La fiscal Luz Ibáñez Carranza, que denunció a 35 exmarinos por la ejecución extrajudicial de 133 reos en la isla chalaca durante el primer gobierno aprista, asegura que el expresidente tendrá que dar explicaciones en el juicio oral.,El exmandatario Alan García Pérez será uno de los primeros convocados como testigo por el Poder Judicial en el juicio oral que se seguirá a 35 exmarinos acusados del asesinato de 133 reos en el penal El Frontón, entre el 18 y 19 de junio de 1986. PUEDES VER: Especial interactivo por el juicio final de la matanza de El Frontón La titular de la Segunda Fiscalía Penal Nacional, Luz Ibáñez Carranza, confirmó a La República que el presidente García deberá comparecer ante el tribunal para que ofrezca su versión de los hechos. “Él (García) ya está citado como testigo en mi acusación. Tendrá que explicar los hechos. Es cierto que hay una cadena de mando (involucrada). En el dictamen fiscal hemos dicho que falta considerar quiénes estuvieron por encima de los militares ese día, controlando lo que pasó en el penal. Son mandos políticos”, dijo la fiscal Ibáñez. “Por ahora acusamos a los autores materiales, pero nos hemos reservado el derecho de ampliar las denuncias contra todos aquellos que puedan ser señalados durante el juicio oral”, agregó la fiscal. Hoy se realizará la audiencia de control de acusación, fase previa al juicio oral, en la Sala Penal Nacional. Los seis exoficiales y 29 exsuboficiales de la Marina acusados de homicidio calificado no están obligados a asistir. Solo participarán sus abogados. Confesión de acusado El exmarino Carlos Eduardo Castillo Vega, uno de los 29 exsuboficiales imputados por la Fiscalía de asesinato por ferocidad contra reos rendidos en El Frontón, reconoció que se cometieron ejecuciones extrajudiciales. En diálogo con La República aseguró que reos rendidos fueron asesinados en las letrinas del Pabellón Azul del penal, mientras que a otro grupo se le disparó por la espalda cuando ya estaba desarmado. “Yo fui parte de uno de los pelotones. La orden (de matar a los reos rendidos) fue extrajudicial”, dijo el testigo. Puedes visitar nuestro especial multimedia “¡Disparen, disparen!, escuché al teniente (Luis Enrique) Román. Yo le escuché gritando. Daba la orden: Disparen, disparen, disparen. No se respetó la bandera blanca que los reos sacaban”, agregó. Castillo Vega también confesó los hechos ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el Congreso de la República y el Ministerio Público en el 2003, y ahora solicita ser considerado testigo clave. En el indagatorio al que fue sometido en el Ministerio Público, mencionó al capitán de Fragata, Héctor Lazo Galliani, como el encargado de uno de los pelotones enviados para controlar el motín. Además, aseguró que otro grupo de infantes que tenía la orden expresa para ejecutar a los reos rendidos estaba a cargo del capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona. La Fiscalía, sin embargo, no lo consideró testigo clave y pide una condena de 25 años de cárcel para él. “Él dice que fue un testigo protegido, pero ya su identidad fue revelada a nivel nacional e internacional. Mi despacho ha tomado las medidas pertinentes, pero por ahora no puedo adelantar detalles”, dijo Ibáñez la última vez que aceptó hablar sobre la situación de Castillo Vega con La República. Audiencia frustrada La audiencia de control de acusación debió realizarse el pasado 26 de agosto, pero fue frustrada por el mismo Poder Judicial, según denunció la defensa de los reos asesinados y la fiscal Ibáñez Carranza. “Nosotros fuimos notificados dos meses antes sobre la fecha del control de acusación, pero el día de la audiencia no se aparecieron los vocales. Solo acudió el presidente del tribunal, el doctor Cerna Bazán”, lamentó Ibáñez. Efectivamente, el titular del colegiado B de la Sala Penal Nacional, Marco Fernando Cerna Bazán, informó ese día que los jueces Miluska Cano López y Marco Antonio Pimentel Calle estaban impedidos de intervenir en el caso, pues habían formado parte del proceso en primera instancia. Cerna Bazán resolvió que reemplazaran a Cano López y Pimentel Calle por otros vocales, pero estos no se presentaron a la audiencia porque tenían otras diligencias programadas. Ante ello, la Segunda Fiscalía Penal Nacional envió un oficio a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, y al juez Cerna Bazán, para solicitarle que tomen medidas con la finalidad de no retrasar el inicio del juicio oral. “Este es un caso emblemático que viene de una sentencia de la Corte Interamericana. No era posible que no se hayan tomado las providencias del caso para reemplazar a los vocales que no estaban habilitados”, dijo Ibáñez Carranza. “Les pedí de inmediato, en uso de mis atribuciones, que iniciaran los trámites para designar a los nuevos vocales que van a conocer este juicio. Y así se ha hecho”, agregó.