El crimen como negocio rentable en un Estado fallido: las alertas del fiscal Jorge Chávez Cotrina

Todos se echan la culpa. Nadie asume errores. Y mientras tanto, el crimen organizado avanza con sus propias reglas. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, durante su intervención en el seminario 'Economías Ilegales', organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue contundente al declarar:

"Todos nos pasamos el tiempo echándonos la culpa. La presidente de la República y el gobierno le echan la culpa a la Fiscalía, la Fiscalía le echa la culpa al Congreso, el Congreso le echa la culpa a la Policía, pero nadie admite sus errores y por último el que tiene la culpa", enumeró. "Y los medios de comunicación que sacan noticias de tantas muertes. (...) Nunca hemos vivido con tanta violencia (...) y hemos vivido el terrorismo en la época de los años 80".

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Su diagnóstico, tan crudo como directo, apuntó a una verdad incómoda: la seguridad ciudadana en el Perú ha colapsado, y el Estado no tiene ni estrategia ni presupuesto para responder.

Chávez Cotrina, excoordinador de la Fiscalía especializada contra la criminalidad organizada, fue categórico: “Hemos tocado fondo”.

Comparó la actual situación con la violencia vivida durante el terrorismo en los años ochenta, aunque con un nuevo protagonista: la criminalidad organizada que hoy opera con impunidad frente a un sistema de justicia precarizado.

Presupuestos de papel y planes sin plata

“La única política de Estado que han sostenido los gobiernos ha sido aumentar penas e inventar delitos”, denunció el fiscal. Un ejemplo: la creación del tipo penal de sicariato, pese a que ya existía regulación penal sobre homicidio por lucro. El resultado: los asesinatos por encargo continúan, cada vez más protagonizados por menores de edad.

A esto se suma la paradoja de los planes nacionales. “Tenemos planes contra la trata, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Todos al 2030, 2032. Uno los lee y cree que vivimos en el país de las maravillas”, ironizó. Pero en la última página siempre hay una frase: la ejecución del plan no eroga gastos al tesoro público. Es decir, pura retórica sin presupuesto.

En el caso del Ministerio Público, el presupuesto real apenas cubre el 25% de lo que necesita. El Poder Judicial opera con el 30%. Y la Policía, simplemente, está abandonada. “No es posible enfrentar al crimen organizado con un sistema de justicia quebrado”, sostuvo.

La inteligencia se moviliza en un tico

La escena parece absurda, pero es real: oficiales de inteligencia tienen que seguir a narcotraficantes a bordo de autos de baja gama, en zonas donde solo circulan BMWs o Audis. “¿Creen que un Kia puede pasar desapercibido en La Planicie? Lo sacan en dos minutos”, señaló. Sin logística ni recursos, es imposible desarticular organizaciones criminales.

El caso de Patás, en La Libertad, es otro ejemplo. Hace un año fue declarada en estado de emergencia. Pero hace apenas dos meses, trece personas fueron asesinadas. ¿Dónde estuvo la inteligencia? ¿Qué pasó con la prevención?

“No nos pagan viáticos hace dos meses”, le confesó un agente destacado en esa zona. “Vivimos de la limosna de la población”, le dijeron. Dormían en el suelo de las comisarías. “¿Así se espera que trabajen bien, cuando tienen a sus hijos abandonados en Lima y ganan mil soles?”, cuestionó el fiscal.

El crimen legisla mejor

Para Chávez Cotrina, el Congreso y el Ejecutivo compiten para ver quién legisla “mejor”, pero no a favor de los ciudadanos, sino de los criminales. “Si uno lee las normas, parecen hechas para facilitarle el camino al crimen”, dijo. A falta de una estrategia integral, cada poder del Estado actúa por su cuenta. Resultado: normas contradictorias que generan más caos que orden.

Y no es solo falta de dinero. Es falta de visión. “No han entendido que una verdadera política contra la criminalidad debe tener cuatro ejes: prevención, protección, interdicción y reeducación”, explicó. En el Perú, solo se aplica uno: la sanción. Y una mesa con una sola pata, se cae.

Sin morgues ni cámaras, ¿qué justicia?

De los 33 distritos fiscales del país, muchos no cuentan con morgues. En zonas como Huamachuco, ante un asesinato, se debe esperar al médico legista que llega desde Trujillo. A veces, hasta 48 horas después. “La familia no puede enterrar a su muerto porque el muerto, literalmente, no ha llegado”, denunció.

En el caso de violencia sexual infantil, la revictimización es casi automática. Las cámaras Gesell —cabinas especiales para recoger el testimonio de menores víctimas— son escasas o inexistentes. “A veces las improvisan en una habitación con una luna cualquiera”, relató el fiscal.

Penales sin resocialización y medios sin compromiso

El sistema penitenciario tampoco resiste. “Maranguita es su pregrado, Lurigancho su maestría y Challapalca su doctorado”, dijo con sarcasmo. “No hay rehabilitación. No hay reeducación. Hay hacinamiento y crimen desde dentro”.

Ni siquiera los medios —añadió— asumen su rol preventivo. “¿Han visto algún spot contra la trata en medio de programas populares como Esto es Guerra o Combate?”, preguntó. La respuesta fue un silencio incómodo. “No les interesa”.

Mientras el Estado improvisa y se contradice, el crimen organizado planifica, invierte y coopta. Chávez Cotrina cerró su presentación con una advertencia clara: “Si no fortalecemos el sistema de justicia con presupuesto real, profesionales capacitados y estrategia común, lo que estamos haciendo es poner en bandeja de plata a los ciudadanos para que sean presa del crimen”.