El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene elaborando un Plan de saneamiento Tributario, según informó días atrás el titular de la cartera José Arista. La norma viene siendo elaborada en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso y sería aprobado en las próximas semanas.
Según información del despacho de Jirón Junín, dicho programa beneficiaría a un millón de contribuyentes convirtiéndose así en un importante apoyo para el sector empresarial que fue gravemente afectado por la pandemia del COVID-19 en los años 2020-2021.
Del mismo modo, el programa se aplicaría a todas las deudas tributarias existentes antes del 31 de diciembre de 2023, independientemente del estado en que se encuentren: coactivo, reclamaciones, apelaciones, en proceso con el Poder Judicial, etc.
Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) respaldó el reciente anuncio acerca del pago de las deudas tributarias de los contribuyentes que sufrieron los efectos económicos negativos de la pandemia del COVID.
Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, explicó que esta medida no solo coadyuvaría financieramente a los contribuyentes, sino que también podría reducir la carga procesal del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial, y permitirá al Fisco la recaudación de importantes montos.
El gremio empresarial recordó que en el gobierno anterior y el actual, la CCL atendió este tema presentando una propuesta similar, la cual fue incluso sustentada en un estudio realizado por Macroconsult, donde se planteaba la reducción de intereses y sanciones contra el pago de los tributos insolutos.
Finalmente, Leonardo López indicó que, en atención al principio de transparencia, se espera que el Poder Ejecutivo pre publique este proyecto de Decreto Legislativo, así como los otros que vienen siendo elaborados en el marco de la delegación de facultades, a fin de poder revisarlos y hacer los aportes correspondientes.
El Consejo de Ministros aprobó un Decreto Legislativo que modificación la Ley del Impuesto a la Renta a fin de establecer la obligación de realizar el pago a cuenta que deben efectuar las personas naturales domiciliadas, cuando no son retenidas y perciban rentas por la enajenación indirecta de acciones.
El MEF explicó que de esta manera, se reducirá el riesgo de incumplimiento que se genera por el diferimiento del pago del impuesto; se mantendrá la neutralidad para que los contribuyentes puedan decidir si optan por utilizar mecanismos centralizados de negociación; y, el fisco obtendrá recursos en el transcurso del ejercicio, a medida que el contribuyente domiciliado vaya percibiendo las ganancias, y no al momento de la regularización anual.