El Gobierno español quiere que sea más fácil pedir una rectificación a los influencers
El Gobierno español presentó este martes un innovador proyecto de ley para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a rectificar publicaciones en Internet, especialmente las de "influencers" con más de 100.000 suscriptores.
"Hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación", explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros semanal.
Este texto sobre el "derecho a la rectificación" reemplazará al de 1984 para "adaptar a la realidad del siglo XXI" y "a un entorno digital como es el actual" este derecho, añadió Bolaños.
El proyecto de texto, que tiene que ser aprobado por el Parlamento, establece que todos los medios de comunicación, creadores de contenidos e influencers con más de 100.000 suscriptores en una red social o más de 200.000 suscriptores en todas sus redes online deberán disponer de "un mecanismo fácil y accesible para facilitar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país", explicó Bolaños.
El plazo para solicitar una rectificación a un medio de comunicación también se ha ampliado, de siete a diez días. Ya no será necesario ponerse en contacto con el director de la publicación.
En un comunicado de prensa, la asociación de consumidores Facua expresó su satisfacción con la propuesta del Gobierno, estimando "necesario que los afectados por informaciones inexactas o falsas tengan una cobertura legal que no solo les permita emprender medidas en defensa de su derecho al honor, sino también para requerir la publicación de su contraversión".
Desde hace meses, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha hecho de la lucha contra la desinformación una prioridad, y en septiembre presentó un plan de "renovación democrática", condenando a quienes difunden "desinformación y difamación".
Este plan del gobierno se anunció a raíz de la apertura de una investigación a su esposa Begoña Gómez por corrupción y tráfico de influencias, tras la denuncia de un grupo de personas próximas a la extrema derecha, que admitieron haberse basado en informaciones de prensa no contrastadas.
Se prevé su aplicación gradual hasta el final de la legislatura, dentro de tres años, e incluye una treintena de medidas, entre ellas la creación de un registro público en el que figuren los periódicos, sus propietarios y sus ingresos por publicidad, y el refuerzo del derecho a la intimidad y a la rectificación de informaciones erróneas.
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