Alerta roja. Autoridades del sector sellan acceso a documentos de la Policía Nacional relacionados con investigación de 96 oficiales y subalternos presuntamente relacionados con el asesinato de varios presuntos delincuentes que estaban desarmados.,La inspectora general del Ministerio del Interior, Susana Silva Hasembank, intervino en el caso de los 96 policías investigados por presuntos asesinatos extrajudiciales de 27 personas sospechosas de haber cometido asaltos o secuestros en Lima y provincias, en el periodo de 2011 a 2015. PUEDES VER: Fiscalía investiga a 96 policías por presunto asesinato extrajudicial de 27 delincuentes Fuentes del alto mando policial señalaron que la inspectora Silva resolvió investigar a unidades de inteligencia policial que participaron en operaciones en la que resultaron fallecidos supuestos delincuentes comunes que no contaban con armamento o no opusieron resistencia. En horas de la mañana de jueves último, un equipo especial conformado por civiles que laboran en la Inspectoría General del Ministerio del Interior incursionó en la sede de la Inspectoría General de la Policía Nacional y levantó un acta con una relación de los expedientes y las pericias, pues es el órgano que ha investigado el caso de los presuntos crímenes extrajudiciales, y derivó los expedientes al Ministerio Público. Según fuentes policiales, la acción se justificó con la finalidad de asegurar que se extravíe o sea objeto de robo la documentación relacionada con las indagaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por 97 efectivos policiales. Cifras mortales Las autoridades se entrevistaron con el jefe del equipo especial de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional, coronel PNP Belermino Vásquez Guevara, quien tiene a su cargo el caso. Por disposición de las autoridades del Ministerio del Interior, el coronel Vásquez tuvo que cambiar las chapas de los armarios y escritorios de la Inspectoría de la PNP para asegurar que nadie se apropie indebidamente de la documentación. Una investigación de La República reveló el último domingo que el titular de la 35ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, José Ulloa Gavilano, investiga a 16 oficiales y 80 subalternos por presuntamente haber intervenido en operativos en los que resultaron muertos 27 presumibles delincuentes. Los efectivos pertenecen a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), de la División de Investigación de Robos, de la Sub Unidad de Acciones Tácticas y (SUAT) y de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Entre los casos más destacados que la Inspectoría General de la PNP despachó al Ministerio Público para que resuelva si hay o no delito, está consignado el frustrado secuestro del empresario Raúl Badillo Marce. En este incidente, personal de la SUAT mató a balazos a tres presuntos delincuentes: el teniente PNP Israel Moreno Goyeneche y los suboficiales Víctor Mongo Valdera y Roger Manrique Torres, además del civil Miguel Jibaja Suárez. Los hechos se registraron el 18 noviembre de 2012, en Puente Piedra. Según el peritaje balístico de la Dirección de Criminalística, las víctimas recibieron balazos por la espalda. Además, el empresario Badillo, quien supuestamente sería secuestrado, no estaba en Lima. Otro caso que se investiga es la muerte de los presumibles delincuentes Juan Velarde Morales, Luis Muro Mejía y Augusto Gamonal Salinas. Según la Policía, cayeron abatidos durante un enfrentamiento armado bajo el puente de Santa Anita, ubicado en la cuadra 27 de la avenida Nicolás Ayllón, el 11 de junio del 2012. Además, el 8 de setiembre del 2012 las fuerzas del orden dieron muerte a los delincuentes John Palomino Páucar y José Chávez Manrique. El incidente se produjo en San Agustín, en Chincha. Los casos mencionados son parte de la indagación sobre la que se ha interesado la Inspectoría del Ministerio del Interior para descartar la existencia de “escuadrones de la muerte”. Investigación caso por caso La Inspectoría General de la Policía Nacional notificó a los efectivos policiales que participaron en un operativo que culminó con la muerte de los supuestos delincuentes John Salazar Santiesteban, Omar Fregeiro Vilela, José Fernando Hernánez Hoyos y Jerson Adellaneda Archila. Los hechos se registraron el 9 de octubre del 2014 en la avenida San Juan, en la urbanización Santa Rosita, en el distrito de Ate-Vitarte. Lo que buscan las autoridades del Ministerio del Interior es determinar si los efectivos involucrados en los hechos pertenecen a un probable “escuadrón de la muerte” dedicado a emboscar y matar a presuntos delincuentes comunes. En una primera revisión de los casos bajo escrutinio, se ha determinado que existen patrones de coincidencia. Es decir, que se repiten modalidades de los operativos en los que murieron personas que en varios casos no contaban con armamento y oficialmente se las calificó como “delincuentes”. Claves La Inspectoría General recomendó a la alta Dirección de la Policía Nacional que el comandante PNP Raúl Prado Ravines y otros oficiales del grupo especial de inteligencia sean separados temporalmente del cargo hasta que culminen las investigaciones. Sin embargo, pese a ello, siguieron operando en las mismas unidades. Los investigados habrían incurrido en infracciones muy graves de acuerdo con el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.
