Los tres temas sobre los que giran los pocos contenidos en la actual campaña electoral son transparencia pública, crecimiento económico y seguridad ciudadana. Los dos primeros no registran propuestas detalladas y reconocibles, por lo que es muy probable que en referencia a ellos elijamos un gobierno sin mayores compromisos. Sobre la seguridad se han vertido varias iniciativas y en este rubro se han esmerado los partidos y candidatos echando mano a la capacidad instalada que representa un grupo de especialistas con conocimientos y experiencia en la materia. Esta avocación ha llevado a que el Instituto de Defensa Legal (IDL) diseñe interesantes parámetros de evaluación, aprobando algunos planes de gobierno y desaprobando otros. A pesar de sus diferencias, estos planes tienen la racionalidad propia de los especialistas a cargo, y por esa razón hasta los que ofrecen una política de mano dura contra el crimen no llegan al extremo de proponer la pena de muerte para los delitos más graves (salvo un partido que lo propone para los casos de corrupción), una salida que sin embargo tiene el 65% de aprobación de acuerdo a la reciente encuesta de Ipsos. Es probable que estos especialistas cumplan con los candidatos el mismo papel alfabetizador y moderador que en materia económica cumplen los economistas. La crisis de la seguridad ha especializado a un grupo de profesionales, cuya principal función es convencer a los candidatos presidenciales de la centralidad de este problema. Allí reside el principal riesgo del debate de un asunto crucial que sin embargo carece de la suficiente significación para los hombres y mujeres que aspiran a gobernar el país. Este retraso en la apropiación de planes de seguridad puede costarle caro el Perú. En el reciente foro temático sobre seguridad, el cuarto de la serie de debates que organizan La República, Latina, PNUD, Idea Internacional, PUCP, Telefónica y el JNE, con la veeduría de Transparencia, se ha constado dos diferencias de fondo en las propuestas. Por un lado, la mayoría de partidos insisten en una perspectiva policialista frente a una minoría que propone integrar en el problema también los asuntos de justicia y educación. Otra brecha separa a los partidarios de las penas más severas y la intervención de las FFAA en la lucha contra el delito, que también son mayoría, de quienes proponen medidas que equilibren la prevención, la inteligencia y la interdicción. En este tema básico para la convivencia no será posible alcanzar un gran acuerdo de políticas y medidas, de modo que lo más probable es que el gobierno que se instale en julio de este año, sin un referente político transversal, se sienta presionado por la opinión pública mayoritariamente dispuesta a salidas rápidas y aparentemente firmes y se anime a descargar un shock de seguridad cuyas líneas efectistas están definidas, es decir, declaratoria de más estados de emergencia –a pesar del fracaso de esta medida en el Callao–, el patrullaje militar, reorganizaciones policiales por arriba y grandes anuncios para las comisarías. Ese será el shock de la derrota y el preludio de que volveremos a perder otros cinco años en experimentos fracasados en otros países y en recetas aprobadas para las tribunas. Aunque en esta oportunidad cinco años más serán muy perjudiciales si a ellos se agregan medidas que aumenten la violencia cotidiana, como ha experimentado México durante el gobierno de Felipe Calderón. Por si a alguno le interesa, este es el típico tema de Estado cuyo tratamiento es ahogado por la debilidad de partidos que deben “importar” técnicos en seguridad por su falta de cuadros, en un esquema donde los jefes se preocupan por mostrar que existe un plan elaborado, una propuesta que no obstante no sienten suya y que más allá del papel están dispuestos a hacer lo que les plazca si llegan al gobierno. En este punto más que en ninguno se requieren pactos nacionales pero dramáticamente lo viejo y lo nuevo se parecen tanto, ni lo quieren ni lo entienden. http://juandelapuente.blogspot.pe
