El último miércoles 30 de diciembre fue un día histórico para las mujeres en Argentina con la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación, tras más de 12 horas de debate en el Senado. Una conquista de un derecho legítimo que inició hace más de 10 años en ese país y que hoy permite que la población femenina sea un poco más libre y pueda decidir sobre su cuerpo y su vida.
Debatir sobre este tema no es estar a favor o en contra, sino más bien decidir por el aborto legal o el aborto clandestino. Una idea que han comprendido los senadores argentinos que en 2018 votaron en contra de una ley similar y en este último debate cambiaron su posición.
La criminalización de esta práctica no hace que las mujeres dejen de abortar, pero sí que las más pobres y con menos recursos mueran en condiciones insalubres. Con este suceso, los colectivos feministas de América Latina renuevan su compromiso y apuestan por seguir luchando para poner el debate en sus países y lograr que esta sea ley.
En América Latina y el Caribe, hasta antes de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, solo tres países (Cuba, Uruguay y Guyana), dos territorios (Puerto Rico y Guyana Francesa) y dos ciudades (Oaxaca y Ciudad de México) habían dejado de criminalizar esta práctica.
Michelle García, integrante de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, resalta que la medida adoptada por el Senado de dicha nación responde a una necesidad de derechos humanos y salud pública. “Esta lucha es un precedente histórico en América Latina”, celebra.
Una razón necesaria para traer una vez más el debate del aborto en la mayoría de los países de la región que siguen criminalizándolo. Por ello, García califica de “un impulso y de un motor” la medida adoptada.
En la misma línea, Milagros Olivera, integrante de la colectiva Serena Morena, festeja este suceso, pero puntualiza las diferencias que existen entre los países de la región, las que nos sitúa con nuestra realidad. “Somos sociedades constituidas de manera bastantes diferentes. La sociedad argentina tiene un proceso histórico, político y social con amplias diferencias al proceso peruano”, comenta.
Olivera enfatiza, principalmente, en el aprendizaje que deja el feminismo argentino sobre el tema, el cual inició en el año 2003 y unió a diversas coaliciones de ONG a favor de los derechos humanos. Sobre todo, el hecho de que el movimiento de ese país entendió que para lograr esa lucha era necesario que lo colectivo primara sobre lo individual.
“Lo que ha hecho la marea verde es impactar en lo social para trasladarse a lo político y esa ha sido una estrategia muy interesante. No es un feminismo que aísle, que se mantenga al margen de las luchas sociales. Es un feminismo vivo, presente. (...) El poder de cada una juntas es transformador”, acota.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) había señalado que en América Latina solo uno de cada cuatro abortos son seguros. Además, diversos organismos internacionales habían indicado que, al ser una práctica criminalizada, las cifras de realidad en los países de la región son solo estimaciones.
En Argentina, el Gobierno calcula que anualmente se practican entre 371.965 y 522.000 abortos clandestinos, pero esta data —actualmente vigente— figura de una investigación de Edith Pantelides y Silvia Mario del año 2004 y 2005. El caso de la realidad peruana es similar, ya que la información obtenida es de un estudio elaborado por la antropóloga Delicia Ferrando en 2006, que estima que al año ocurren 371.420 abortos de mujeres y disidencias.
Hasta antes de la aprobación de la IVE en Argentina, ese país solo permitía el aborto en casos de violación y riesgo de vida para las mujeres. Una legislación que regía desde 1921. En Perú, la normativa no se ha modificado desde una fecha similar, en 1924, en la cual se aprobó el aborto terapéutico.
Para Milagros Olivera, los retos sobre el tema aún son grandes en el país y están vinculados a entendernos como sociedad y vincularse en espacios no tradicionales para poder seguir la discusión. “Al transcender esa comodidad se puede lograr la masificación del discurso y se puede lograr la representatividad de las mujeres”, recalca.
Además, una de las condiciones para que se dé el reconocimiento de los derechos de las mujeres es evaluar los espacios de poder y toma de decisiones. Tanto Olivera como García concuerdan en que el Congreso es el espacio clave para aprobar este tipo de medidas.
Sin embargo, como comenta Michelle García, los grupos antiderechos han ganado terreno en espacios políticos importantes. Por ejemplo, la agrupación fundamentalista ‘Con mis hijos no te metas’ y la llamada Marcha por la vida han tenido figuras políticas aliadas como excongresistas y exministros, entre los que figuran Luis Galarreta, César Villanueva, Yeni Vilcatoma, Rosa Bartra, Mario Mantilla, Milagros Takayama, Karina Beteta, Pedro Olaechea y Julio Rosas.
De igual manera, basta analizar los discursos que se dieron en el Parlamento durante el debate de la campaña Déjala Decidir en 2014, donde los argumentos en contra de la despenalización estuvieron basados en lo religioso.
Tras aquel pedido en el Congreso, que buscó agregar la legalización del aborto solo en casos de violación sexual, se presentó en 2016 un nuevo proyecto de ley para despenalizar esta práctica bajo la misma causal. No obstante, hasta la fecha, ninguna bancada ha solicitado retomarlo.
Imaginar un país que deje de criminalizar el aborto y un Congreso que entienda la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos es aún lejano. Los primeros pasos para que la marea verde se aproxime también a Perú es tener en cuenta aquellas condiciones con las que se empezaron en Argentina: no dejar las calles y continuar con el debate desde diversos espacios, así como analizar quiénes son los líderes políticos que manifiestan su postura a favor de la defensa de los derechos de las mujeres.
En medio de una campaña electoral, es necesario mencionar que solo algunas agrupaciones han expresado su postura sobre el tema. Renovación Popular evidenció su posición antiderechos, mientras que Verónika Mendoza, lideresa de Juntos por el Perú, saludó la aprobación en Argentina como un motivo de inspiración.
Por su parte, el líder del Partido Morado comunicó su apoyó a la legalización del aborto bajo la causal de violación sexual. Pero continuar con la restricción de los derechos de las mujeres solo trae consigo la criminalización, que provoca que, aún en 2020, algunas mujeres peruanas sigan abortando con palitos de tejer y perchas, como da cuenta la Línea de Aborto Información Segura. Una realidad que no ha parado con el estado de emergencia.
“Sí, hoy es Argentina; mañana, América latina. Pero en algunos países ese mañana es pasado mañana y en otros el próximo mes”, precisa Olivera.
La legalización del aborto sin ninguna causal es ya una realidad en Argentina, pero este proceso costó más de 10 años y fue tras un intenso debate público y político. Aún hay un largo proceso para recorrer, pero nos queda una experiencia por aprender de las compañeras argentinas.