En los días recientes los peruanos hemos vuelto a quedar atrapados entre mensajes contradictorios que vienen desde nuestras propias autoridades: supimos, hace poco, que el Indecopi ha tomado la decisión de quitarle la posibilidad de usar el nombre “pisco” a aquellas empresas que participen en un concurso internacional que se celebrará en Chile si es que sus productos se etiquetan con el rótulo de “aguardiente de uva”. La medida, se supone, es una estratégica defensa de los grandes intereses de la patria. Un sablazo unánime por nuestro patrimonio cultural. Casi una reivindicación a la memoria de Grau. Curioso: el Estado peruano el que, por su ineptitud, permitió que Chile inscriba como suya la denominación de origen “pisco”. Más curioso es el impacto de su medida. Sancionarán a las empresas que vendan, en Chile, un producto que ya venden con un nombre que ya usan. Y además perderán la posibilidad de usar el nombre “pisco” dentro de nuestro país. Suena todo muy bien, salvo por el hecho de que lo único que están haciendo es doblar la capacidad de los empresarios peruanos de producir el producto que dicen defender. Evidentemente el pisco es peruano, pero… ¿Esta es la forma de defenderlo? Uno podría pensar que el Indecopi ha hecho más duros sus cánones ahora. La paradoja está en que esta semana nos hemos enterado d que para esta institución es mucho más importante el nombre de la bebida con la que brindan los chilenos que la Constitución de la leche que toman los peruanos. Y los dos bandos mercantilistas son claros: por un lado los que disfrazan de leche–con vaca y todo– un menjunje que no es leche y por el otro los que quieren evitar que se importe leche en polvo para proteger a la industria nacional. ¿Qué tal si nos dejan decidir qué compramos pero se aseguran de que eso sea lo que nos venden? No está tan difícil la chamba. Hay que definir prioridades y alejarse de la demagogia.
