Keiko Fujimori se alía a la minería informal en busca de votos

La candidata de Fuerza Popular se comprometió a “erradicar el abuso de instituciones del Estado, entre ellas los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente"., La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, firmó en Juliaca el pasado 20 de marzo un acta de compromiso con Javier Chura Luque, presidente de la Central de Cooperativas de La Rinconada, para echar atrás el proceso de formalización minera. PUEDES VER: Alan García rechaza críticas de secretario general de la OEA | VIDEO Sus llaves para lograr entrar a La Rinconada, donde malviven 50 mil habitantes e impera la trata de personas, fueron dos de sus candidatos al Congreso. Keiko estuvo escoltada por Moisés Mamani Colquehuanca, número uno al Parlamento, y Kesia Sánchez Larico, la número tres y principal gestora de la visita a esa zona minera. Sánchez Larico es esposa de Óscar Huanca Pari, socio de la Cooperativa San Francisco, considerada por sus propios trabajadores como un monstruo de la minería informal. La República intentó ponerse en contacto con la candidata al Congreso, pero el coordinador de FP en Puno, Óscar Huaraya, informó que se encontraba incomunicada “probablemente en la mina”. El representante legal de la Cooperativa San Francisco es Tomás Cenzano, ex congresista aprista a quien se relacionó en el 2009 con el campamento Winchumayo (Carabaya, Puno), donde murieron 10 mineros a causa de un derrumbe. El compromiso Tras su visita a La Rinconada, en la que Keiko anunció su decisión de echar atrás la formalización minera, la candidata se reunió con representantes de las cooperativas de la minería informal en Puno (ver fotografía). Fue allí donde firmó el acta de compromiso. En esa reunión, celebrada en un hotel en Juliaca, estuvo presente Kesia Sánchez, quien hoy enfrenta un proceso de exclusión que se encuentra en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presunta entrega de dádivas. Keiko se comprometió a “erradicar el abuso de instituciones del Estado, entre ellas los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente". La propuesta de Keiko beneficiará a los mineros que huyen del pago de impuestos y del cumplimiento de normas ambientales, advierte el presidente del Frente de Defensa de la cuenca del Ramis, Vladimir Mamani. Concretamente, la iniciativa es favorable para “los grandes contratistas mineros”, entre ellos la Cooperativa San Francisco, que mantiene relaciones informales con sus trabajadores, detalla, por su parte, Efraín Quispe, dirigente de la Asociación de Trabajadores Mineros de La Rinconada (Astramin). En Arequipa Puno no es, sin embargo, la única región del país donde FP logró el apoyo de la minería informal. En Arequipa, donde hay aproximadamente 40 mil mineros informales, Keiko llegó con la misma propuesta de comenzar nuevamente desde cero la formalización minera, apadrinada esta vez por Nilson Flores Suárez, candidato con el número 4 al Congreso invitado por FP, a quien la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami) identifica como representante del sector minero informal. En diálogo con La República, Flores, quien fue dirigente de la Federación de Mineros Artesanales del Perú, reconoció su vínculo con los mineros informales y ratificó la propuesta de derogar los decretos legislativos que buscan la formalización. Si finalmente el proceso de formalización se anula, como propone Keiko, “posiblemente veremos más dragas en Madre de Dios”, advierte el abogado ambientalista César Ipenza. Un candidato presidencial menos demagogo optaría por mejorar las normas de acuerdo a la realidad de cada región, en lugar de derogarlas, asegura, por su parte, el ingeniero de minas Américo Arizaca. Keiko, sin embargo, apunta solo al 10 de abril. Propone derogar el decreto 1105 Entre los decretos legislativos que Keiko Fujimori propone derogar se encuentra el 1105, que busca facilitar la formalización minera. La norma establece seis pasos para la formalización, que se inicia con la “Declaración de compromiso”. El abogado ambientalista César Ipenza advirtió que derogar ese decreto echa por la borda la inversión económica que realizó el Estado. "El proceso del diseño de las leyes demandó el trabajo de cerca de 15 ministerios de manera articulada con profesionales que son pagados por nosotros", explicó.