“El gas de Camisea que se viene explotando desde el 2004 ha cambiado la matriz energética del país. La explotación de Camisea al inicio solo se justificaba con la venta del gas al mercado externo, porque en el Perú no existía hábito de consumo ni infraestructura para el consumo interno”. Eso dice el “Manifiesto del Cusco” de Peruanos por el Kambio (PPK) (La República, 22/03/16). La afirmación es falsa y solo tiene como objetivo justificar los cambios a la legislación que permitieron la exportación del gas del Lote 56, además de demostrar su miedo a los cuestionamientos que se le han hecho tanto por Verónika Mendoza como por Alfredo Barnechea. En diciembre del 2000, con Paniagua, se firma el contrato entre Perupetro y el Consorcio Camisea (CC, integrado, entre otros, por Pluspetrol, Hunt Oil y Repsol). En agosto del 2004, el gas llega a Lima a través del gasoducto y también llegan a Paracas los condensados del gas natural (líquidos). O sea que todas las inversiones en el Lote 88 y en la construcción de los ductos se hicieron del 2001 a agosto del 2004. Todas para abastecer el mercado interno. La pregunta es, entonces, ¿cuándo se firmó el contrato con el Lote 56, destinado a la exportación? En junio del 2004 entre Perupetro y el mismo CC. ¿Cómo decir entonces que la explotación de Camisea “solo se justificaba con la venta de gas al mercado externo”? Muy fácil: mintiendo. La cosa fue exactamente al revés: la infraestructura para el mercado interno hizo posible la exportación del Lote 56. Tanto es así que, hasta hoy, el gas para la exportación sigue usando el gasoducto del Lote 88 en todo el tramo de selva. La frase mentirosa no está puesta por gusto, sin embargo. Sirve para tratar de ocultar los numerosos cambios que se hicieron a la legislación vigente entre el 2002 y el 2006, cuando PPK fue ministro de economía y finanzas (de julio de 2001 a julio del 2002 y de febrero 2004 a julio del 2005) y Presidente del Consejo de Ministros (de agosto del 2005 a julio del 2006). ¿Y para qué estos cambios? Pues, primero, para que la exportación pudiera llevarse a cabo, para lo cual había que echarle mano al Lote 56 (antes Lote 75) que fue devuelto por la Shell a Perupetro en abril del 2001, con una inversión de US$ 60 millones y reservas de gas de 2.4 TCF. Este Lote 56 fue otorgado a dedo al CC en junio del 2004. Fue denunciado por la Contraloría, pero el que puede … Subsistía un problema: los 2.4 TCF no eran suficientes para garantizar un contrato de exportación de largo plazo. Se necesitaban más reservas para obtener esa garantía. Y solo podían venir del Lote 88, pero aquí el problema era que este Lote estaba destinado exclusivamente al mercado interno. Pues bien, todo tiene “solución”. Se redujo drásticamente la obligación del Lote 88 de abastecer al mercado interno (dispuesto por la Ley 27133) por un “horizonte permanente de 20 años”. Eso lo lograron con la Ley 28552 de junio del 2005, que cambió el “horizonte permanente” por la frase laxa “garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural”. El siguiente paso fue autorizar a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 con el Consorcio Camisea para que “se adecúe” a la Ley 28552. Miren cómo fueron avanzando. El DS-050-2005-EM de diciembre autorizó esta renegociación (la empresa la “aceptó” gustosamente, claro está). En enero del 2006, con el DS-006-EM culminó la renegociación del 88. Ya podía “prestarle” al 56 las reservas y así firmar el contrato de exportación. Renegocian lo que quieren, ¿no? En febrero del 2006, la empresa encargada de licuefactar el gas y exportarlo, Perú LNG (forman parte Hunt Oil y Repsol) firmó los contratos de exportación del gas del Lote 56 y, también, de la garantía del Lote 88, con el Consorcio Camisea. Con prisa pero sin pausa, van avanzando. Pero, ¿por qué querría PPK todas esas modificaciones “sastre”? La respuesta la da la revista Forbes del 20 de octubre del 2003: “el gas boliviano va a tener que usar el puerto peruano porque aquí todas las instalaciones ya van a estar construidas, dijo el ex Ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, que ahora es asesor de la empresa de EEUU, Hunt Oil, que está liderando el programa peruano de exportación de gas” (1). Ah ya, ahora el círculo sí cierra. La “inevitabilidad” de la exportación del “Manifiesto” del 2016 está directamente relacionada con el “liderazgo del programa de exportación de gas”, ejercido por PPK, asesor de Hunt Oil en el 2003. ¿Alguien dijo “puertas giratorias”? Lo que la “inevitabilidad” quiere tapar son los audaces (en el peor sentido de la palabra) cambios legales del 2003 al 2005. El “Manifiesto” manipula la información para engañar a los lectores. Lo sucedido desde el 2007 –con la exportación tramposa del gas a México (2), primero por Repsol y después por Shell, engañando al Perú, pues se subvaluaron los precios de venta– tiene su origen en los cambios legales del 2003-2005. Y estos son hijos de la Ley de Hidrocarburos (26221) de 1993, bajo Fujimori, que otorga a los licenciatarios la propiedad de la molécula, previo pago de una regalía. El Frente Amplio en su programa de gobierno ha planteado “desfazer estos entuertos”. Vamos a la renegociación en serio, como propone Verónika Mendoza: el Estado debe recuperar la capacidad de decisión sobre el destino de sus recursos naturales, tanto dentro como fuera del país, para llevar a cabo un Plan de Masificación de gas domiciliario (que, ese sí, cuesta 12 soles), garantizar que se lleve a cabo el Gasoducto Sur Peruano, la petroquímica y sus miles de empleos y obtener los mejores precios en la exportación de gas. Ni en el fondo hay sitio para el “Manifiesto” bamba y su PPK manipulador. (1) Esta información fue primero dada a conocer por el Ing. Carlos Herrera Descalzi. (2) El triunfo de Perupetro en el CIADI, www.cristaldemira.com, 15/06/2015