La Contraloría General de la República acaba de publicar un informe sobre la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) donde dice que hay presunta responsabilidad administrativa de funcionarios (1). ¿Por qué? Porque no previeron de dónde vendría el gas para el tubo que debe llegar a Ilo y Mollendo, pasando por Cusco y Arequipa. ¿Y cómo se podría haber hecho esta previsión? A primera vista, la cosa parece simple: se debió firmar contratos con las empresas que tienen las reservas en Camisea. Lógico: si el Estado peruano decide que el GSP es clave para la matriz energética y la industria petroquímica, entonces los privados deben adecuarse. Y, claro, se les pagará el precio pactado en el contrato. Pero la cosa no es simple porque la Ley de Hidrocarburos 26221 de 1993 establece que los licenciatarios son los dueños de la molécula. Paradójicamente, ese es el argumento de la CGR (Informe, página 67). Por tanto, si quieren, dan el gas para el GSP. Si no quieren, no. Y los licenciatarios hasta ahora no se deciden. La situación es cantinflesca: la CGR acusa a los funcionarios de falta por no garantizar las reservas, pero resulta que esa garantía depende de la decisión de los licenciatarios. Y si no quieren, no hay reservas. Peor: en esa lógica, la licitación no debería haber ocurrido. Por más vueltas que le demos al asunto, siempre llegamos al mismo sitio: ellos son los dueños de la molécula Esto se traslada a los Planes de Masificación del Gas Natural y, también, a la exportación de gas del Lote 56. Vamos por partes. Los planes de masificación –en los países con gas– se hacen siempre a escala nacional para llevar energía barata –y más limpia– a millones de hogares. Así ha sucedido en Argentina, Colombia y Bolivia, donde los Estados, a través de políticas públicas (y sus empresas petroleras) extendieron las redes nacionales de ductos y de conexiones. Pero aquí hay una política fraccionada e inconexa, una colcha de retazos, a la medida de los intereses privados. En el 2013 Proinversión licitó dos concesiones. Una para Trujillo, Lambayeque y Áncash y otra para Arequipa, Moquegua y Tacna. También en el 2013 se licitó la concesión para Ayacucho y otras ciudades de la sierra. En el 2016, el Ministerio de Energía y Minas decidirá sobre la concesión en Piura. Antes, en el 2008, Contugas ganó la concesión en Ica y desde el 2004 Calidda tiene la concesión para Lima. Salvo estas dos últimas, las demás masificaciones no han comenzado, a pesar que Proinversión “preveía” que estarían listas en el 2015. En las ciudades del norte y del sur, Peru LNG ha demorado la construcción de la planta cargadora en Pampa Melchorita (de US$ 15 millones), que debía estar lista en el 2015 y ahora, dicen, estará en el 2017. ¿Por qué? Solo lo saben los dueños de la molécula. Qué diferencia con Colombia (en la década del 90) y Bolivia (desde el 2007), donde los Estados, junto con su empresa petrolera, desarrollaron las redes de ductos y las conexiones domiciliarias (en Colombia, después, el Estado vendió su participación a los privados). Hoy Colombia y Bolivia tienen 3 millones y 550,000 hogares conectados. En el Perú, solo hay 350,000 conexiones domiciliarias desde el 2004, cuando llegó a Lima el gas de Camisea. La cereza de la torta es la exportación del gas del Lote 56, negociada del 2003 al 2006 en el gobierno de Toledo, cuando PPK fue Premier y Ministro de Economía. Aquí el Estado no tiene ninguna participación en la exportación, pues la exclusividad fue de Repsol, hasta el 2014, en que le vendió los derechos a Shell. Sucede que estos contratos tienen cláusulas que disminuyen sensiblemente la regalía que se debe pagar a Perupetro. Más grave: se han negociado contratos de largo plazo con México sin cláusula de equilibrio de precios. Resultado: ahora que estos han caído en el mercado Henry Hub, la regalía por el gas exportado es inferior a la del mercado interno. Más grave que lo anterior, el gas destinado a México se ha reexportado a precios mayores, lo que no se comunicó al Estado peruano. Pero Perupetro lo descubrió en el 2012 y le ganó el arbitraje en el CIADI en el 2015 al Consorcio Camisea y se recuperaron US$ 62 millones de regalías no pagadas. Más grave aún que lo anterior: en el 2014, Shell exportó gas a México a precios superiores al Henry Hub y eso no se comunicó, tampoco, al Estado peruano. Cuando se reveló, se afirma que el Estado ha recuperado US$ 13 millones de regalías no pagadas. ¿Quién hizo esa valorización? ¿Dónde está el informe oficial que certifica que esa es la cifra? No lo sabemos. Queda clarísimo, entonces, que nuestra seguridad energética está sujeta a la rentabilidad privada. Eso no es así ni en EEUU, donde la exportación de petróleo estuvo prohibida desde 1980 hasta diciembre pasado. No podemos tener política energética propia y energía barata para la gente, porque así lo determina la ley de Fujimori de 1993, lo que continúa en el gobierno de Toledo y PPK. Alan García y Ollanta Humala siguieron con piloto automático. Somos dueños de nada, porque la molécula es de ellos. Para desenredar esta madeja se deben renegociar los contratos de licencia para que sea el Estado peruano quien decida con soberanía el destino de sus recursos. Esto se puede hacer porque sí se puede plantear la renegociación de contratos (2).Es lo que afirma el plan de gobierno del Frente Amplio con Verónika Mendoza. A eso vamos. (1) CGR: Informe de Auditoría # 937-2015. (2) http://www.otramirada.pe/%C2%BFse-puede-renegociar-el-contrato-del-lote-56-del-gas-de-camisea Nota: En nuestro artículo del 7 de marzo, A ganar en la cancha, en el séptimo párrafo dice 25% del PBI. Debe decir: 2% del PBI.
