
En 2024, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una resolución que establece los criterios para que los colegios privados ofrezcan becas integrales a estudiantes que cumplan con requisitos específicos.
Esta medida busca garantizar la equidad y transparencia en el ámbito educativo. El Indecopi, cuya misión es regular el cumplimiento de normativas en diversos sectores, también vela por los derechos de los consumidores y aplica sanciones a quienes incumplen la legislación vigente.
Desde el inicio del año escolar 2025, la Ley 23585 exige a los colegios privados otorgar becas integrales a los estudiantes que hayan perdido a sus padres o tutores encargados de su sustento. Esta disposición tiene como objetivo asegurar que los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan continuar su educación.
La normativa establece que los estudiantes podrán acceder a una beca integral en casos como el fallecimiento, discapacidad permanente o internamiento por orden judicial de su madre, padre o tutor. Este beneficio cubre todos los costos educativos, como matrícula, pensiones, exámenes y certificados. Para obtener la beca, se debe acreditar la pérdida del sustento económico y demostrar que no se cuentan con los recursos para continuar con los estudios.
Según la normativa actual, la beca integral puede ser suspendida si el estudiante presenta bajo rendimiento académico o problemas de conducta. La pérdida definitiva del beneficio se da cuando el alumno es expulsado de la institución educativa.
En caso de que se violen estos o cualquier otro derecho en el ámbito de la educación privada, Indecopi ofrece diferentes canales de atención, como el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual (https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/) y los números telefónicos 224-7777 en Lima y 0800-4-4040 en provincias.
El Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) es una entidad autónoma pública del Perú cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de las normas de competencia y propiedad intelectual en el país, además de promover y proteger los derechos de los consumidores.
Su misión incluye prevenir prácticas anticompetitivas, resolver conflictos entre consumidores y empresas, y proteger las marcas, patentes y derechos de autor, contribuyendo así al desarrollo económico y la seguridad jurídica en el mercado peruano.
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