Repsol en La Haya: corte evalúa si empresa puede ser juzgada en Europa por derrame de petróleo en Perú

El miércoles 9 de abril, el Tribunal de Distrito de La Haya realizó su primera audiencia para determinar la jurisdicción en el caso contra Repsol de Países Bajos (Repsol NL), filial neerlandesa de la petrolera multinacional española, respecto al derrame de petróleo producido en el mar de Ventanilla en 2022.

El caso presentado en nombre de unas 50.000 víctimas busca responsabilidades en el que se ha calificado como el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se espera que el tribunal emita su decisión sobre la jurisdicción en un plazo de seis semanas.

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La SEFR (Stichting Environmental and Fundamental Rights), fundación holandesa que representa a las víctimas, alegó que Repsol NL ejercía un control directo sobre las operaciones de la refinería La Pampilla (Ventanilla), donde se produjo el derrame. Por ello, afirmaron que la empresa conocía o debería haber conocido los fallos que causaron el desastre.

Durante la audiencia, los representantes del SEFR declararon que los daños continúan, las víctimas siguen sin recibir una compensación adecuada y las condiciones de vida en las comunidades afectadas son extremadamente difíciles.

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Se calcula que entre 10.000 y 12.000 barriles de petróleo se vertieron en el océano Pacífico durante la descarga de crudo de la nave petrolera Mare Doricum en la refinería La Pampilla de Repsol ubicada en Ventanilla. El derrame contaminó 106 km de costa, afectó a 21 playas y mató a miles de aves, peces y mamíferos marinos.

SEFR recordó que en un principio, Repsol atribuyó el derrame a un "oleaje anómalo" provocado por la erupción del volcán Hunga Tonga de Tonga, pero más tarde atribuyó la responsabilidad a la nave petrolera. "El gobierno peruano declaró la emergencia medioambiental e impuso multas, que Repsol impugnó", señalaron.

El camino judicial de Repsol: próximos pasos

Si el tribunal confirma su jurisdicción, se espera una segunda audiencia a inicios del 2026 sobre la responsabilidad de Repsol, seguida de una sentencia sobre esa cuestión en el mismo año. Se prevé que la audiencia y la decisión sobre la indemnización tengan lugar en 2027.

Tom Goodhead, CEO y socio director Global de Pogust Goodhead, firma legal que colabra con la demanda, comentó que la audiencia llevada a cabo marca un hito importante para las comunidades afectadas y confían en que el tribunal afirmará el derecho de las víctimas a reclamar justicia contra Repsol en los Países Bajos.

"Los daños medioambientales y sociales en Perú continúan y, en muchas zonas, empeoran. La mayoría de las víctimas aún no han recibido una indemnización justa o adecuada y, en los casos excepcionales en que se han efectuado pagos, a menudo se han hecho bajo presión y solo cubren una fracción de lo que realmente se debe. Las promesas de reparación se han incumplido en gran medida, dejando que las comunidades carguen con las consecuencias del derrame a largo plazo ", indicó.

La demanda presentada en enero de 2024 busca US$1.000 millones de indemnización por daños y perjuicios. La estrategia legal se centra en la filial de Repsol registrada en Holanda, amparándose en las leyes de la Unión Europea que responsabilizan a las empresas matrices de las acciones de sus filiales.

Aunque Repsol ha destinado US$270 millones a labores de limpieza e indemnización y afirma que la mayoría de las víctimas han recibido compensación, los abogados del SEFR argumentaron que los daños medioambientales y sociales en Perú continúan y van en aumento, y que la mayoría de las víctimas no reciben una compensación justa o adecuada.

La contaminación devastó las industrias pesqueras y turísticas locales, dejando a miles de personas sin ingresos. Entre las víctimas que reúnen los requisitos para acogerse al reclamo figuran los pescadores artesanales que perdieron ingresos, los empleados de establecimientos obligados a cerrar y los usuarios recreativos de las playas afectados por la catástrofe.

Mientras que aproximadamente 34.000 personas se adhirieron a la demanda durante la fase inicial en 2023, otras 15.000 víctimas que sufrían daños continuados se adhirieron durante una segunda fase en 2024.

La audiencia representa un paso importante para las comunidades afectadas que buscan justicia en los tribunales neerlandeses por los daños causados por empresas multinacionales.