“Hay cerca de 300 trabajadores que no recibirán ni un sol”, afirmó José Carlos Curay, secretario del sindicato de extrabajadores de Caja Sullana

—¿Los trabajadores estaban al tanto del proceso?

—No, si bien dos días antes teníamos información extraoficial, nos enteramos el día de la intervención, el 11 de julio.

—¿Qué les dijeron que estaba sucediendo?

—Nosotros tenemos grabaciones en donde uno de los que hacen la intervención en Tumbes habla de un cambio de camiseta, asegurando que pasaremos a otra empresa, pero que en ese momento no estaban autorizados de decir su nombre. Hicieron toda una figura. Sin embargo, Caja Piura ya tenía un contrato para comprar a Caja Sullana. Ya el domingo 14 sale una resolución en El Peruano en donde se declara oficialmente la disolución de la Caja Sullana, más no se habla de una absorción, como habían dicho.

—¿Nunca se planteó entonces que sea una absorción?

—En el fideicomiso que se firma con Cofide se habla de un fortalecimiento patrimonial para adquirir S/202 millones. Ahí se especificaba que si se perdía más del 50% del capital, Cofide podía intervenir la institución de forma unilateral, mediante una absorción y ahí se absorben tanto activos como pasivos y los trabajadores somos parte de los pasivos de la empresa. Lo que sucede es que exactamente un mes antes, el 11 de junio, publican una resolución en donde se cambia la cláusula de absorción por una de venta de bloque patrimonial; es decir, sacan a los trabajadores. Si hubiera sido realmente una absorción, la Caja Piura o la entidad que la comprara también debió absorbernos, pero eso no sucedió.

—¿Cuántos son los trabajadores afectados?

—Somos como 1.884, pero no solamente somos los trabajadores, somos familias. Estamos hablando de cerca de 2.000 familias. Hay gente que tenía 35 años laborando, gente enferma, yo tengo dos compañeros con cáncer. Imagínate, gente de 50 años, 55 años. En mi caso, por ejemplo, 43 años y con esta recesión, ¿cómo vamos a encontrar trabajo? Es muchísimo más complicado. Ellos no vieron el tema social. Han ido contra la Ley del Trabajo que nos protege y también en contra del principio In dubio pro operario, un principio legal que establece que ante una duda de interpretación, se debe optar por aquella que sea más favorable al trabajador.

—¿Les han dado los beneficios correspondientes?

—No nos están reconociendo todos los años laborados, solo las vacaciones truncas, estos días que estamos trabajando, la quincena y fin de mes sí nos han cancelado y se supone que ahora deben darnos la otra quincena. La CTS también, pero como ya nadie tiene su CTS solo percibiríamos tres meses.

—¿De cuántas oficinas ya liquidadas estamos hablando?

—De las 72 oficinas a nivel nacional, van liquidando 28. Hay compañeros, como en mi caso, que todavía seguimos yendo a la oficina. Venimos a cumplir con el horario, pero no hacemos nada. Estamos sentados. Imagino que como pertenezco a la oficina principal por eso es que se está demorando en liquidar. Mientras tanto, tengo que seguir viniendo. Ellos creen que nos hacen un favor, pero nos están matando. Nadie piensa en nuestra salud mental, aquí casi nadie duerme. No sabemos cuándo nos van a llegar las cartas de despido que están dando.

—¿Los que recibieron estas cartas han tenido inconvenientes en recibir su liquidación?

—Recién ahora se están haciendo esos pagos, pero hay compañeros que están teniendo problemas porque, como tienen créditos en Scotiabank y Banbif, han firmado un convenio en el cual al dejar de pertenecer a la empresa aceptan que la liquidación vaya para el crédito. O sea, hay cerca de 300 trabajadores que no van a recibir ni un sol. Hemos presentado cartas a los bancos y a la SBS y también hay dos sentencias del TC, pero no tenemos respuesta.