Caso La Oroya. El Congreso de la República aprobó por unanimidad dar un año de prórroga extraordinaria a los procesos concursales, adicionalmente el Ejecutivo podrá ampliar la liquidación en marcha por un año más.,El debate de ayer en el seno del Congreso de la República tuvo en vilo a toda La Oroya pero finalmente el desenlace fue feliz para el pueblo oroyino, pues la empresa Doe Run Perú tendrá un plazo (contando desde mañana 27 de agosto) extraordinario y adicional de dos años más para que se puedan vender sus activos. PUEDES VER: Fujimorista Díaz Dios sale de cargo clave en Contraloría Por unanimidad y con postura de todas las bancadas en el mismo sentido, la representación nacional aprobó con 108 votos a favor, cinco abstenciones y cero en contra, un texto sustitutorio dentro de la Ley General del Sistema Concursal. Actualmente las liquidaciones en marcha en el Perú tienen un plazo máximo de hasta dos años, lo cual en el caso de Doe Run implicaba que desde mañana la empresa pasaba de una liquidación en marcha a una liquidación ordinaria, equivalente a una venta por separado de sus activos y el cese colectivo de más de 2.300 trabajadores. Sin embargo, con la fusión de proyectos tanto del Ejecutivo como de Fuerza Popular, la Junta de Acreedores puede acordar una prórroga extraordinaria por el plazo de un año (al 27 de agsoto del 2017) adicional a los dos años contemplados en la Ley Concursal. Además de ello, se aprobó que el Poder Ejecutivo a solicitud de la Junta de Acreedores y previo informe del Indecopi, puede ampliar la prórroga anterior por el plazo de un año adicional (hasta el 27 de agosto del 2018) mediante decreto supremo autoritativo, el cual deberá señalar de manera expresa la obligación de respetar la legislación nacional vigente con especial énfasis en las normas ambientales y laborales. Como explicó a La República, Mercedes Aráoz, presidenta de la comisión de Economía y segunda vicepresidenta de la República por Peruanos por el Kambio, este texto sustiturio consensuado por todas las bancadas, lo que hace en el caso particular de DRP es darle un plazo hasta de cuatro años para la venta de sus principales activos constituidos por el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza. "Pero hay otras empresas que están en estas mismas causales a las que les estamos dando también hasta cuatro años. Hoy están en esta misma situación (a la de DRP) hasta cuatro empresas", reveló. Durante el debate en el Pleno se dio a conocer que anualmente unas 400 compañías en el Perú ingresan al proceso de reestructuración en marcha. Asimismo, un aspecto en el que coincidieron todas las fuerzas políticas es que el gobierno anterior no hizo nada para resolver el tema de DRP y sus implicancias en La Oroya. voz de trabajadores Los trabajadores de Doe Run Perú, presentes en el Pleno, y un elemento crucial para poner en el debate el problema de la empresa y La Oroya, saludaron la voluntad política tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Luis Castillo, representante de los trabajadores, aseveró que la norma aprobada permitirá que la Junta de Acreedores del lunes 29 de agosto pueda acordar ya sin contratiempos todo lo que viene, haciendo uso del plazo programado de acuerdo a ley. Asimismo, estimó que la extensión de este plazo podría generar mayor interés de los inversionistas, que a la fecha ya suman siete (cuatro por Cobriza y tres por el CMLO y Cobriza). "En adelante el Ejecutivo tiene que dar el segundo paso que es la reactivación de los circuitos de plomo y zinc y sobre todo inyectar dinero en Cobriza para continuar explotando", dijo. En ese sentido, la congresista Mercedes Aráoz afirmó que con la norma aprobada en el Pleno se crean nuevas condiciones para que la junta liquidadora encuentre un espacio para lograr la venta dentro de los marcos de la ley. El dato Mercedes Aráoz estimó que la ley será promulgada hoy o mañana, empero y a manera de salvaguarda, el texto en mención aclara que "incluso si el plazo de la prórroga ordinaria hubiese vencido", es decir es válido aún pasado el 27 de agosto, fecha de cierre del actual convenio de liquidación. David Huamaní
