¿Y si el Perú lo están construyendo solo los maestros de obra informales? Casi 1,6 millones de casas nacieron al margen del sistema

En los últimos 17 años, el Perú ha sumado más de 2,5 millones de viviendas nuevas en ciudades de más de 20.000 habitantes. Sin embargo, 1,6 millones de estas —el 63%— fueron construidas de forma informal, es decir, sin título de propiedad o sin conexión a los tres servicios básicos: agua, desagüe y electricidad. 

“Es una cifra alarmante que refleja lo que muchos ya viven en carne propia”, advierte Alonso Macedo Ferreyra, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), en conversación con La República. 

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Y es que de acuerdo con el estudio más reciente del IPE, basado en datos del INEI y cálculos propios, desde 2007 el crecimiento urbano ha estado dominado por la informalidad. Solo el 37% de las viviendas construidas en ese periodo fueron formales.

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Para Macedo, el origen de este fenómeno radica en la forma en que las familias acceden al suelo urbano: invasiones o lotizaciones ilegales promovidas por traficantes de tierras, quienes comercializan terrenos sin habilitación urbana ni servicios básicos, y sin seguridad jurídica. 

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“Las familias, sin otras alternativas, compran como pueden y construyen como pueden”, resume.

Una vivienda vulnerable en todos los frentes

La mayoría de las viviendas informales son producto de la autoconstrucción: levantadas por los propios hogares, sin arquitectos ni ingenieros, y muchas veces con supervisión informal de maestros de obra sin formación técnica.

 “En promedio, este proceso puede tardar 16 años y termina siendo más caro, más riesgoso y menos seguro”, señala Macedo.

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Las cifras lo confirman. En 2024:

• 47% de las viviendas informales tenían techos vulnerables (materiales no adecuados).
• 30% presentaban paredes vulnerables.
• 12% tenían pisos inseguros.
• Solo 13,8% recibió asistencia técnica profesional, y apenas 16,2% contaban con licencia de construcción.

Durante ese largo proceso, las familias viven sin agua potable ni alcantarillado, expuestas a enfermedades por el almacenamiento inadecuado del agua. Además, muchas de estas viviendas están ubicadas en quebradas, laderas o zonas de alto riesgo. 

“Ante un sismo o lluvias intensas, lo pierdes todo”, sentencia el economista.

Inversión en saneamiento con resultados limitados

Pese a la magnitud del problema, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Entre 2015 y 2024, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano ejecutó inversiones por más de S/15.000 millones (en soles constantes de 2024). Sin embargo, la brecha de acceso a agua y desagüe en ciudades prácticamente no se ha reducido: pasó de 14% en 2015 a ese mismo nivel en 2024.

“La cobertura ha mejorado marginalmente, pero no al ritmo de la expansión urbana informal. Cada nueva vivienda informal sin conexión agranda la brecha”, explica Macedo. 

Actualmente, alrededor del 17% de los hogares urbanos no accede a servicios básicos pese a vivir en zonas urbanas.

El déficit de vivienda formal sigue creciendo

A esto se suma una brecha crítica en la producción de vivienda formal. Según el IPE, con base en el Censo 2017, el país arrastraba un déficit habitacional de 500.000 hogares urbanos sin vivienda. 

Entre 2007 y 2024, la producción formal de viviendas fue de apenas 51.527 unidades por año, mientras que la demanda anual asciende a 144.363 viviendas.

Esto ha generado una demanda insatisfecha de más de 92.000 viviendas cada año. Peor aún, para cerrar la brecha actual en un plazo razonable, el país debería construir 143.000 viviendas formales por año durante 10 años consecutivos, una meta muy lejana al ritmo actual de producción.

“El sistema de oferta formal está completamente desfasado respecto a la realidad urbana del país”, remarca Macedo. “La mayoría de peruanos que necesita una vivienda no encuentra una solución accesible ni formal”.

Ahora bien, uno de los principales obstáculos es la exclusión financiera. Siete de cada diez trabajadores no pueden acreditar ingresos formales, dejándolos automáticamente fuera del sistema bancario y sin acceso a crédito hipotecario, que es la llave para la vivienda formal.

Se trata de trabajadores informales, empleados en microempresas con baja productividad, bajos salarios y sin beneficios laborales. 

“Cuando van al banco, no califican ni siquiera para mejorar su vivienda o invertir en su negocio”, lamenta.

Por todo lo expuesto, Macedo afirma que revertir esta situación va más allá de programas de titulación o vivienda social. Se necesitan reformas estructurales que reduzcan la informalidad laboral, promuevan la inclusión financiera, y fortalezcan seriamente la planificación urbana. 

“No se trata solo de construir casas, sino de construir ciudades seguras, legales y habitables”, concluye.