En la mira. Congresistas señalaron que función pública de la Policía no puede estar supeditada a una empresa privada. Pedirán revisión a Sociedad Nacional de Minería. Parlamentaria Ana María Choquehuanca consideró que el gobierno de Ollanta Humala actuó erróneamente al avalar los convenios.,Los convenios interinstitucionales suscritos entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú fueron criticados por los congresistas de la República. PUEDES VER: Gobierno revisará convenio entre policías y mineras tras muerte en Las Bambas Cuestionaron porque, al amparo de estos documentos, se prevé el uso de la fuerza en situaciones excepcionales. La parlamentaria Ana María Choquehuanca consideró que el gobierno de Ollanta Humala actuó erróneamente al avalarlos. Y es que los convenios, como el de las mineras MMG Las Bambas y Hudbay que operan en Cusco, fueron suscritos entre 2010 y 2014. Por ello, manifestó que como bancada parlamentaria han entablado coordinaciones con la Sociedad Nacional de Minería, entidad que agrupa a las empresas extractivas, para la revisión de dichos tratados. "Nos negamos a seguir con los convenios como están... esta no es y no va a ser la política del Ministerio del Interior". El congresista por el Frente Amplio (FA), Horacio Zevallos, también se mostró en desacuerdo en que efectivos policiales que ganan un sueldo del Estado, brinden protección a las mineras. Recordó que la función principal de la Policía es dar seguridad a la población. "Su trabajo es el de una autoridad pública y no puede estar supeditado a los intereses de una empresa privada", manifestó. La semana pasada, el legislador de FA, Oracio Pacori Mamani, presentó un proyecto de ley para prohibir la suscripción de convenios de seguridad entre la Policía y el sector privado. La propuesta incluye la anulación de todos los convenios vigentes que mantenga el Ministerio del Interior, independientemente de los marcos legales que les hayan dado origen. Así como MMG Las Bambas y Hudbay, la empresa minera Xstrata Tintaya S. A., también firmó un convenio con la Policía. Bajo ese documento, se comprometió asignar 22 efectivos para el campamento minero, para el traslado de insumos químicos. Tintaya, que opera en Cusco, pagaba por este resguardo 110 soles diarios a los oficiales y 100 soles a los suboficiales. En este tratado también se contempla el uso de la fuerza en casos excepcionales.
