Áncash tuvo cinco gobernadores regionales en tres años, ahora tres de ellos en prisión, autoridades asesinadas, vacadas y revocadas, y una ausencia de proyecto regional. Entre los años 2007 y 2010, el 10% de alcaldes distritales fueron vacados y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta. Áncash es el laboratorio de un modelo donde lo que sigue a la corrupción es más corrupción, una realidad parecida a varias regiones y municipios, y que si nos descuidamos terminará siendo la forma natural e irreemplazable de la política peruana. Comparto la idea de que la primera medida para impedir la corrupción de los políticos es prevenirla. En tal sentido, en Áncash como en otras regiones han fracasado las estrategias preventivas, incluidas las más recientes, como la Hoja de Vida y la Ventanilla Única. Esta ausencia de prevención se condiciona con los incentivos a la corrupción, a saber: 1) el incremento del costo de las campañas, 2) la facilidad para la formación de la oferta electoral; 3) el fácil retorno al poder de los políticos sancionados; y 4) la destrucción de las capacidades de control social y público y de rendición de cuentas. Como respuesta, requerimos abordar seriamente las siguientes soluciones, ahora que empiezan a debatirse las reformas electorales: 1) debe rebajarse el costo de las campañas, con topes a los aportes y prohibiciones de reparto de dádivas –incluidos alimentos– y el establecimiento de un piso mínimo de campaña, prohibiendo al mismo tiempo la publicidad en TV y fijando techos financieros a otras formas de publicidad; 2) la política debe retornar al poder y reemplazar al negocio. De hecho, los políticos que aspiran a representarnos tengan que ser eso, políticos, de modo que se exija un tiempo mínimo de militancia en una organización para postular a un cargo de elección popular, que se acabe el fichaje de independientes –la mayoría por su dinero– y que los partidos y movimientos se formen por lo menos tres o cuatro años antes de los procesos electorales; 3) las autoridades revocadas y vacadas no deberían volver al poder, además de los sentenciados por determinados delitos; y 4) innovar la rendición de cuentas y la transparencia para hacerla vinculante, sancionable, y ágil, reformando y descentralizando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el D. Leg. 1353, que ha quedado claro que no sirve para luchar contra la corrupción. Al mismo tiempo, si el Sistema de Control no es eso, un sistema, financiado y respetado, no habremos avanzado mucho. También comparto la idea de que la mejor ofrenda a la corrupción es la impunidad, la misma que asume varias dimensiones: 1) tramas corruptas “tocadas” pero no disueltas; 2) investigaciones y enjuiciamientos largos; 3) resistencia a juzgar la actividad criminal organizada, disolviendo los casos emblemáticos; y 4) sanción a los corruptos pero no a los corruptores. Como respuesta, requerimos abordar las siguientes soluciones: 1) disolver las tramas corruptas, prohibiendo a las empresas y personas implicadas contratar con el Estado, directamente a través de fondos generados e impedir que el funcionario sancionado retorne al Estado a través de otras modalidades informales; 2) reducir los plazos de investigación fiscal, especialmente en los casos de lavado de activos y crimen organizado; 3) impedir la subdivisión de los casos que llevan al juzgamiento del crimen organizado; y 4) sanción a los corruptores, lo que implica de plano cambiar las bases para la formación de las hipótesis delictivas. Finalmente, estoy convencido en la utilidad de los pactos sociales. En Áncash, como en Cusco, Loreto, Huánuco, Pasco o Tumbes, regiones castigadas severamente por la corrupción, hubo movilización en favor de la integridad de sus políticos pero no pacto, de modo que no se concretó una ruptura clara con el sistema imperante. Nunca más movilización sin pacto. http://juandelapuente.blogspot.pe/
