El gobierno cruzó el Rubicón al firmar la adenda de la APP de Chinchero, causando un enorme perjuicio económico y financiero al Estado, a la vez que grandes ganancias al consorcio Kuntur Wasi. No solo eso. La deslegitimación de las APP, ya afectadas por la corrupción de Odebrecht y otras empresas, vuelve al primer plano porque este gobierno actuó de forma parecida –sino igual– a los anteriores. PUEDES VER: Lo traumático de la corrupción. Veamos lo que pasa cuando un postor hace una apuesta agresiva (se “tira al piso” y ofrece hacer el proyecto por un precio bajísimo) y después usa estratagemas –vía adendas– para obtener ganancias abultadas no previstas. Primer acto. El año pasado, aún durante Humala, Kuntur Wasi (KW) presenta una propuesta sobre el repago de la inversión de US$ 265 millones en la construcción del aeropuerto. La propuesta eleva el repago hasta US$ 800 millones. Segundo acto. En enero del 2016 el MTC le dice a KW que la forma de cálculo de los intereses se rige por el contrato y, también, por documentación de público conocimiento de los postores, como el Acuerdo # 1671-491 de enero del 2014 de Ositran (antes de la licitación), colgado en la página web de Proinversión y publicado en El Peruano el 7 de enero del 2014. Tercer Acto. KW responde que “desconocen el contenido de documentación pública generada en el desarrollo del proceso licitatorio” y que “tienen una lectura distinta del Contrato sobre la determinación del pago (…) por lo cual alcanzan una propuesta de adenda” (Carta 195-2016 de Kuntur Wasi del 2 de diciembre). Aaaaasuuuuu. Cuarto Acto. Durante todo el 2016, hasta antes del CADE 2016, tanto el gobierno de Humala como el actual rechazan la propuesta de KW. Sorpresivamente, en diciembre el gobierno comienza a hablar sobre el “ahorro” de US$ 590 millones en intereses si es que el gobierno, ya no KW, ponía los US$ 265 millones para la construcción del aeropuerto. Quinto Acto. En enero el gobierno propone una Adenda para poner los US$ 265 millones. Ya “no va” la adenda de KW (qué “suerte” la de algunos). Por tanto, Chinchero se convierte en obra pública pues KW ya no adelanta los US$265 millones. El 20 de enero el Comité Directivo de Ositran aprueba, por dos a uno, la adenda del gobierno. El voto en contra es de su Presidenta, Patricia Benavente, que renuncia al cargo, así como cuatro gerentes de línea del regulador. Y el 3 de febrero se publica la Resolución Ministerial del MTC que autoriza la adenda. Varias cosas. Una, hasta noviembre nunca se aceptó la adenda de KW. Por tanto, el ahorro de US$ 590 millones es humo puro. Dos, que si el gobierno se mantenía firme y no había “cierre financiero” (KW no acreditaba los US$ 265 millones en la forma establecida en el contrato), el contrato caducaría. Tres, que KW, con fuertes dificultades financieras, llevaba las de perder en un litigio que llegara al arbitraje pues la posición del gobierno (MTC, Ositran y también Proinversión) era sólida. Pero eso no sucedió. Y ahora tenemos una adenda que desnaturaliza el contenido de lo que es una APP y demuestra que se pueden hacer los cambios que el privado quiere cuando se tienen amigos y amigas en el gobierno, o sea “lobbies”, porque ahí está la madre del cordero. Justamente, hay un tema que solo se entiende porque hay “lobbies”. Si KW ya no pone la plata, ¿por qué prosigue con la operación y mantenimiento (OyM) de Chinchero durante 35 años? ¿Tan difícil era hacer un agregado para cambiar esta sinrazón? Recordemos que el contrato garantiza a KW un ingreso anual mínimo de US$ 35 millones. Ese monto no incluye los ingresos no regulados por hoteles, duty free, estacionamiento, alquiler de tiendas y restaurantes. En el Jorge Chávez éstos fueron US$ 73 millones en el 2015 (1). Y en Chinchero, ¿cuánto serán? ¡Qué bonito, y gratuito, negocio! Chinchero debió ir, pero no así. Veremos qué pasa en los próximos meses. Urge, por tanto, una amplia revisión de la legislación sobre las APP –como hemos visto tiene enormes vacíos y permite adendas a gusto del cliente–. Solo después de esta revisión –que incluye el DL 1276 hoy en el Congreso– se deberían licitar los proyectos de APP por US$ 4,077 millones que el gobierno planea para el 2017 (2) y que hay que mirar con microscopio. No debiera otorgarse una APP más sin la seguridad de que nuestros impuestos van a estar bien gastados. No es que antes de este cruce del Rubicón estuviéramos frente a un gobierno de otra naturaleza. Pero lo que esta adenda demuestra es que no ha sido capaz de avanzar en la privatización de la inversión pública (lo que no avalamos) de manera honesta y transparente (¿puede existir tal cosa?), a tal punto que muchos liberales ya lo tildan de “mercantilista” para abajo. Más allá: están en cuestión y en crisis 25 años de neoliberalismo. El crecimiento económico producto del superciclo de altos precios de las materias primas no se aprovechó para la diversificación productiva (ni la petroquímica ni los fertilizantes en Bayóvar que hoy se exportan como roca). Pero la crisis viene, sobre todo, porque la soberbia de la tecnocracia (que desdeña la política desde su “cumbre de sabiduría”) no impulsó la institucionalidad (el “libre mercado” proveerá) y se perdió la transparencia. Y en ese campo creció la corrupción existente que estamos sufriendo ahora. No iban a durar mucho las promesas de PPK en la campaña electoral. Pero era difícil prever cuánto demoraría en incumplirlas. Ahora ya lo sabemos. (1) Ver https://goo.gl/Usu208 (2) Ver https://goo.gl/VNJZon
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024