Sigue el conflicto. Mayoría de la Asamblea Nacional quiere remover a los jueces que dieron sentencia contra su función. Chavistas los acusan de vulnerar el orden constitucional.,La Asamblea Nacional activó el proceso de remoción de los siete magistrados del Tribunal Supremo que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo que reavivaron las tensiones políticas en Venezuela. La mayoría opositora del Congreso aprobó, sin la presencia de la bancada oficialista, la activación del proceso de destitución de los miembros de la Sala Constitucional del máximo tribunal, que podría extenderse por más de un mes y que ha sido objetado de antemano por la Corte y el oficialismo. Mientras los congresistas sesionaban, centenares de seguidores del gobierno se concentraron a las afueras de Congreso para protestar contra los opositores. PUEDES VER: Papa Francisco calificó de “masacre inaceptable” lo ocurrido en Siria Es poco probable que el proceso prospere debido a que el único órgano facultado por la constitución para investigar a los magistrados del Tribunal Supremo es el Poder Ciudadano. Lo integran la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, todos señalados de estar vinculados al oficialismo. Sin embargo, el diputado opositor Juan Miguel Matheus indicó que “todo está configurado para que esta Asamblea pueda remover a los magistrados”. Aseguró que en el caso de los siete magistrados se cumplen todas las causales para destituirlos y ser objeto de un proceso penal por el “golpe de Estado” que, aseguró, cometieron con sus sentencias contra el Congreso. Matheus dijo que luego que la Asamblea presentó el 31 de marzo una solicitud ante la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo para iniciar un proceso contra los miembros de la Sala Constitucional, comenzó a correr un lapso de ocho días para que los magistrados consignen sus defensas. Al completarse ese periodo, el Poder Ciudadano, deberá emitir un veredicto sobre la actuación de los magistrados. Según la Constitución venezolana, la remoción de los magistrados del Supremo requiere con anterioridad que el Poder Ciudadano –presidido por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab– califique como “falta grave” su actuación. “Golpe parlamentario” El jefe del grupo parlamentario chavista, Hector Rodríguez, consideró que, al saltarse este paso, la Cámara está llevando a cabo un “golpe de estado parlamentario”. Saab respaldo el pasado lunes la actuación del Supremo y negó implícitamente que en el país se hubiese “vulnerado el orden constitucional” tal como considera la mayoría opositora del Parlamento. Los diputados chavistas, que ingresaron a la sesión una vez que ya había comenzado, rechazaron el debate y lo consideraron “una violación de la Constitución”. Posteriormente, el jefe de la bancada chavista llamó a marchar también mañana en Caracas y recalcó que, según la Constitución, el Legislativo “no tiene potestad” para remover a los jueces sin el aval del Poder Ciudadano, y sin la mayoría de dos tercios de la Cámara, algo con lo que, aseguró, no cuenta la oposición.
