Bajo presión. Departamento del Tesoro toma acciones para que empresas o propietarios bajo sospecha declaren la procedencia de los fondos que usaron para las adquisiciones. El congresista fujimorista compró un par de departamentos por 2.5 millones de dólares.,Como parte de un proceso de verificación sobre el origen de los fondos que se destinaron a la adquisición de inmuebles en territorio norteamericano, la Red Policial de Crímenes Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, iniciará una indagación en la zona de Florida donde existe un alto índice de transacciones sospechosas de lavado de activos. PUEDES VER: Oficialismo insistirá en presidir Comisión de Presupuesto Las nuevas normas tienen como propósito reducir drásticamente los niveles de lavado de fondos sucios, especialmente del narcotráfico, que se aprovechan de los vacíos legales federales norteamericanos. De acuerdo con el gobierno estadounidense, la fiscalización se concentrará en particular en compañías “offshore”, en empresas extranjeras con antecedentes negativas y en personas que enfrentan investigaciones por graves delitos. El ex secretario general de Fuerza Popular y ex congresista Joaquín Ramírez Gamarra compró en 2012 y en 2014 dos propiedades inmobiliarias en Miami por 2.5 millones de dólares, las que no consignó en su Declaración Jurada obligatoria. Las propiedades fueron compradas por la compañía Harbor Holding, entre cuyos directivos principales aparece Joaquín Ramírez. Precisamente, la Red Policial de Crímenes Financieros investiga a empresas que hayan sido usadas para este tipo de transacciones inmobiliarias, en particular si sus dueños cuentan con antecedentes o tienen en curso indagaciones oficiales por presuntos delitos relacionados con el lavado de activos. Desde 2014, Ramírez afronta una investigación fiscal por presunto lavado de activos debido a operaciones inmobiliarias sospechosas por un monto de 7 millones de dólares. Y durante la segunda vuelta electoral de este año, la prensa reveló que la agencia antidrogas norteamericana (DEA) también lo escrutaba por el mismo presunto ilícito. Entrevistado por La República, Joaquín Ramírez, uno de los principales financistas de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, afirmó que nada tenía que ocultar y que se allanaría a las preguntas de las autoridades estadounidenses del Departamento del Tesoro que investigan inversiones inmobiliarias que podrían haber sido usadas para el lavado de activos. “Esas novelas que ustedes arman me parecen interesantes”, comentó, riéndose. LA VERSIÓN DE JOAQUÍN “Nosotros actuamos conforme a ley. Las normas norteamericanas se cumplen y las normas nacionales también se cumplen, así que si ustedes quieren armar su novelita, háganlo. Todos quienes actuamos y participamos aquí en el país o en Estados Unidos, o en cualquier otro país del mundo, transparentamos nuestras cosas”, arguyó Ramírez. Los ex procuradores anticorrupción Luis Vargas Valdivia y Christian Salas Beteta (ver recuadro) consideraron más bien relevante la iniciativa del Departamento del Tesoro estadounidense y consideraron que de todas maneras las nuevas normas antilavado alcanzarían al caso de Joaquín Ramírez. “El gobierno de EEUU lo que busca es que se dejen de lado los testaferros. Como se sabe, se utilizan mucho las empresas offshore para ocultar al verdadero propietario. Esta norma busca identificar al verdadero propietario a efectos de que cumpla con los efectos tributarios, como son el pago de los impuestos. Y también enfrentar el lavado de activos. En ese punto las personas a las que se les ha identificado como propietarios tienen que acreditar la procedencia del dinero para adquirir esas propiedades que son costosas. En este sentido, claro que tienen que preguntar e investigar a Joaquín Ramírez”, señaló Luis Vargas.
