(@jfowks) En pocos días terminará la duda sobre los resultados de la segunda vuelta electoral, y urge revisar en qué condiciones queda el país tras comicios con reglas de juego aplicadas a discreción por los organismos electorales, electores quejosos de una campaña con ataques, y los partidos sin sanción pese a sus prácticas opacas en el financiamiento, como ha reclamado la misión de observación electoral de la Unión Europea. Las demandas de los electores –seguridad ciudadana, reducir la cantidad de trabajadores informales (es el 65%), reactivar la economía, asegurar mayor inversión en salud y educación, lucha contra la corrupción– requieren de un Congreso con acuerdos y una agenda que no solo se presente al inicio de cada legislatura. En el último quinquenio, el Legislativo evitó aprobar la reforma política, que exigiría a los partidos una vida política en serio, y corre el riesgo de no elegir al nuevo Defensor del Pueblo ni al Contralor. Por eso, los tres partidos con mayor representación, FP, PPK y el FA, tendrían que anunciar rápidamente sus prioridades en el Congreso. La danza de promesas de la campaña electoral terminó, no hay claridad acerca de cuáles cumplirán, y ahora vuelve la dura política del día a día, incluso con un grupo de parlamentarios investigados por lavado. La dura política del día a día ha sido de comisiones que no han tramitado acusaciones constitucionales, no han sancionado por faltas éticas, y han dejado en perfil bajo investigaciones como Lava Jato, aprovechando los escándalos redituables en rating. Con un Perú dividido y una mayoría fujimorista, el Parlamento tendrá que buscar una dinámica distinta si no quiere a los colectivos ciudadanos saliendo a las calles y rechazando a los políticos por no sentirse representados, una vez más. El Parlamento tendrá que buscar una dinámica distinta.
