El insólito juicio que atrapa al periodista Mauricio Aguirre con Carlos Raffo y Alberto Fujimori. En 2003 emitieron un video de sesiones del Consejo de Defensa. Nada ponía en riesgo la seguridad nacional.,En agosto de 2003, el programa Cuarto Poder, de América Televisión, emitió un reportaje sobre el reparto de dinero que en forma supuestamente ilegal hizo el ex presidente Alberto Fujimori. En un video se aprecia a Fujimori metiendo dólares en un sobre y ordenando su entrega a Vidal Bautista, ex jefe del Programa Nacional de Alimentos, PRONAA. A tres años de la caída del régimen, aún no terminaban de conocerse todas las acusaciones contra sus líderes, de modo que la noticia suscitó un cierto debate. PUEDES VER: El Hermano Lobito Desde Japón, donde se hallaba prófugo, el ex presidente insinuó que el dinero era de su propiedad, y que Bautista recibía dinero para un encargo personal, pues colaboraba con su familia. En Lima, el abogado mediático de Fujimori, Carlos Raffo, también reaccionó. Llamó al responsable de Cuarto Poder, Mauricio Aguirre —hoy en Frecuencia Latina— y le pidió mostrar los verdaderos videos de Fujimori, en los que se demostraban las bondades de su gobierno. —Los fujivideos son muy distintos de los vladivideos —le dijo. Pasan fujivideos Aguirre aceptó, y el primer domingo se setiembre fue mostrado nuevamente el video del dinero con otros que Raffo trajo para emitir, en los que se mencionaba el lado bueno de Fujimori. Había, por ejemplo, escenas en las que insistía para lograr la paz con Ecuador ante los mandos militares. Eran reuniones del Consejo de Defensa Nacional, que son reservadas. Cuando se difundió el material, la procuraduría ad hoc para los casos de Fujimori y Montesinos denunció a los responsables ante el Poder Judicial por revelación de secretos nacionales. Sin embargo, en 2004, el entonces Procurador, Luis Vargas Valdivia, enfiló sus baterías contra Fujimori y Raffo, dejando a salvo la responsabilidad de Aguirre y América Televisión. —Vargas Valdivia dijo que Aguirre no debía ser imputado porque actuó amparado por la libertad de expresión—dijo el abogado del periodista, Roberto Pereira. En realidad carecía de base la denuncia contra todos. Diálogos inocuos De acuerdo con el Código Penal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que la divulgación de un documento que se considera reservado sea delictiva, es necesario que el material esté clasificado como tal por la correspondiente dependencia estatal. En este caso, los videos difundidos no estaban clasificados. Por otro lado, las filmaciones ya habían sido hecho públicas. Luego de obtenida la paz con el Ecuador, el gobierno elaboró un documental propagandístico en el que Fujimori aparece como artífice del resultado. Tuvo amplia divulgación durante el año 2000, cuando el entonces Presidente tentaba su re-reelección. Aún ignorando los precedentes anteriores, la apreciación de los diálogos que mostró el video indica un contenido eminentemente político, ajeno a cualquier revelación de estrategia militar o de información que pusiera en riesgo la seguridad nacional. Intervenían Fujimori, el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ferrero, y los principales mandos militares. El Canciller parecía el más duro. La irrelevancia hubiera subsistido aún si se revelaban planes y operaciones, como en distintos libros de autores militares que se han publicado durante los últimos veinte años en Perú y Ecuador. Tienen carácter histórico. El acusado ausente La culpabilidad por incurrir en el delito de revelación de secretos nacionales se castiga, de acuerdo con el artículo 330 del Código Penal, en un capítulo correspondiente a “atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria”, con una pena no menor de cinco ni mayor de quince años de prisión. A Fujimori no le empeora su situación, por la carcelería mayor que cumple por las sentencias de La Cantuta y Barrios Altos. Los más vulnerables son Aguirre y Raffo. Cuando ellos fueron acusados por el Ministerio Público junto con Fujimori, el paso siguiente era la iniciación del juicio oral. Pero este no podía comenzar porque estaba ausente el acusado principal: Fujimori. La fiscalía insistió en la necesidad de su presencia. El ex presidente, inicialmente, estaba en condición de prófugo. Primero en Japón. Había un cúmulo de delitos para solicitar su extradición a este país, que no permitía el juzgamiento en el exterior de sus connacionales, pero la situación cambió cuando Fujimori decidió ir a Chile, en noviembre del 2005. En enero del siguiente año, el pedido de extradición hecho por las autoridades peruanas versó sobre trece delitos, ninguno de los cuales fue por revelación de secretos nacionales. En 2007, la Corte Suprema de Chile otorgó la extradición de Fujimori para que sea juzgado por siete ilícitos penales, cinco por actos de corrupción y dos por violaciones de derechos humanos. En ningún momento Chile recibió un pedido para que Fujimori sea juzgado por lo que se le acusa junto con Raffo y Aguirre. Juicio paralizado Sin embargo, el Poder Judicial ya había dado su conformidad al Poder Ejecutivo para que se preparara un cuadernillo de extradición con la imputación derivada de la difusión del video por Cuarto Poder. Lo que tenía que hacer el Ministerio de Justicia era tramitar ante Chile ampliar en rango delictivo de la extradición a Fujimori. No hizo nada, y el juicio se paralizó. En 2006, Aguirre logró que una Sala Superior archivara el caso por falta de delito. La guerra con el Ecuador ya había terminado cuando se difundió el video y no había ni remotamente un secreto implicado. Pero la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió que siguieran acusados. Cuando pasó el tiempo y se hizo claro que era imposible incluir a Fujimori en el corto plazo —el Poder Ejecutivo no se pronunciaba sobre ampliar o no la solicitud de extradición—, las defensas de Raffo y Aguirre plantearon que se continuara el juicio sin él. En 2015, la Segunda Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Lima tomó la decisión: ya no esperarían a que el gobierno terminara de deshojar margaritas con el caso. Resolvieron, pues, continuar sin Fujimori y le pidieron al Ministerio Público reformular su acusación con un denunciado menos Marcha atrás El Ministerio Público aceptó. La Procuraduría Anticorrupción, mientras tanto, había cambiado de posición varias veces, al punto que la Sala Penal le llamó la atención. Finalmente, la semana pasada, en una audiencia pública, se conoció que el Ministerio Público volvió a su posición anterior: pidió esperar a que Chile autorice ampliar la extradición de Fujimori para que sea juzgado por revelación de secretos nacionales. La Procuraduría dijo que se allanaba a lo que decidieran los jueces. Y allí está el caso. Trece años después del suceso, los operadores de la justicia lo mantienen empantanado: sin delito, sin decisión y violando derechos de los procesados.
