Son las 4:40 de la mañana cuando Saúl Lara sale de su casa en Tláhuac, en la periferia de Ciudad de México, para ir a la universidad. Es el inicio de una larga jornada que ejemplifica la crisis de vivienda que enfrenta la capital mexicana.
Lara, estudiante de ciencias políticas de 20 años, tarda más de dos horas en llegar a la facultad, en un agotador recorrido que debe cubrir en mototaxi y en un metro abarrotado.
"En una que otra ocasión he llegado tarde por el transporte", dice. Además de estudiar, Saúl trabaja también 30 horas semanales en una farmacia, por un salario mensual de 7.600 pesos (cerca de 380 dólares).
Cansado de esos trayectos, intentó mudarse cerca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde está matriculado, pero los alquileres resultan impagables. "El salario entero se va en la renta", dice.
Saúl está lejos de ser un caso aislado en Ciudad de México y su zona metropolitana, en donde viven 20 millones de personas.
La nueva alcaldesa de la capital, Clara Brugada, ha prometido atender la crisis inmobiliaria. Proveniente del mismo partido que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, la funcionaria dice que habrá "viviendas de alquiler para jóvenes con opción a compra".
Pero el reto es mayúsculo. "En la Ciudad de México faltan 800.000 viviendas", dice Leopoldo Hirschhorn, presidente de La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
Además, los precios de las casas en el Valle de México aumentaron 6,6% en la primera mitad del año, según cifras oficiales.
Son razones por las que la ciudad expulsa a unas 100.000 personas cada año que "no pueden pagar la vivienda", estima Federico Taboada, jefe del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la ciudad.
El alquiler medio de un departamento en los céntricos barrios de moda de Roma y Condesa ronda los 1.100 dólares al mes, según el sitio propiedades.com. Es una cifra cuatro veces más alta que el salario medio en la capital, de casi 300 dólares al mes.
En las últimas décadas, el Estado ha considerado la vivienda "solamente como un bien económico", lo que ha provocado un "excesivo incremento de las rentas", explica la abogada especializada Daniela Sánchez.
"La pandemia, la gentrificación" y el turismo también influyeron en este aumento desmedido de los alquileres, añade la abogaga, también "coordinadora de la Clínica Jurídica del Derecho a la Vivienda".
En las últimas semanas, Ciudad de México ha limitado el aumento de los alquileres al nivel de la inflación y puso un tope de 182 días para alquilar alojamientos en Airbnb. Pero no es suficiente.
"Tiene que haber un mercado subsidiado para la población menos favorecida", dice Marcela Heredia, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la capital.
Para Leopoldo Hischhorn, el problema también proviene de la expansión descontrolada de la ciudad, quince veces más grande que París.
"El 40% de la Ciudad de México está construida en uno o dos pisos". Se requieren "edificios un poco más altos", dice.
El gobierno local quiere inspirarse en ciudades como París o Nueva York y construir viviendas para poblaciones "que el mercado nunca va a atender", explica Taboada.
Este año, comenzó la construcción de las primeras 270 viviendas sociales para estudiantes en dos distritos céntricos de la capital, que suelen ser inaccesibles para las personas de bajos ingresos.
"Los estudiantes van a destinar hasta 30% de sus ingresos para la vivienda, pero habrá otros casos en los que esté totalmente subsidiada", explica Taboada.
Los planes del gobierno son "un rayo de esperanza", para Ale Razo, de 28 años, quien también batalla con el precio de los alquileres.
Ale, una persona no binaria, gana unos 400 dólares al mes y aún vive con sus padres, con quienes comparte el alquiler. "Un pinche cuartito (en el centro) ya te lo quieren dejar como en 10.000 (500 dólares), como si fuera el ático de Harry Potter", dice.
Pero Ale también ha buscado otras soluciones: es parte de la cooperativa Xochiquetzalli, un grupo de la comunidad LGBTIQ+ que se organizó para construir viviendas para sus miembros a través de sus propios recursos, donaciones y ayuda gubernamental.
"Es una nueva visión del derecho a la vivienda, porque es precisamente un derecho, no una mercancía", explica Ale.
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