Grandes amigos, por Rosa María Palacios

“¿Este es un Gobierno débil?”, preguntó Mavila Huertas en RPP al ministro de Economía. “Definitivamente”, respondió José Arista. Un alarde de sinceridad que le valió la respuesta, ese mismo día, de una presidenta casi muda desde su confesión sobre los agradecidos beneficios del uso de relojes Rolex y pulsera de oro proporcionada por su “wayqui” Oscorima. Furiosa, le dijo al país que no era un Gobierno débil porque tenía “grandes amigos” en el Congreso.

Ser amigo en el Perú puede significar muchas cosas. Un conocido, un compañero de clase, un recuerdo infantil o un cómplice es un “amigo”. No todas estas circunstancias denotan ni la intimidad de una amistad ni son necesariamente positivas. Cualquier interrogatorio fiscal básico incluye, sobre cualquier testigo, imputado o colaborador, la pregunta ¿tiene usted una relación de amistad o enemistad con fulano de tal? La razón de la pregunta no solo busca ilustrar al juez sobre la animosidad o el sesgo de cada parte en el proceso. En el Perú reconocer una amistad tiene propiedades traslativas, por lo que, arbitrariamente, el amigo del corrupto también lo es. Las organizaciones criminales se arman, según la Fiscalía, con “grandes amigos”, lo cual deberá tener en cuenta la defensa de Dina Boluarte. La relación de los amigos no ha sido develada por ella aún, pero será interesante saber, con un proceso electoral inminente qué tan “grandes” se sienten los invocados cuando postulen tentando un asiento en ese Senado que se han mandado a hacer para reelegirse. ¿La negarán tres veces en Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, APP, Acción Popular, Podemos, Somos Perú o Perú Libre?

Pero revisando la debilidad y fortaleza de Boluarte se puede concluir que, paradoja de paradojas, el mismo hecho político es las dos cosas a la vez. La presidenta es fuerte porque, si ella renuncia, el Congreso se va con ella. La presidenta es débil porque su permanencia depende exclusivamente de la voluntad de 87 congresistas. Ninguno de una bancada propia. Los grandes amigos, todas las bancadas a excepción de Cambio Democrático y un archipiélago de no agrupados, sostienen a Boluarte, por ahora, sin más condiciones que la rendición total ante todos los proyectos de ley populistas que van en contra de cualquier programa económico sensato, los que sean de utilidad a alguna organización criminal o los que favorezcan la economía de los mismos congresistas.

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Pero son los grandes amigos que sostienen al Tribunal Inconstitucional los que mejores servicios están prestando. Esta semana, un regalito más. La presidenta puede despachar remotamente, aunque el verbo “encargar” esté escrito en piedra en la Constitución. ¿No tiene vicepresidente a quien encargar el despacho? Pues no viaja. ¿El Congreso quiere que viaje? Pues que reúna 87 votos en dos legislaturas y modifique la Constitución. Pero no. Como en anteriores ocasiones, el TC permite la aberración jurídica de modificar la Constitución por ley. Cada vez que lo hace, se degrada el texto constitucional hasta que llegará un momento en que la demanda de Asamblea Constituyente (con el inmenso peligro de perder el capítulo económico) se convierta en la única forma de rescatar un equilibrio de poderes que hace muchos meses ha desaparecido.

El TC, como la Defensoría, no es servil a Boluarte. Son esclavos del Congreso. Están ahí para convertirlo en un superpoder. En resumen, hoy, basta tener 87 votos (y ninguna causa) para vacar a un presidente. A esta, o al que venga, desapareciendo la estabilidad de la institución presidencial, la nota característica de los regímenes presidenciales en el mundo. De otro lado, esta misma semana, el TC reafirma que el Congreso está habilitado para violar derechos constitucionales en cualquier juicio político porque “político” debe entenderse como cualquier cosa que le dé la gana al Congreso. No estoy exagerando. Hoy, con los votos necesarios, el Congreso puede volarse a toda la Corte Suprema, a toda la Junta de Fiscales Supremos, a todos los ministros, a los congresistas “que no son amigos”, a los miembros del TC (cuidado, Monteagudo, con esos heroicos votos disidentes), al contralor y al defensor del pueblo, así como lo ha hecho ya con los miembros de la JNJ sin expresión de causa real ni tipificación previa alguna.

 El TC ha abolido el principio de legalidad que nos legaron los romanos y que todo estudiante de primer año de derecho conoce: no hay pena sin ley. Los altos funcionarios del Estado pueden ser inhabilitados hasta por 10 años sin que exista ninguna causa en su conducta prevista en la ley. No es broma. Esta arbitrariedad total (ya vista en el caso de Aldo Vásquez e Inés Tello, o antes con Zoraida Ávalos) se va a extender incluso a funcionarios que no tienen derecho a juicio político, pero son removidos por “falta grave” por el Congreso. Como “falta grave” ya no es lo que dice la ley, volarse al directorio del BCR pasa cualquier día y ustedes recién se enteran.

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Lo peor es que la moto de las denuncias constitucionales funciona para premiar o castigar a gusto del cliente. Para algo son los grandes amigos. La corrupción manifiesta en la compraventa de votos parlamentarios para inhabilitar a Zoraida Ávalos, elegir al defensor del pueblo y perseguir con insania a la JNJ está escrita en los mensajes de WhatsApp que un congresista (cuyo nombre no se conoce aún) ha entregado a la Fiscalía para probar las presiones y las ofertas realizadas que pasan por el archivo de una investigación fiscal de Patricia Benavides contra 40 congresistas. ¿Cuánto y qué se habrá canjeado por archivarles los procesos a Merino, Alarcón o Becerril?

Personas bien intencionadas llaman al diálogo, la escucha del otro, la consolidación de frentes de centro, el despertar ciudadano, la necesidad de romper la burbuja, de dejar atrás enfrentamientos para salvar la estabilidad económica y un futuro que se nos escapa por las fronteras con ya más de un millón de peruanos huyendo. ¿Es posible cuando lo que se tiene al frente son estos niveles de corrupción? ¿Se puede conciliar algo con el delito? ¿Esa es la propuesta para salir del hoyo? ¿Transar con la omnipotencia? Yo no entiendo una forma de ser ciudadano que no sea del lado de los valores fundamentales de una república: justicia, verdad, bien común, limitación del poder y libertades fundamentales. Cuando esos valores se han perdido, ¿para qué quiero a esos grandes amigos? Para lo único posible es para grandes tropelías.

Un Gobierno débil, ciudadanos débiles, instituciones débiles y un Congreso todopoderoso es el resumen de un asalto a la separación de poderes que va a cumplir tres años sin que tenga curso de retorno. No es la hora de conciliar con el crimen. Es la hora de enfrentarlo.