No es casualidad que las tres personas que han ganado un Premio Goldman en el Perú sean mujeres: María Elena Foronda y su lucha contra la pesca indiscriminada en Chimbote; Ruth Buendía, dirigente de CARE, y sus reivindicaciones indígenas y Máxima Acuña Atalaya de Chaupe y su gran batalla por la propiedad de su tierra y por el agua para su comunidad en la confrontación contra el Proyecto Minero Conga. Las mujeres en el ámbito de los conflictos sociales están cumpliendo un rol preponderante —Mar Daza del PTDG y la ingeniera económica Kely Alfaro han realizado avances de investigaciones al respecto— muy similar al que han cumplido las madres, viudas e hijas que han buscado y buscan a los desaparecidos o asesinados del conflicto armado interno. Me refiero al fortalecimiento de la resistencia a través de la demanda indesmayable de justicia: no solo con denuncias ante el Poder Judicial sino también compartiendo sus vivencias y su testimonio. El caso de Máxima es un ejemplo de coraje, resistencia, resiliencia y optimismo frente a la aplanadora que puede ser una empresa con grandes capitales y poder como lo es minera Yanacocha. Es una empresa internacional —segunda de oro en el mundo— que cuenta con los estudios de abogados más prestigiosos y sofisticados para luchar contra la familia Chaupe por la propiedad de 23 hectáreas de terreno que están en el corazón del proyecto. Al otro lado está Máxima, su familia nuclear (cuatro hijos y Jaime, el esposo) y su abogada, Mirtha Vásquez, directora de GRUFIDES, una pequeña ONG que ha sido espiada, estigmatizada y vapuleada por SECURITAS (seguridad de Yanacocha-Conga). La ONG cuenta con un presupuesto exiguo financiado por la institución católica Misereor con el aval del Obispo de Cajamarca. En el caso del juicio por usurpación agravada que la empresa interpuso contra la familia, ellos perdieron; pero en el juicio civil, con toda la presión y con las demoras clásicas de nuestro sistema, la jueza ha dado una orden preventiva de no “intervenir” en el terreno, lo que implica incluso no sembrar. Esta situación —a pesar de que ha sido desafiada por la familia— no les permite siquiera comer porque, como se ha repetido mil veces, ellos se proveen de sus propios recursos. Una violación al derecho alimentario. Los colegas de OjoPúblico han difundido ayer un meme que dice: “Máxima Acuña: la luchadora de Cajamarca ahora es intocable”, lo mismo tuiteó ayer mi querido colega Andrew Miller, desde AmazonWatch en Washington. Lamentablemente eso no es cierto: Berta Cáceres, Premio Goldman 2015, activista del pueblo lenca contra las megarrepresas en Honduras, fue asesinada hace un mes durmiendo en su casa. Eso es lo que NO queremos que suceda con Máxima Acuña. Dirán ustedes, desconcertados lectores, que es imposible porque una empresa como Yanacocha no la va a mandar a matar. Es cierto: pero sí van a estar muy molestos con este premio aquellos que se benefician de la empresa y ahora se sienten perjudicados porque Newmont ha retirado a Conga de sus reservas debido a la expiración de los permisos de operación. ¿Y qué creen que pueda suceder con Keiko Fujimori o PPK en el gobierno?, ¿continuarán las medidas cautelares que ha solicitado la CIDH para Máxima? Cuidado: la tentación autoritaria está a la vuelta de la esquina.
