Entrevista. Humberto Flores Cornejo. Director de la Autoridad Portuaria Regional (APR) en representación de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL).,Hace unos días, el premier Fernando Zavala anunció que en los próximos cinco años se concesionarán diversos puertos del país, entre ellos Salaverry. ¿Es conveniente la concesión de Salaverry? La concesión de Salaverry es una necesidad impostergable porque en realidad hay demasiada carga, no tanto para exportar sino para traer (desembarcar). El 70 por ciento de la carga que mueve Salaverry es de importación. ¿Y por qué no una Asociación Público Privada (APP)? Es casi lo mismo (que la concesión). Necesitamos un puerto que responda a las expectativas de los liberteños y no del Gobierno Central y del postor. Hasta donde sabemos, el postor interesado en Salaverry quiere un puerto para minerales y a los liberteños no nos conviene solo eso, sino un puerto multipropósitos. Nosotros tenemos una contrapropuesta: necesitamos un puerto que mueva contenedores (de productos agroindustriales) y buque de pasajeros. Sin embargo, hasta el momento se desconocen detalles de la iniciativa privada que está en Proinversión y en la Autoridad Portuaria Nacional (APN) sobre la concesión de Salaverry. Sí pues. Llama la atención que desde hace tres años el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se niegue a entregar o a dar conocer los detalles de los términos de inversión para Salaverry. Pero lo que sabemos -de manera extraoficial- es que el inversionista solamente va a alargar los muelles existentes y eso es algo que no nos conviene, pues nos van a quitar espacio para el movimiento de la carga actual. Nosotros tenemos dos muelles con dos puntos atraque en cada muelle, lo cual permite recibir cuatro barcos. Se habla de una concesión por treinta años. También preocupa la existencia de un divisionismo en Salaverry. Existe un sindicato y un Frente de Defensa que al parecer tienen posiciones aisladas sobre el futuro del puerto. No se les ve unidos en este tema. En el fondo ambas partes quieren que el puerto siga operando, pues viven de eso. Ahora, ellos tienen derecho a que se les reconozca sus beneficios sociales. Ahí no hay ningún problema. El gobierno no debería desatenderse de sus compromisos sociales. Pero hay otra cuestión y es que sea cual sea el destino del puerto, el operador va a necesitar a los mejores talentos que tiene el puerto. Gente capacitada e identificada con el puerto. ¿El calificarnos como un puerto mineralero sería casi un estigma? Así es, y tendríamos que cargarlo por los próximos 30 años, tiempo que dura la concesión. No estamos contra esta actividad, pero su futuro es bastante incierto por la disminución de las inversiones, la paralización de importantes proyectos, y la baja en los precios de los metales.
