Metro de Lima: empresa de Aenza, (ex Graña y Montero), reclama S/ 106 millones al Estado
La compañía afirma que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe subsanar daños en pasarelas de la Línea 1 del Tren Eléctrico. Acuerdo de Colaboración Eficaz de Aenza no le permite interponer arbitrajes como el solicitado al MTC.
La compañía Tren Urbano de Lima S.A., de propiedad de la firma Aenza (ex Graña y Montero), notificó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que presentó una solicitud de arbitraje por el presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y por no asumir su responsabilidad por los defectos en los bienes de concesión.
Aenza, que posee el 75% de las acciones de Tren Urbano, señala que la cifra en controversia por “daños y perjuicios” alcanza los S/106.947.253, que comprende el monto que invirtió en la rehabilitación de pasarelas de peatones y vehículos en mal estado.
La República solicitó a Aenza una versión sobre los fundamentos del arbitraje, pero no respondió.
En 2009, durante el segundo mandato de Alan García, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), otorgó la concesión de la Línea del Metro de Lima al consorcio integrado por la constructora brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero (ahora Aenza), para la habilitación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. El contrato fue suscrito con el MTC el 11 de abril de 2011.
Como parte del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, Odebrecht y Graña y Montero (hoy Aenza) admitieron haber pagado coimas para obtener la concesión.
Graña y Montero cambió de denominación comercial a Aenza, reconoció responsabilidad penal en 16 proyectos de obras públicas, entre ellas la Línea 1 del Metro de Lima, y aceptó abonar una reparación civil de S/480.000.000, según el acuerdo de colaboración eficaz aprobado por el Poder Judicial el 22 de agosto de 2023.
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De acuerdo con Tren Urbano de Lima, el Estado entregó a la empresa pasarelas peatonales y vehiculares con fallas y deficiencias, y no obstante que comunicó reiteradas veces sobre este problema, “el Estado se negó a asumir su responsabilidad”.
Luego de varias reuniones entre Tren Urbano de Lima y el MTC, las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que la empresa de propiedad de Aenza solicitó un arbitraje.
Fuentes relacionadas con el caso recordaron que conforme al acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y Aenza, la empresa se compromete a no iniciar procesos, arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, sea en el territorio nacional o en el extranjero, relacionados con las obras públicas, como el tren eléctrico de Lima.
Tren Urbano de Lima ha presentado la solicitud de arbitraje a la Cámara de Comercio de Lima, pese a que el contrato con el MTC señala que en caso de controversias que superan los US$10.000.000, estas serán resueltas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Para sortear la jurisdicción del CIADI, funcionarios de menor jerarquía del MTC mediante un trato directo con representantes de Tren Urbano acordaron que los arbitrajes se resuelvan en la Cámara de Comercio de Lima, lo que contraviene la Ley de Concesiones que prescribe que cualquier modificación del contrato solo aplica mediante una adenda.
Las fuentes con conocimiento de los hechos explicaron que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha pronunciado respecto a situaciones similares, precisando que los tratos directos no modifican los contratos de concesión.
Además, cualquier cambio en el contrato de concesión, debe contar con la opinión previa del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y de la Contraloría General de la República.
En la solicitud de arbitraje, Tren Urbano de Lima señala que desde el 10 de octubre de 2011, cuando la empresa y el Estado suscribieron el Acta de Entrega Final de los Bienes del Concedente, la compañía “advirtió de la existencia de fallas en las pasarelas (peatonales y vehiculares), y que “el Estado asumió la responsabilidad por los problemas, fallas y defectos detectados”.
La compañía adjuntó copias de las reiteradas notificaciones a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), Ositrán y MTC, informando las fallas mencionadas, las que no fueron resueltas porque el Estado desconoció responsabilidad.
“Hasta el día de hoy el Estado no asume su responsabilidad derivada del contrato, generando que Tren Urbano de Lima asuma costos, gastos y otros conceptos que escapan a las obligaciones del concesionario en el marco del Contrato de Concesión”, señala la compañía.
Como se ha indicado, Tren Urbano de Lima exige S/106.947.253 por esta controversia.
Se entregó infraestructura dañada
Mediante un comunicado, Línea 1 del Metro de Lima, señaló que el MTC en 2011 hizo entrega de 16 pasarelas defectuosas, ubicadas desde la estación Atocongo hasta la estación Villa El Salvador.
La empresa hizo las refacciones necesarias de las pasarelas, y ahora estas son seguras y confiables, por lo que ahora ha iniciado “un procedimiento de solución de controversias con el MTC con la finalidad de arribar a un acuerdo”.
