones a la prensa, Olivera criticó que el titular del sector Economía, Alfredo Thorne, haya anunciado que "Odebrecht venderá su participación en el sobrevalorado Gasoducto del Sur con el beneplácito del Gobierno". "Demandamos la investigación sobre los aportes a la campaña (presidencial) de parte de las corruptas empresas brasileras", indicó. Además exhortó a que también se indague la presunta reunión que habrían tenido Keiko Fujimori, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala con Jorge Baratta, "el coimero oficial de Odebrecht" y demandó su inmediata detención así como la de todos los involucrados. Asimismo, tras las declaraciones del jefe del Estado de que no todo lo que había hecho la empresa brasileña en el Perú era corrupto, manifestó que este "exonera de responsabilidad e incluso "defiende" a la constructora, pese a la revelación del pago de sobornos por US$ 29 millones a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014. Por último, también pidió el impedimento de salida de Alan García, Alejandro Toledo, entre otros.
