La ONG CooperAcción señaló que la existencia de convenios entre la Policía Nacional y varias empresas mineras para que estas cuenten con protección y seguridad transgrede la función constitucional de la Policía y la somete a intereses privados en zonas de permanente conflictividad generada por los proyectos mineros. Este hecho fue considerado como muy grave para el respeto y promoción de los derechos humanos.Indicó que es insuficiente la revisión del marco legal que permite la suscripción de estos convenios y que es necesario fiscalizar los recursos que la PNP percibe por la prestación de sus servicios."Emplazamos al Congreso a cumplir su rol de fiscalización, modifique el marco legal que pone al servicio de intereses privados a nuestra PNP, y se establezca la responsabilidad de las mineras en dicho accionar", anotó.❧
