Produce y Congreso le dan la espalda al mar peruano

Tan solo dos meses después de que el presidente Pedro Castillo anunciara su interés por crear un Ministerio de la Pesquería, a efectos de proteger los intereses de los hombres de mar y el recurso que ancestralmente el mar les provee, su ministro de la Producción, Jorge Prado, resolvió plegarse a una iniciativa conjunta con congresistas de diferentes bancadas para derogar la Ley 31622, que resguarda, precisamente, la fauna y flora marina de la depredación.

En tiempo récord, y tras una breve reunión, el jueves por la mañana el ministro y la Comisión de Producción empujaron la nueva ley derogadora 3666/2022-CR hacia el Pleno del viernes, aunque no llegó a votarse. Ello provocó que al término de la sesión algunos pescadores increpen a la congresista Susel Paredes, quien se opuso a que “la ley se derogue al caballazo”.

Se espera ahora que sea vista en la siguiente sesión para malestar no solo del Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo, sino de los propios pescadores artesanales, a quienes esta norma –inconsulta con ellos– debía resguardar.

Es el caso de César Díaz, presidente de la Asociación de Pescadores y Armadores Artesanales Miguel Grau Seminario, quien sindica intereses millonarios que mueven conciencias contra una ley que, en la práctica, solo perjudica a pescadores que operan con redes ilegales, con placa falsa, o que se dedican a explotar anchoveta, aleta de tiburón y hasta caballito de mar.

“Nosotros, los que estamos en regla, no tenemos miedo a la ley. Los señores que lideran el boom de la harina tienen una economía muy fuerte aquí, en Samanco, y si algún congresista está apoyando esta derogatoria es porque de hecho ya le cayó su sobre”, expresa el dirigente.

Minam en contra

Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente, ve con preocupación este intento de derogatoria y explica que la Ley 31622 tiene la mirada puesta sobre organizaciones transnacionales que se dedican a la extracción y tráfico internacional de fauna y flora silvestre.

Esta ley, como norma diseñada bajo un proceso participativo con el Ministerio Público, debía sumarse al paquete contra la tala y minería ilegal para darle operatividad a la persecución de este tipo de crímenes organizados, algo en lo que Perú estaba siendo pionero en la región. Encuentra, por ello, desconocimiento entre los impulsores de la derogatoria.

Guzmán menciona que, estando vigente la ley de crimen organizado contra la minería y tala, solo se vieron seis casos en los últimos cinco años en el Perú. No más, porque son complejos.

“Si los pescadores artesanales están pensando que con esta ley se abrirán cientos de procesos, están equivocados, porque es un imposible y no está dirigido a ellos, sino a estructuras organizacionales que operan como empresas fachada para exportar toneladas de nuestros recursos”, sostiene Guzmán.

Los reales alcances de la Ley 31622 en el limbo

El conato para derogar la Ley 31622 llegó a través de la congresista fujimorista Cruz María Zeta Chunga, de Fuerza Popular. Juan Carlos Sueiro, director de Pesquería de Oceana, explica que no todas las actividades ilegales en el mar se cometen por la modalidad de crimen organizado. Para ello, hay varios requisitos que la propia ley del crimen organizado establece.

La Defensoría del Pueblo rechazó el proyecto llevado a Pleno y exigió a Produce informar a los pescadores artesanales sobre los reales alcances de la Ley 31622, “frente a la grave desinformación que viene promoviéndose”.

Declaraciones

Julio Guzmán, procurador del Minam

“Es una muy mala noticia que, a 9 días de su promulgación, existan proyectos que intenten derogar la ley bajo la lógica de que va a perjudicar a los pescadores artesanales. No hay nada más incierto”.