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Economía

Petroperú rechaza lobis de Acción Popular para reprivatizar lotes peruanos

Debate. La petrolera advirtió que desde el Congreso se cocina ley que entrega lotes eternamente y pagando menos regalías.

Refinería de Talara. En dos meses Petroperú pondrá en marcha el megaproyecto. Foto: Andina
Refinería de Talara. En dos meses Petroperú pondrá en marcha el megaproyecto. Foto: Andina

Pese a que Petroperú expresó a tiempo su disconformidad con el PL 804/2021-CR, que busca modificar artículos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y ampliar vínculos contractuales sin concurso previo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso lo mantiene bajo la mesa.

En la carta, fechada el pasado 20 de enero, la petrolera apunta a la segunda disposición complementaria final, que se suponía abordaba la participación de la estatal en los contratos renegociados. En el texto original se hablaba de 25% de participación en el accionariado. Sin embargo, el dictamen propone ahora que, dentro de los “cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del nuevo contrato”, el contratista deberá proponer a la empresa su incorporación como socio partícipe, según los porcentajes de participación que acuerden.

Petroperú sostiene que, con ello, su participación quedaría librada a la negociación con las empresas, además de ser solo en calidad de “socio partícipe”. Es decir, mientras la iniciativa da seguridad a los contratistas privados, su participación “queda incierta y en condición subordinada”.

“A las contratistas les convendrá tener a Petroperú como minoritario porque el pago de regalías que hacen, en promedio del 25%, bajaría al 5%, de acuerdo con el DS 017-2003-EM. En este extremo, el dictamen es igualmente nocivo para los intereses del país”, denunció.

Una con otra

A criterio del presidente de la comisión y propulsor del proyecto Carlos Alva de Acción Popular (AP), la tendencia global es que los contratistas “requieran más plazos de explotación para recuperar las inversiones de riesgo”, efectuadas durante la fase de exploración. Petroperú asegura que esta premisa esconde un profundo “tinte lobista”. En la práctica, señala, se fragua un “régimen de casi perpetuidad”, una suerte de “expropiación a la inversa a favor de los privados”.

“Es conocido que, a nivel internacional, los grandes contratistas presionan para generar la sensación de que la ‘tendencia’ es a darles mayores privilegios. Los gobiernos que caen en el juego pierden”, espeta.

En cambio, Petroperú sostuvo que, aquellos gobiernos que hacen respetar la soberanía del Estado, “mejoran los ingresos para sus países”, así como el acceso de la población a los “recursos a precios asequibles”. En este sentido, advirtió que asociar garantías de renovación con incentivos para invertir y el rendimiento petrolero del mercado “tiene características de coacción privada”.

“Si las contratistas quieren que se les renueve los contratos, deberían esmerarse en mostrar resultados de inversión y beneficios para el país, y no esperar que las leyes les sigan dando privilegios especiales”, precisó.

Es importante precisar que esta opinión de Petroperú remitida a la comisión de Energía y Minas fue anterior a la elaboración de un segundo predictamen, el mismo que deja de considerar a la empresa estatal en la extensión de contratos petroleros. De esta manera, si en un inicio se propuso que Petroperú tenga hasta 25%, según el último predictamen pasaría a no tener ninguna participación.

Petroperú con las alas rotas por lobi de AP

Tras un largo proceso de modernización, Petroperú se alista para reinaugurar la Refinería de Talara en abril próximo.

El proyecto de Acción Popular impediría que la refinería, circundada por seis lotes próximos a ser revertidos al Estado, pueda acceder a ellos.

El investigador Jorge Manco señala que la mejor opción para Petroperú serían los lotes X, de CNPC, y VII/VI, de Sapet.

El dato

Texto. El PL 804/2021 busca extender de 30 a 40 años los contratos de explotación. En Talara, existen lotes cuya concesión vence en 2023.

Legado. La iniciativa busca, de forma retroactiva, permitir que los contratos de explotación se renueven de 20 en 20 años hasta que, simplemente, se agote el petróleo o gas.

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