El crimen del auditor de la Sunat. En Chiclayo, fiscalía de lavado de activos tiene en la mira a Ernesto Flores Vílchez, socio de los incriminados Carlos y Samuel Roncal, a quienes se acusa de haber ordenado matar al funcionario Luis Cieza.,Cuando asesinaron al auditor de la Sunat Luis Cieza, un crimen ya esclarecido por la Policía y el Ministerio Público, el móvil fue impedir que el funcionario diera, a una fiscalía de Chiclayo, la base para acusar por lavado de activos a diversos empresarios del azúcar. Los hermanos Carlos y Samuel Roncal eran dos de ellos. Pero el principal fue Ernesto Flores Vílchez, cuyo hermano Clemente es congresista de Peruanos por el Cambio (PPK). PUEDES VER: Grupo azucarero ordenó asesinato para detener investigación de la Sunat Ante denuncias públicas que ha recibido Ernesto, Clemente Flores Vílchez ha dicho que se mantiene al margen de las actividades de su hermano. Hasta que Clemente fue lanzado como candidato al congreso, escogido por su hoy colega de bancada Gilbert Violeta, ambos hermanos realizaban actividades empresariales en Chiclayo. Clemente, sin embargo, no tiene indicios criminales en su contra ni está siendo investigado por la fiscalía de lavado de activos. Hombres del clan A su vez, Ernesto Flores Vílchez no aparece en ninguna parte de la investigación sobre el asesinato de Cieza. Ningún colaborador eficaz lo ha señalado, conforme ocurre con los empresarios Carlos y Samuel Roncal (hubo testigo presencial de una orden). Samuel fue detenido la semana pasada y Carlos está prófugo. Respecto de otros autores intelectuales, solo existe la versión de un informante que conoció –según dice– que la decisión de matar a Cieza provino de un grupo de empresarios afectados por las investigaciones de la fiscalía de lavado de activos alimentadas por la Sunat. Los afectados no solo eran los Roncal. Esta última versión no ha sido corroborada, y aún forma parte de una investigación. La anima, aparte del dato, el hecho de que hasta el momento el principal investigado por lavado de activos es Ernesto Flores Vílchez, socio de los Roncal en el Consorcio Líder Azucarero del Norte, CLAN. Las investigaciones por lavado de activos sobre estos empresarios tienen una historia enrevesada y se desarrolla en la máxima reserva por parte del Ministerio Público. En la Fiscalía La investigación, conducida por la fiscal Ana Zegarra, nació de un antiguo proceso que seguían Agropucalá y el Estado contra Cronwell Asset, una ex administradora de la empresa. Desde 2002 Agropucalá ha tenido seis administraciones judiciales, que en los últimos años representaron a los socios del CLAN Samuel Roncal, Carlos Roncal, y Ernesto Flores. O sea, al CLAN. En 2014, el juzgado civil que investigaba las acciones contra Cronwell Asset derivó al área de lavado de activos copias de una veedora judicial que sugerían delitos por parte de varias personas y empresas. Ese mismo año la fiscal Zegarra abrió investigación preliminar contra Ernesto Flores Vílchez y Carlos Roncal por presunta defraudación tributaria. Al año siguiente la fiscal amplió investigación preliminar contra 21 empresas, varias de ellas off shores, añadiendo el presunto componente de lavado de activos. Para entonces, Agropucalá ya había pedido investigar a Roncal y Flores como lavadores de activos en el mismo proceso. Zegarra los comprendió por ese concepto, y poco después, obtuvo un plazo adicional para investigar. Piden un informe Roncal y Flores eran investigados a partir de informes que indicaban un saqueo de Agropucalá durante su gestión. Especialmente durante 2013, en que ambos tuvieron responsabilidades directas. Pero, finalmente, en el 2015, Zegarra decidió no continuar investigando a Ernesto Flores y a empresas hacia las que se habría desviado dinero, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos. Ante una queja de la procuraduría, una fiscalía superior dispuso que la investigación quedara reservada provisionalmente, hasta que la SUNAT hiciera un informe sustentatorio de la defraudación tributaria. Una decisión rara porque lavado y defraudación son dos delitos independientes. Pero ponía la pelota en cancha de la SUNAT. Esto hizo sumamente relevante el papel del auditor Luis Cieza. En 2015, unos meses antes de ser asesinado, Cieza hizo un informe incriminatorio sobre la defraudación tributaria de Carlos Roncal, que fue enviado por cauces regulares a la fiscalía. Ello permitió que Roncal siguiera investigado como presunto autor de este delito. Pero, efectivamente, no había informe sobre Flores Vílchez ni las 21 empresas implicadas. Flores Vílchez era gerente o representante de casi todas ellas. Se entiende que a solicitud del Ministerio Público (en su resolución el fiscal superior pide de la SUNAT un informe) Cieza investigaba a las off shore vinculadas a Ernesto Flores cuando fue asesinado. Las Off Shore La aparición de los Panamá Papers permitió conocer las off shore derivadas de fondos de la industria azucarera en Chiclayo. Solo considerando las que abrieron miembros del CLAN con el estudio Mossack Fonseca, cabe mencionar a Friedestar Company y Buchovia Equities, por encargo de Max Ayora, ex gerente general y miembro del CLAN. Ayora tiene investigación abierta por lavado de activos. Flores Vílchez tiene siete of shores: Kestrel Venture Group, Corporación Ares, Bourgogne Holdings, Nuvenbuerg International, en Islas Vírgenes Británicas, y Miralta Investments, Osberton Development y Greystone Associates, en Panamá. En esta última compañía el socio de Flores fue Segundo Montenegro, ex administrador de la azucarera Úcupe S.A. En cuanto a los hermanos Roncal, era conocido que Carlos tenía Caicos Equities Holdings S.A, pero los Panamá Papers informaron de otra, el Grupo Garda Management, constituida en 2012. Samuel Roncal, por su parte, tenía Auriga Holding Estates, constituida por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes, en 2012. Ahora bien, ninguna de estas empresas está mencionada en los papeles que produjo la fiscal Ana Zegarra. Lo que hizo Cieza De modo que las investigaciones sobre Flores Vílchez y los miembros del CLAN tienen un amplio horizonte. Otros empresarios vinculados con otras compañías azucareras, dueños de otra multitud de empresas y sospechosos de no pocos asesinatos y de diversas figuras de lavado de dinero, permanecen, por el momento, fuera del foco de las actuales investigaciones. Aparentemente por poco tiempo. El auditor Luis Cieza cargó sobre sus espaldas la investigación a las empresas de Ernesto Flores Vílchez y los Roncal y fue asesinado por encargo directo de los segundos, conforme acreditan testigos que han declarado ante la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo. ¿Los Roncal decidieron solos el asesinato? ¿Por qué no se sabe nada de las investigaciones de lavado de activos? ¿Por qué la SUNAT paró todo luego de la muerte de su funcionario? ¿Por qué, durante 2015, la fiscalía y la policía de Chiclayo desarrollaron la tesis de un enfrentamiento familiar como causa del asesinato de Cieza? Quizá hubiera cómplices del CLAN en las tres instituciones. Las próximas semanas podrían ser esclarecedoras al respecto. Mañana, en El Informante: Asesinato en el cuarto intento.
