
Una empresa puede tener aprobado el inicio de su liquidación y contar con un liquidador designado, pero no avanzar con el proceso porque el presidente de la junta de acreedores no firma el acta o retiene el libro físico. Esta situación puede impedir que se inscriban las facultades del liquidador en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), retrasar la venta de los activos y reducir el dinero disponible para pagar las deudas.
Para resolver ese problema, Richard Almerco Soto, abogado magíster y especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial, plantea en la cuarta entrega de Radar Concursal modificar los artículos 54.4 y 55 de la Ley N.° 27809, Ley General del Sistema Concursal.
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La propuesta sustituiría el libro físico por un Libro Digital de Actas de Junta de Acreedores, vinculado al expediente y custodiado por el Indecopi. Las actas se suscribirían con firma digital y contarían con un sello de tiempo y un registro de accesos.
El problema tiene consecuencias económicas para los acreedores. Mientras el liquidador no pueda acreditar e inscribir sus facultades, la toma de control de la empresa puede quedar pendiente. Durante ese periodo, los bienes pueden deteriorarse o perder valor comercial, lo que reduce los recursos que se obtendrían con su venta para atender las obligaciones con trabajadores, proveedores, bancos y el Estado.
La propuesta de Almerco busca que los acuerdos de las juntas queden registrados y disponibles en una plataforma institucional. Esto permitiría reducir las demoras documentales sin cambiar las reglas que determinan cómo votan los acreedores ni las mayorías necesarias para aprobar una decisión.
Otro cambio apunta a los casos en que el presidente de la junta de acreedores no cumple con suscribir el acta. Para las sesiones en las que no participe un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales, se establece un plazo de diez días hábiles para formalizar el documento.
Si vence ese periodo, un acreedor reconocido o el administrador o liquidador designado podrá requerir al presidente que firme el acta en un plazo adicional de tres días hábiles. Si tampoco cumple, quien presentó el requerimiento podrá elaborar y suscribir digitalmente el documento, adjuntando la grabación de la sesión u otras pruebas de los acuerdos.
La facultad estaría sujeta a la revisión del Indecopi. La Comisión deberá comprobar que se respetaron la agenda, el quórum y las mayorías exigidas antes de incorporar el acta al registro digital. Los acreedores también podrán presentar observaciones y mantener su derecho a impugnar los acuerdos.
La iniciativa también busca agilizar la inscripción de los poderes de administradores y liquidadores. Para ello, el Indecopi podría expedir copias certificadas electrónicas de las actas, con un código de verificación que permita acreditar su autenticidad ante Sunarp.
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Almerco plantea, además, que ambas instituciones conecten sus sistemas para facilitar la presentación electrónica de estos documentos y evitar trámites físicos.
El cambio también alcanzaría a los procedimientos concursales en curso. Los libros existentes podrían digitalizarse y, si alguno fue retenido o extraviado, las nuevas actas se incorporarían directamente al registro digital. De esta manera, la recuperación del libro físico dejaría de ser un obstáculo para formalizar los acuerdos y continuar con la liquidación de las empresas.