Presidente Humala promulgó norma que establece la creación de un registro nacional, así como la protección de las zonas de entierro. También deberá presentar una propuesta de ley para tener un banco genético e identificar a 15 mil peruanos sin rastro.,La esperanza de los familiares de hallar los restos de los cerca de 15 mil desaparecidos durante la guerra interna renació con la promulgación de la Ley N°30470 de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante los años 1980-2000, promulgada ayer por el presidente Ollanta Humala. PUEDES VER: Amnistia Internacional pide a PPK implementar ley de búsqueda De esta manera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) asume la responsabilidad de aprobar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tendrá carácter humanitario, ya que no se centra en la judicialización de los casos sino en la búsqueda directa de los restos a fin de dar tranquilidad y paz a los deudos. Este mecanismo se aprobará mediante resolución ministerial en un plazo máximo de 90 días hábiles. Registros individuales De este modo, se permitirá la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas ya que, en la actualidad, no se cuenta con una cifra exacta de las víctimas. "No tenemos esa información en el Ministerio Público porque no ha habido un trabajo articulado", explica Yuber Alarcón, abogado de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). El registro centralizará, sistematizará y depurará la información suministrada por las entidades relacionadas con el proceso de búsqueda. Entonces, se tendrá un reporte personalizado de cada víctima, en el que se detallarán las circunstancias de su desaparición, información acerca de los familiares, así como el registro de acciones de búsqueda que se haya realizado. Con la ley, también se concretará el Registro de Sitios de Entierro (fosas comunes), que se presume podrían llegar a ser alrededor de 1,400 puntos que contendrían restos de personas secuestradas por terroristas o detenidas por miembros de las fuerzas del orden. Además, la norma prevé que se dé protección a estos espacios, que se van deteriorando por el paso del tiempo, la acción humana o animal, ya que en su mayoría están en zonas agrestes. Asimismo, el Minjus tiene 60 días hábiles (desde ayer) para presentar una propuesta de ley sobre la creación de un banco genético. De este modo se tendría un registro de los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares para facilitar la identificación. Obligaciones por sector Ya que será una tarea articulada, la cartera de Justicia y Derechos Humanos se encargará de sistematizar la información que reciba de los deudos para contar con el registro de víctimas y sitios de entierro. Por su parte, el Ministerio de Salud se encargará de brindar atención psicosocial a los familiares de los desaparecidos durante todo el proceso. Este apoyo se brindará en la lengua correspondiente, sin transgredir las tradiciones de los deudos. Mientras que el Ministerio Público tendrá la tarea de realizar las exhumaciones, luego de aprobado el plan humanitario. Y los gobiernos regionales y locales apoyarán con la entrega de ataúdes y nichos. Un largo camino En 2012, la Defensoría del Pueblo impulsó el proyecto que obtuvo recién la aprobación del Congreso de la República el 26 de mayo último, que terminó por promulgarse ayer. La presidenta de Anfasep, Adelina García –cuyo esposo fue detenido por militares en 1983 en Ayacucho–, señaló que velarán para que se implemente con prontitud. "Esta ley es muy importante para nosotros, porque hace más de 33 años seguimos esperando a nuestros seres queridos y no sabemos dónde están. Ahora estaremos exigiendo al ministro de Justicia para su reglamentación y comenzar a trabajar", expresó García a Ideeleradio. Por su parte, Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, resaltó el compromiso del electo presidente Pedro Pablo Kuczynski con los familiares de las víctimas. "Esperamos que el tema de derechos humanos sea un tema transversal a su gestión", dijo. El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, indica que el nuevo gobierno debe disponer de recursos para llevar a cabo el Plan Nacional de Búsqueda. "Esta no es una labor que se agote en un año o dos años, pero requerimos dar pasos firmes y concretos que demuestren que hay una clara voluntad de avanzar en este proceso", declaró. Exhortó a que se establezcan plazos en el Plan ya que los avances en anteriores gestiones fueron mínimos.
