Resolución que implica un riesgo para el periodismo.,Ni la vorágine de estos días de final de campaña debiera impedir que se advierta sobre riesgos para fundamentos de la democracia como es la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, y ese ha sido el caso de una resolución reciente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. El presidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, presentó ante dicho tribunal una queja contra el diario Perú.21 por el artículo “Investigan a cuatro fiscales y a un juez del Callao”; particularmente, por la leyenda de una fotografía: “Movidas. Magistrados del primer puerto habrían favorecido a Moreno”. Como precisa dicho diario, el artículo tomó como referencia una resolución de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía del Callao por la cual se abrió una pesquisa preliminar contra cinco magistrados por no haber investigado debidamente a Moreno por el caso de un desalojo en Ventanilla. El tribunal le dio la razón a Moreno con una resolución que, en la práctica, implica que los medios están obligados a corroborar la veracidad de todas las informaciones que publican, a pesar de que provengan de afirmaciones de terceros recogidas en el ejercicio de la función periodística. Este fallo implicaría que una investigación preliminar del Ministerio Público no constituye prueba suficiente para informar sobre la presunta vinculación de un funcionario bajo investigación. Así, sugiere que un periodista no puede usar informaciones provenientes de investigaciones fiscales y procesos judiciales. Ahora, Moreno ha presentado, con dicha resolución en las manos, una querella por difamación agravada contra el director de Perú.21. A través de una alerta, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) ha señalado que esta querella carece de fundamento porque el diario hizo un reporte fiel de los hechos. Por transparencia debida, se advierte al lector que este columnista es presidente de Ipys y que integra la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana. Sin dejar de reconocer la valía de cada integrante del tribunal, y reconociendo su fuero, esta columna plantea su desacuerdo más profundo con su resolución porque, por las razones señaladas, implica un recorte sustantivo del trabajo que puede hacer un periodista al establecer que no se podría informar de investigaciones oficiales preliminares, ni utilizar las declaraciones y opiniones de terceros mediante entrevistas o comentarios. Esto mella la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el Perú.
