Fujimori: ¿qué riesgos económicos podría generar el desacato a la Corte IDH?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha lanzado un pronunciamiento, advirtiendo que el Perú ha incurrido en un desacato y ha violado el pacto con la Convención Americana al incumplir el fallo del Tribunal Constitucional del Perú y excarcelar a Alberto Fujimori el último 5 de diciembre. 

La resolución del ente supranacional es de conocimiento público y podría tener un impacto en la economía peruana, que ya atraviesa una situación de recesión. 

PUEDES VER: Después de tres décadas se hará justicia con fonavistas

¿Cómo afecta la economía del país el conflicto con la Corte IDH?

De acuerdo con el economista Armando Mendoza, no existen mecanismos de sanción directos en materia económica, pero que el país tenga una controversia con la Corte IDH lo coloca en una posición que refleja una pérdida y desmantelación de la institucionalidad. Esto, principalmente, podría afectar la relación con los organismos e instancias internacionales, como la expectativa de que el Perú sea parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Los países más desarrollados económicamente y socialmente cada vez exigen más requisitos que no solamente tienen que ver con lo económico, sino también con el respeto a los acuerdos legales, a derechos humanos, ambientales, el trabajo digno, protección ambiental, entre otros”, advirtió en diálogo con La República. 

PUEDES VER: OIT: Trabajadores en situación de pobreza pueden aumentar

En ese sentido, indicó que, si bien los Tratados de Libre Comercio (TLC) no se verían afectados directamente, se puede empezar a generar, a nivel internacional, una sensación de desconfianza y precariedad sobre Gobierno de Dina Boluarte, así como a futuro afectar las relaciones con entes internacionales.  

Cabe señalar que Fujimori, que cumplía condena de 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, también debe más de S/57 millones al Estado peruano por concepto de reparaciones civiles por tres procesos judiciales.