Catalina Botero. Ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.,Catalina Botero fue relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) hasta el 2014. Hoy forma parte de una ONG Dejusticia en Colombia, su país. Esta vez volvió al Perú para presentar el estudio “Los críticos no son delincuentes”, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), sobre las leyes de difamación en América. Y para revisar la coyuntura. PUEDES VER: Barnechea espera que Keiko Fujimori acepte su invitación a debatir Con el CPJ, planteas despenalizar la difamación. ¿Por qué? Las normas de difamación son muy ambiguas: si se ofende el honor de alguien, se puede ir a la cárcel. ¿Qué es ofender el honor? ¿Una crítica? ¿Decir que una autoridad es inepta? La norma puede servir para inhibir críticas en asuntos importantes para el control social. Entre criminalizar a críticos y permitir una ofensa, la democracia privilegia la crítica. No significa impunidad: hay otros mecanismos, como los procedimientos civiles que pueden agilizarse. Puede haber uno especial para daños al honor. ¿Qué países abusan más de esa ambigüedad en nuestra región? Venezuela y Ecuador. En Ecuador hay condenas contra periodistas y críticos por injuria al presidente Correa. En Venezuela, Teodoro Petkoff y otros periodistas no pueden salir porque Diosdado Cabello se ofendió cuando reprodujeron una nota del diario ABC. Cuando en esos países se restablezca la democracia, serán condenados por violación sistemática de la libertad de expresión. En otros, como Panamá y Honduras, los jueces, por falta de análisis, condenan a periodistas y les prohíben ejercer. Se usan las normas para amedrentar a periodistas y críticos. En elecciones, corren muchas mentiras y la justicia es lenta para aclararlas. ¿Qué hacer? No puede ser excusa para usar normas violando la libertad de expresión o que sirven para amedrentar. Hay remedios que funcionan, donde jueces deciden en plazos cortos, por ejemplo, una rectificación. ¿En qué países? Colombia. Allí un juez resuelve una acción de tutela en diez días. La apelación demora 20 días hábiles y cuando llega a Corte Constitucional, esta da en tres meses la decisión final. ¿Mejor que la autorregulación? Las dos son buenas. El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana es buen ejemplo. En casos extremos de alguien que publica información sabiéndola falsa, sin corroboración, puede haber sanción civil, como multa o reparación. ¿El Perú cómo va en este tema? Hay resistencia a despenalizar la difamación porque fue muy dramática la experiencia de la prensa chicha y su uso por el gobierno de Fujimori para desprestigiar a sus críticos. Pero en el informe del CPJ vemos casos donde las normas se usan de modo arbitrario, sobre todo para enjuiciar a periodistas de provincias. Así se evita la crítica en lugares alejados del país. Como en el caso Áncash... Eso pasa mucho en el interior. Además de la cárcel, los periodistas a veces arriesgan la vida. En México el periodismo es profesión de alto riesgo. Brasil en cifras ya superó a México, pero su respuesta ha sido muy rápida, ya hay condenas contra asesinos o agresores de periodistas. El factor más importantes de la violencia es la colusión de la criminalidad organizada y autoridades locales. ¿El Perú y Colombia están en camino de estar como México? No soy experta, pero el narcotráfico opera como un holding que está en varios países: pequeños carteles arman una gran cadena. Mientras este opera de modo regional, la seguridad en los países está dividida, no hay política regional de lucha contra el crimen organizado. La prensa cumple un gran papel porque puede denunciar la colusión. Si la prensa no está protegida, las autoridades no tendrán información. Cierta prensa se deja llevar por la fascinación del narco, como en la entrevista al Chapo. Esos casos no pueden ser vetados. Es síntoma de algo más profundo: una enfermedad de antivalores. Contra ella hay que luchar. El mal periodismo se combate con buen periodismo. Ese periodismo acrítico de antivalores, se combate contando historias de las víctimas y cómo el crimen destroza y somete, mostrar esa otra faceta. Volviendo al Perú, ¿cuánto afecta que un grupo económico acapare la mayor lectoría? La Comisión Interamericana dice que la concentración en propiedad o el control real del conjunto de medios afecta la deliberación y, por tanto, la democracia, pero tienes que mirar el conjunto: si hay una voz que excluya a otras o hay ambiente para que otras voces puedan surgir. Si una voz acapara o controla, hay que pensar en formas para que otras puedan existir, haya competencia de voces y la gente esté informada de modo plural. En esta campaña, vemos violencia contra periodistas. Un dirigente fujimorista empujó con su cabeza a un camarógrafo en Arequipa. ¿Cómo reaccionar? Las agresiones físicas son una alerta amarilla y si se convierten en lesiones o violencia, es alerta roja. Eso debe generar una reflexión social sobre por qué hay gente que siente la impunidad de atacar a un periodista y no hay reacción social. ¿Cuál es el rol de los líderes, considerando que Keiko Fujimori justificó a su dirigente y que ha seguido la violencia? Los líderes políticos tienen gran responsabilidad para evitar la violencia contra la prensa. Un líder debe ser capaz de soportar las críticas. Pueden ser fuertes pero son parte de la democracia. Se le ha dicho varias veces a Correa, Chávez, Maduro, porque con sus discursos incitan las agresiones. ¿Cómo evaluar sobre libertad de expresión a los candidatos? Para que haya democracia, debe haber deliberación: acceso a información, que la prensa pueda actuar sin miedo... Un candidato que no teme eso, que no quiere regular contenidos, que esté dispuesto a mayor escrutinio, que sepa que las críticas ayudan para gobernar, desde mi perspectiva, haría un gobierno democrático. Si alguien cuestiona no la cobertura sino a la prensa como tal, cree que la gente es tonta y se deja manipular, creo que hay una alerta, porque esa persona se siente iluminada y que no necesita control social. Esas posturas antidemocráticas conducen al desastre, como en Venezuela, o lo que vemos en Ecuador. Si sofocan la crítica y la prensa, surge la corrupción. ¿Lo mismo para candidatos que muestren simpatías por los modelos de Venezuela, Ecuador o el Perú de los noventa? No me cabe la menor duda... Exactamente. Cualquier simpatía con un régimen no democrático muestra un talante antidemocrático... No es cuestión de ser de izquierda o de derecha. Como dices, el Perú de los noventa... ¿El Perú de los noventa qué tiene de izquierda?