Las elecciones de abril de este año serán las últimas del siglo XX. La idea de que con ellas terminará un ciclo, sobre lo que existe cierto consenso, debe ser precisada a partir de ciertos hechos sobre los cuales también existe un relativo acuerdo pero que a menudo evitamos referirnos como un parámetro de nuestro sistema. Es innegable que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 organizó un sistema que fue impactado por la caída del gobierno de Alberto Fujimori el 2000, dando lugar a 15 años de un régimen democrático que nos lleva por primera vez desde 1999 a una cuarta elección sucesiva de un gobierno constitucional. Imposible igualmente negar que durante este período se registraran logros inéditos como un largo crecimiento económico de más de 12 años, la rebaja de más de 30 puntos de pobreza y la mejora relativa de la distribución del ingreso. Estos resultados se deben a una dinámica compleja del llamado modelo de economía impuesto en 1992, innovado por los tres gobiernos que sucedieron desde el 2001 (que incentivaron especialmente la demanda y la inversión pública) sin afectar su núcleo duro, y con efectos igualmente duros como una severa rebaja de la producción para el mercado interno y el debilitamiento de sectores cruciales como el de Manufactura y Agropecuario. Menos complejo es el ámbito político/institucional que prácticamente no fue tocado. Las reglas para la formación y ejercicio de la representación son las mismas y tampoco ha variado la relación entre el Estado y la sociedad salvo el incremento de la regulación para determinadas actividades en el mercado. Al contrario, el modelo político instaurado en 1992 se ha profundizado, de modo que la antipolítica es más vigente que nunca. Apreciando el largo plazo, no se pueden negar “las cosas sucedidas desde el 2000” aunque las rupturas entre el período 1992-2000 y 2000-2015 son menores que las continuidades. La crisis de las instituciones que preside el actual proceso electoral no se debe a las reglas establecidas en el período 2000-2015 sino a la falta de reformas de las reglas generales originadas en 1992, y a que el impulso de la transición del año 2000 fue ahogado. Sobre ese escenario marcado por las continuidades se agolpan nuevos fenómenos que impulsan el señalado fin de ciclo a propósito de las elecciones de este año. Entre los más dinámicos se cuentan tres: 1) el fin del crecimiento conocido que ha pulverizado el consenso dentro de la ortodoxia y de la heterodoxia económicas; 2) la crisis de seguridad que ha desnudado el bajo estándar de los derechos de propiedad y de justicia; y 3) el estallido de la corrupción que ha reducido a mínimos la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones. Por otro lado, la relación entre lo nuevo y constante en este proceso está marcada por lo segundo. El fujimorismo, una candidatura fuerte en las elecciones de este año, fue hegemónico entre 1992 y 2000 y la principal fuerza de oposición a los 15 años de democracia 2000-2015. Asimismo, Humala, la única apuesta de cambio de los últimos años, ha sido sobre todo la continuidad en lo económico y sobre todo en lo político, en tanto que los principales animadores de las elecciones lo han sido de varios procesos electorales y gobiernos: Toledo fue candidato en 5 elecciones y presidente, García fue presidente y candidato en 3, Keiko en 2, PPK también en 2 y ministro y premier entre 2001 y 2006 y Acuña parlamentario, alcalde y gobernador regional. El fin del largo ciclo no asegura que lo que venga sea necesariamente bueno. No sería sensato predecir que quien gane las elecciones no pueda iniciar una reforma que mejore los contenidos de una república que a pesar de su precariedad tiene cosas que defender porque la historia está poblada de hombres “viejos” que hacen cosas nuevas y buenas. Sin embargo, también es cierto que tenemos varias crisis que parecen no agregarse para producir un efecto de cambio político y que lo nuevo, eso sí, es la escasa demanda reformista desde la sociedad. http://juandelapuente.blogspot.pe/
