Lavadora naranja. A estos casos se suma el proceso investigativo iniciado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lima contra la candidata Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella.,El fujimorismo es probablemente una de las organizaciones políticas con más procesos judiciales o investigaciones fiscales relacionadas con el delito de lavado de activos. Recientemente, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos inició una indagación a la candidata presidencial Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito Villanella por el mencionado ilícito. PUEDES VER: PPK a Keiko: "Le pido disculpas pero ella está rodeada de gente que no le hace bien" El fiscal Germán Juárez Atoche resolvió que existen suficientes indicios de que la pareja de esposos cometió el presunto delito de lavado de activos. En el caso de Mark Vito Villanella, por la compra de terrenos sin contar con fondos que lo respalden; y respecto a la candidata de Fuerza Popular, por la recaudación sospechosa de fondos mediante cocteles. Además de recibir aportes de la empresa LVF Liberty Institute, constuida por peruanos en Estados Unidos, para no identificar a los verdaderos aportantes. No es un caso aislado A diferencia de otros partidos políticos peruanos, el fujimorismo es el único al que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a uno de sus financistas, Luis Calle Quirós –hermano de uno de los miembros del comité directivo del partido fujijmorista, Juan Calle Quirós–, de ser un "capo internacional de lavado de activos", en 2013. Fuerza Popular pretendió resolver el problema devolviendo el dinero que aportó Luis Calle, pero hoy en la Fiscalía de Lavado de Activos existe una investigación en curso. Lista comprometida La legisladora Karina Beteta Rubín ha sido reelegida no obstante que tiene pendiente de resolución que la Quinta Fiscalía Superior de Lima, que despacha Edwin Quiroz Vallejo, se pronuncie sobre un caso de lavado de activos procedente del narcotráfico. El cuñado de Beteta, Luis Egoavil García, estuvo preso por narcotráfico y desapareció cuando se le inició un nuevo proceso por el mismo delito, dejando sus propiedades a su esposa, Lus Atencia Rubín, hermana de la fujimorista Beteta. La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo señala que existen evidencias de que Karina Beteta y su hermana Luz Atencia constituyeron empresas con fondos del narcotraficante Luis Egoavil. Beteta lo niega todo. Por otro lado, desde agosto de 2014, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos investiga al electo congresista fujimorista Modesto Figueroa Minaya, un empresario que se dedica a suministrar combustible a los mineros ilegales con cuatro grifos en Puerto Maldonado y en otros en Masuko y San Sebastián, Madre de Dios. En las investigaciones se acredita que Modesto Figueroa ha registrado un considerable e inusual crecimiento de su patrimonio, que se presume es producto del lavado de activos que provienen de las actividades mineras ilegales. Antes de su despegue económico, Modesto Figueroa era vendedor ambulante en Puerto Maldonado y luego se dedicó al servicio de mototaxi, y ahora es propietario de al menos media decena de grifos. Su caso se asemeja al de Joaquín Ramírez, quien empezó como cobrador de combi. Algo similar ocurre con la congresista fujimorista electa Marita Herrera Arévalo, de la región Amazonas. Al presentar su Hoja de Vida, señaló que tenía ingresos por 4 mil soles mensuales, monto que, según la Fiscalía Anticorrupción, es incompatible con su participación en millonarias inversiones como empresaria del rubro de la construcción, así como en la compra de terrenos e inmuebles. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción elevó el expediente a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. El reelecto congresista fujimorista Wuiliam Monterola Abregú, representante por Huancavelica, afronta una investigación por lavado de activos seguido por la 48a Fiscalía Provincial Penal de Lima. En el 2015, el fiscal Marco Villalta Infante formuló denuncia penal contra la hermana del legislador fujimorista Rosa Monterola Abregú, y su sobrino, Julio Yreno Monterola, por haber actuado como testaferros del congresista Wuiliam Monterola. A estos cuatro congresistas electos se debe sumar al legislador fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra, denunciado por la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, el 9 de septiembre de 2014. El caso sigue en curso y obligó a Ramírez a renunciar a la secretaría general de Fuerza Popular. En blanco y negro Según la indagación fiscal, los parientes de Monterola ocultaron casi 810 mil dólares en hipotecas y dación de pagos. Por su condición de congresista, la fiscalía tiene problemas para seguir adelante en el caso. Así que el fiscal despachó el expediente al titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, para que resuelva como corresponda. En el 2011, el entonces candidato al Congreso por el fujimorismo en representación de Huánuco, Juan Almonacid Minaya, fue sometido a investigación por narcotráfico y lavado de activos. El caso lo abrió la Fiscalía Provincial Mixta de Bolognesi, en Áncash. Almonacid es propietario de la empresa de transportes Turismo Armonía, en cuyas unidades la policía antidrogas encontró hasta en 10 oportunidades cargamentos de droga. El fiscal Alexander Llumpo Neciosup concluyó que los dueños de la línea de transporte estaban comprometidos con una red para transportar estupefacientes producidos en Huánuco. El delito de lavado de activos persigue al fujimorismo. Enfoque Fuerza Popular debe contribuir y no obstruir Carlos Caro Coria Abogado experto en Lavado de Activos Todos los casos mencionados serían evidencias para profundizar las investigaciones, porque para que haya un caso de lavado el punto de partida es determinar si esa plata viene de un origen ilegal. Habría que ver si hay relación con un hecho delictivo, si son de empresas offshore, terceras personas, etc. Cuando hay este tipo de evidencias aún se considera como indicios para empezar la investigación aunque todavía no se puede adelantar cuál será el resultado final. En estos casos concretos el fiscal tiene que buscar las pruebas concretas si tiene causal. La posición de Fuerza Popular debe ser de contribuir con esclarecer la investigación, desde el punto de vista jurídico tienen el deber de colaborar con la fiscalía presentando la documentación correspondiente. La ley establece un marco de acción y las dilataciones pueden perjudicar las investigaciones. Incluso hubo una fiscal que se ha quejado de que están retrasando las investigaciones, eso no permite esclarecer la responsabilidad de los investigados. Policía de Lavado pide que Yoshiyama sea indagado La División de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Divila) emitió un informe al Ministerio Público en el que señala que quien fue secretario general fujimorista en la campaña presidencial del 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka, aportó hasta 2 millones de soles mediante el uso de familiares, colaboradores y empresas. La policía sostiene que el dinero provendría de actos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Por eso la unidad policial ha pedido iniciar investigación por presunto lavado de activos contra Jaime Yoshiyama y otras 13 personas. En 2011, Yoshiyama denunció que le robaron sus computadoras donde guarda información de la campaña de 2011.
