Entrevista a Alejandra Ballón Gutiérrez. Especialista e investigadora peruana del caso esterilizaciones forzadas.,La antropóloga Alejandra Ballón es especialista en el tema de esterilizaciones forzadas y explica por qué el Programa de Planificación Familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori estuvo cruel y pésimamente planteado desde un inicio, y demuestra que sí fue una política de Estado. PUEDES VER: Fiscalía debe precisar temas de los testigos en caso Gregorio Santos ¿Por qué es cuestionable el Programa de Planificación y Salud Reproductiva del régimen de Fujimori? Porque pretendía ser un programa de planificación familiar, y para el cumplimiento de un programa de esas características se requiere que sea de manera voluntaria, el consentimiento legítimo de las personas y que las pacientes sean sometidas a exámenes preoperatorios y posoperatorios. El programa que aplicó Fujimori es catalogado como un crimen de lesa humanidad porque fue un sistema de metas y de cuotas a cumplir en un determinado tiempo, privilegiando el método de la ligadura de trompas o la vasectomía, antes que los otros métodos anticonceptivos, aplicado sin un consentimiento legítimo, e incluso en muchos momentos aplicando la fuerza física y psicológica con acoso domiciliario. ¿A qué se refiere con "consentimiento legítimo" o "consentimiento informado"? Es una especie de código de ética según el cual el paciente no solo tiene que estar informado del procedimiento médico que se va a seguir, sino que además tiene que comprender qué es lo que se le va a hacer en el cuerpo y cuáles pueden ser los riesgos o consecuencias que pueda tener la operación. ¿Las mujeres que ha entrevistado durante su investigación aceptaron esterilizarse mediante el consentimiento informado? Desde 2012 hasta la actualidad he realizado un trabajo en la costa, sierra y selva, en el norte, en el centro y en el sur del Perú, y lamentablemente las mujeres de las que yo he tenido la oportunidad de obtener un testimonio directo no firmaron ningún consentimiento legítimo. El jefe de ginecología del Hospital Amazónico, en Pucallpa, que en el periodo de 1996 al 2000 fue ginecólogo de este hospital, ha dicho a La República que en esos años no eran necesarios los consentimientos informados, y que no era obligatorio. Decir que como política de Estado no era necesario pasar por el procedimiento del consentimiento informado, y que este no era obligatorio, es bastante grave y explicaría por qué es que hasta hoy no se hacen públicos dichos consentimientos a nivel nacional. La razón sería porque no existen. Por eso hay miles de testimonios de víctimas y familiares quienes aseguran que no hubo un procedimiento de consentimiento informado que podría calificarse de legítimo. ¿Procede la autoría mediata en el caso de las esterilizaciones forzadas? Fue una política de Estado. Los defensores del caso, tanto IDL y Demus como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirman el caso como un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado. Es más, el Estado peruano ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2003 que este ha sido un crimen de lesa humanidad que debería investigarse. Si las víctimas hubieran sido personas de otra clase social, el caso no habría demorado ni siquiera cinco años en llegar a juicio. Eran mujeres, campesinas, indígenas y pobres, así fue el crimen de la esterilización. ¿Debe plantearse la colaboración eficaz para obtener testimonios de los perpetradores? Sí, creo que es fundamental. Se trató de una política de Estado que incluyó beneficios y amedrentamientos al personal médico para que cumplieran con las metas. Hasta el día de hoy ese personal no sabe cuál ha sido su rol: si fue víctima o perpetrador. Y como fueron finalmente ambas cosas, entonces, para saber después de 19 años cuál ha sido la verdad del programa, sí es necesario que los médicos que participaron y tienen las pruebas reciban garantías para que entreguen sus testimonios. ¿Por qué en 1997 se registra el mayor número de casos de esterilizaciones forzadas? El programa comienza en 1996, con un promedio de 80 mil operaciones. Y, obviamente, iba a ir en aumento porque acababa de empezar. Entonces, en el segundo año, en 1997, superan las 110 mil operaciones en un solo año. Las denuncias comienzan desde 1996, es decir, apenas arrancó el programa se registran denuncias de médicos, de párrocos, de víctimas, etc. Estas denuncias se empezaron a verificar, y la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que financiaba más del 50 por ciento del programa de esterilizaciones, decide retirar gran parte de los fondos. Es por ello que en los años siguientes baja el número de las esterilizaciones. El ex ministro de Salud y congresista fujimorista, Alejandro Aguinaga, ha dicho que solamente se han registrado 34 esterilizaciones forzadas en todo el país, y que la responsabilidad es de los médicos. ¿Está de acuerdo? Aguinaga está equivocado. Hasta la fecha son más de 2 mil 74 denuncias en el Ministerio Público. Después de haber entrevistado a tantas mujeres y hombres esterilizados contra su voluntad, ¿qué es lo que más quieren las víctimas? Cuando hablamos de reparación en el caso de esterilizaciones forzadas, hablamos de reparar lo irreparable. Las grandes demandas de las víctimas son acceso a la justicia y reparación en términos de salud. Quieren que haya un buen sistema de salud que acoja tanto a ellas como a sus familiares. Un sistema de salud que comprenda todas las cuestiones más ligadas a la medicina tradicional y a las cuestiones culturales, es decir, un acceso a la salud en términos de derechos sexuales y reproductivos, los cuales puedan tener en cuenta las particularidades de la historia, de los cuerpos y de las culturas en el momento de desarrollarse, y que, además, no vulneren sus derechos fundamentales.,
