Eduardo Ballón. Antropólogo, investigador de Desco y coordinador del grupo Propuesta Ciudadana es especialista en regionalización y conflictos sociales.,Eduardo Ballón sostiene que este gobierno no tiene una estrategia articulada para atender los conflictos sociales. Ante esa situación pide que la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad empiece su labor con mayor dedicación bajo la dirección de Rolando Luque. Propone que esta oficina tenga todo el respaldo del Ejecutivo . PUEDES VER: Eduardo Vega liderará Comisión Presidencial de Integridad ¿Los casos de Saramurillo y Las Bambas reflejan que este gobierno no tiene una estrategia contra conflictos sociales? La evidencia de que no hubo una estrategia en conflictos sociales es que nombraron un asesor de la presidencia, el señor Jorge Villacorta; simultáneamente, semanas después, nombraron como alto comisionado a Rolando Luque. Por lo tanto, había dos cabezas distintas. El resultado es el mal manejo que tuvieron con las comunidades de Saramurillo, donde el señor Villacorta fue expulsado de la reunión; y el conflicto de Las Bambas, en el que la policía intervino sin conocimiento del Ministerio del Interior. ¿Hay falta de liderazgo de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, no se le está dando las competencias necesarias o recién se están instalando? Recién se están instalando. Luque ha sido nombrado hace quince días. El gobierno se ha demorado agosto y setiembre en resolver el problema. ¿Cómo se debería actuar para calmar el clima de conflictos en estos dos casos? Lo primero es poner en funcionamiento esa oficina porque recién se están organizando. Se debe articular alrededor de esa oficina a las dependencias sectoriales que hacen seguimiento y negociación de los conflictos. Luque plantea una nueva estrategia, ¿cómo se debe hacer de manera rápida? Eso tomará un tiempo, pero el punto de partida es la voluntad política de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la presidencia que deben alinear a todos los sectores bajo la conducción del alto comisionado de la Oficina Diálogo, que debe ser la cabeza para este tipo de negociación. ¿Cuánto puede ayudar una buena Oficina de Diálogo teniendo en cuenta que las demandas son exigentes? Lo primero es ordenar la gran cantidad de compromisos que firmó el Estado peruano en la gestión anterior. Luego, identificar los sitios problemáticos y resolver con los involucrados aquello a lo que se comprometieron y el Estado no ha cumplido. Pero el punto de partida es la voluntad política para alinear todos los sectores atrás de una sola cabeza. ¿El caso de Las Bambas revela que aún no hay una buena coordinación en el Ejecutivo para tratar conflictos sociales? Eso refleja que no hay una buena coordinación en el Ejecutivo pero también que en la policía un mando intermedio puede tomar una decisión sin cumplir con los protocolos. Pese a las medidas que pueda tomar el ministro del Interior, es el primer muerto de este gobierno por conflictos. El ministerio debe tomar las decisiones que correspondan. Si dice que no le han consultado, tiene que actuar. ¿En las próximas semanas se pueden replicar otros conflictos? Sin ninguna duda se pueden producir nuevos conflictos sociales. Los problemas del oleoducto en la Amazonía son un gran signo de interrogación, ahí se van a generar conflictos. Mientras no queden absolutamente claros los temas de Conga y Tía María pueden generarse nuevos conflictos. Apurímac, por el peso que tiene la inversión de Las Bambas y los cambios que ha sufrido el proyecto, es también otro foco de conflicto. Esto hace más urgente el trabajo de ordenamiento de la información. ¿El gobierno puede tomar medidas drásticas para dar una señal de autoridad ante los inversionistas? La preocupación mayor de los inversionistas debe ser la institucionalización de la gestión de conflictos y reglas claras, de un Estado que puede ponerse de acuerdo con los actores. Los llamados a la represión o judicialización de los conflictos no han producido ningún resultado sostenible en el tiempo.